Más que una virtud, reciclar es un deber ciudadano. Reciclar material robado, sin embargo, es un crimen.
Pero como todo crimen que no se castiga, el reciclaje de material robado va en aumento.
De hecho, el robo de metales, sobre todo cobre, para venderse en el lucrativo mercado del reciclaje está alcanzando proporciones epidémicas. El impacto económico y de seguridad pública es devastador. Pero, hasta ahora, poco o nada se hace al respecto. Las excusas son solo eso: excusas
Créalo o no, hasta hace un par de años (no hay estadísticas más recientes) las exportaciones de cobre desde Puerto Rico al mundo iban en aumento todos los años. Y eso que no tenemos una sola mina. ¿De dónde cree usted que sale el cobre?
Aunque no todo el cobre que se vende en los centros de acopio es necesariamente robado, todo el mundo sabe que gran parte de él sí lo es. No habiendo reglamentación efectiva y mucho menos voluntad, todo el mundo se hace de la vista larga. A falta de supervisión o interdicción, los operadores de estos centros mantienen una política de “no pregunto y no choteo”. Las agencias gubernamentales que de una u otra forma tienen que ver con el reciclaje todas dicen que eso de investigar o denunciar instancias de material robado no es parte de sus labores. ¿Y la Policía? Bien gracias.
Cuánto del cobre que se recicla en Puerto Rico es robado nadie lo sabe. Pero usted lo único que tiene que hacer es transitar de noche por cualquier calle, avenida o autopista en Puerto Rico para saber que los cacos se están robando la cablería del alumbrado público como les da gusto y gana. ¿Qué importa? Ya vendrá Energía Eléctrica, o Carreteras, o el municipio…o a quien le toque…y reemplazará los cables.
Pero sea por la razón que sea—limitaciones presupuestarias, falta de personal, falta de ganas, o lo que sea—el caso es que en demasiadas instancias ni Energía Eléctrica, ni Carreteras, ni el municipio…nadie está ocupándose de reemplazar la cablería de cobre robada del alumbrado público. Resultado: tenemos cada día más luminarias apagadas en las vías de rodaje. Hay sectores enteros en pleno área metropolitana (como, por ejemplo, la carretera #1 desde la intersección con la carretera 177 hasta la intersección con la carretera 199) que están como boca de lobo. Aparte del costo millonario que representa tener que reemplazar el cobre robado, la falta de iluminación constituye un serio problema de seguridad pública.
Es fácil entender cómo la Policía—que hace una labor titánica en la lucha contra el crimen—pudiera pensar que tiene mejores cosas más importantes que hacer que tener que estar persiguiendo cacos que roban cobre. Aun así, en 2013 hubo 797 casos procesados por hurto de metales con fianzas por $46 mil mientras que este año las fianzas impuestas ya van por $58 mil. Pero, hay que hacer más. No hay de otra.
El problema no es falta de legislación. En el 2012 se firmó una ley que regula los centros de acopio que dispone, entre otras cosas, la forma en se debe detallar el inventario de materiales que se recibe e impone multas por hurto de metales. Pero todo indica que en la ley no se está haciendo cumplir efectivamente.
Es hora de que se haga.
Editorial, EL VOCERO
Crónica de una ‘ilegalidad aceptada’
Mientras más garras tiene la Ley de Metales para perseguir y castigar a los que compran cobre, aluminio y otros metales hurtados más proliferan los centros de acopio clandestinos.
Y es que la propia ley parecer obligar a que los ‘cazadores’ de metales se mueven de lugar en lugar, operando en residencias y áreas rurales, recibiendo el beneficio de que mientras más avancen en llenar los furgones – que en su mayoría van destinados a la República Dominicana – más rápido podrán llenar sus bosillos de dinero.
Una fuente allegada a las investigaciones de esta actividad delictiva, cuyas ganancias nada tienen que envidiarle a la de la droga, informó que el punto más débil de la misma se encuentra en la salida de los furgones que son inspeccionados por agentes de Homeland, encargados de la aduana.
Según la fuente, que solicitó mantenerse en el anonimato, para la agencia federal su esfuerzo es dar con drogas, armas o ilegales y no con el tráfico ilegal de metales.
“Los metales como el cobre y el bronce no son asunto al que le tienen que prestar atención. Esto ha provocado que a Puerto Rico lleguen a diario furgones de otras islas del Caribe con cobre hurtado, sin cumplir en el caso de la cablería con el requisito de que no puede estar pelado”, dijo el informante.
“Los que operan legalmente los centros de acopio en ocasiones tienen cables de cobre sin su cubierta, pero sus documentos demuestran que entraron legalmente al país de otras islas como Tórtola, con el aval de los agentes federales”, agregó.
Un centro de acopio legal se expone a una infinidad de violaciones graves a la ley. Los mismos tienen que llevar un registro de las personas que le venden los metales a los que hacen firmar un libro y procuran que presenten una identificación oficial. La ley prohíbe que se les pague en efectivo.
Todos los lunes antes de las 4:00 p.m los negocios legales tienen que llevar al cuartel más cercano copia de los registros de las personas a las que les compraron metales.
Mientras esto ocurre por el lago de la legalidad, en la sombra los negocios ilegales compran a tutiplén y en algunos casos se sospecha que cuentan con el apoyo de los establecidos bajo los parámetros de la ley. De esa forma en el fondo de los furgones se coloca la mercancía de dudosa procedencia o la que claramente es robada como cables de teléfonos y de energía eléctrica y baterías de gel usadas en los repetidores de las antenas de teléfonos celulares. Lo adquirido legalmente se coloca a lo último, para que pasen sin problema las inspecciones locales.
Sin embargo, una vez llegan a los muelles ya la Policía no tiene jurisdicción de lo que entra ni de lo que sale de Puerto Rico y no hay una ley federal que obligue a los aduaneros a cotejar la legalidad de los artículos declarados en el embarque.
“Muchos de estos centros clandestinos que operan mayormente en Río Piedras y Barrio Obrero, aceleran sus labores los sábados y domingos, comprándoles solo a personas de confianza. La operación se hace rápido”, señaló la fuente.
Esta expresó que el gobierno de Puerto Rico que ha buscado mejorar las relaciones de intercambio policíaco con la República Dominicana debería pedirle a las autoridades de ese país una mayor cooperación para evitar la entrada de metales hurtados a la vecina isla.
Según la fuente, los esfuerzos siguen dirigidos contra la droga, las armas y los ilegales, lo que permite que siga engordando el millonario negocio del hurto de metales.
“Ya los centros de acopio legales casi no le compran nada a los deambulantes, muchos de ellos usuarios que de la misma forma que conocen dónde opera el punto para comprar la droga saben la ubicación del punto para vender el cobre por el que le pagan una chavería”, explicó la fuente.
Otros metales como el acero son obtenidos de los vehículos hurtados, pero la Ley de Chatarra es distinta a la de los metales, habiendo más impunidad en ese renglón.
Por la libre los ‘cazadores’ de metales
Detener el hurto de metales, un crimen con efectos millonarios en la economía de Puerto Rico, está de forma casi exclusiva en manos de la Policía. Las entidades que regulan los centros donde se venden estos materiales tienen pocas o ningunas herramientas para detectar si se el material que se compra y vende es hurtado.
Edgardo Romero, director de reciclaje, desarrollo de mercado y educación de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) reconoció que la ley solo faculta a la Policía para hacer este tipo de pesquisas. Además, dijo, la agencia no tiene los recursos suficientes para detectar si los metales que se están comprando y vendiendo en estos centros de acopio son robados.
Según explicó, los poco más de 90 centros donde se compran y venden metales y otros materiales, están obligados por ley a llenar unos formularios. Sin embargo, estos formularios tienen información general de la procedencia del metal, si el mismo será reciclado y a qué país será vendido.
“Identificar si ese material es robado va a depender casi el 100 porciento de la Policía o de algún tipo de querella porque no hay manera de nosotros fiscalizar todos esos centros por la falta de personal y la falta de (respaldo) en términos legales para ir allí y saber el origen de este tipo de materiales”, dijo Romero. “Nosotros no entramos de lleno en ese tema, pero si vemos o detectamos algo que no esté manejado adecuadamente, o si el origen no es legal, pues se levanta bandera y se puede hacer una querella”.
Más allá de indicar si el material vino de una compañía privada o de una persona en particular, los informes que entregan estos centros no detallan la procedencia del metal que luego venden fuera de Puerto Rico, a veces a China o Estados Unidos, dependiendo de los precios en el mercado.
Las estadísiticas de ADS apuntan a que la exportación de cobre, uno de los materiales que más escasea, ha ido en aumento. En 2009 se exportaron 1,342 toneladas, para 2010 se exportaron 2,627 toneladas y para 2011 se exportaron 2,678 toneladas de cobre. Para 2012, la cifra redujo a 624 toneladas, pero Romero explicó que esta estadística todavía no está completa. Añadió que para ese año cerraron varios centros de acopio, ya fuera porque quebraron o porque se fusionaron con otros centros.
Cabe señalar además que en 2012 se firmó una ley que regula estos centros de acopio, incluyendo el horario que tendrán, la forma en que detallarán el material que recibe y las multas que se impondrán por el hurto de metales.
Una historia publicada por EL VOCERO apunta a que este delito de hurto de metales tiene un costo millonario para el Gobierno y la empresa privada. Por ejemplo, para la Autoridad de Energía Eléctrica implicó una pérdida de $1 millón, sin contar los apagones y los problemas que produce para los abonados. Este rotativo informó que en 2013 hubo 797 casos por hurto de metales con fianzas por $46 mil mientras que este año las fianzas impuestas ya van por $58 mil.
La Junta de Calidad Ambiental (JCA) también tiene ingerencia sobre estos centros de acopio, pero más bien sobre el efecto que podrían tener los materiales almacenados en el ambiente.
La directora ejeutiva de la JCA, Laura Vélez, dijo que su agencia regula estos comercios para que no se conviertan en fuentes de contaminación. Dijo que han alertado a la Policía en caso de que detecten irregularidades, pero que el asunto quedaría entonces en manos de la Uniformada.
“En un caso donde se identifique que hay una violación a alguna condición del permiso o el reglamento, se puede emitir una notificación de violación. Se les da un periodo para que corrijan o contesten”, dijo Vélez.
Sobre el hurto de metales, dijo que la jurisdicción de su agencia es para evitar la contaminación.
“Nuestro enfoque, lo que nos da jurisdicción la ley, es para evitar la contaminación. Así que nosotros no tenemos jurisdicción legal, en ley, no tenemos un mandato de ley para velar por el hurto. Eso lo hace la Policía”, dijo Vélez. “Hemos formado parte de unos task force interagenciales en los que le podemos dar información a la Policía de qué instalaciones operan bajo el marco legal, quiénes son los envueltos, qué establece su plan de operación. Hemos colaborado con la Policía para proveer información y acompañar a los agentes a las inspecciones a esas instalaciones”.
Entre los problemas ambientales que podría acarrear el mal manejo de estos desperdicios, mencionó el hecho de que haya centros de acopio recibiendo mater
ial para el que no tienen permiso o disponiendo de desperdicios como baterías de manera incorrecta. Estos líquidos, dijo, pueden afectar los suelos y hasta contaminar las aguas si no se manejan adecuadamente.
“Hemos hecho inspecciones donde es bien común en áreas donde vemos depósitos de escombros o materiales acumulados que nos hemos topado con la práctica de quemar los cables para sacarle el cobre y sí, hemos visto casos donde se da este tipo de cosa y se le refiere a la Policía”, indicó la funcionaria.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
Negocio redondo mantener el hurto
Gilberto Arvelo, conocido como Dr. Shopper, reaccionó ayer a la situación de hurto de cobre en la Isla catalogándola como un “negocio”.
Y es que, según el experto en temas económicos, dicha problemática ha caído en manos “de la conveniencia”, en una especie de esquema y explica que la solución está en la sustitución del cobre por fibra óptica, lo cual no es conveniente a la principal suplidora de servicio de telefonía en la país.
“Aquí se habla de tomar medidas para evitar el hurto, pero también las empresas tienen que tomar medidas. En el caso de la infraestructura en Puerto Rico, que es donde más se usa cobre, puede ser sustituida por fibra óptica. Pero como ellos tienen una misma compañía que le suple cobre. Porque en cada una de las transacciones él se gana algo, si a él le roban $40 millones en cobre, él grita, pero compran cobre y lo ponen otra vez en lugar de sustituirlo por fibra óptica. Porque para ellos es un negocio que se roben el cable”, dijo Arvelo.
Arvelo indicó que la información es, que en varias reuniones se ha hecho el planteamiento de sustitución por fibra óptica pero no se ha realizado gestión alguna por conveniencia. Dr. Shopper explicó además, “que la desventaja de la fibra óptica es que es un poco más costosa que el cobre, pero a la larga le saldría mejor a la compañía porque a esta no se la roban”.
Arvelo, dejó saber su inquietud respecto al tema porque es una situación que atenta contra la seguridad del estado, particularmente con las personas mayores que requieren del sistema telefónico. Añadió que “Claro Puerto Rico, tienen una disputa con los contratistas y demoran más en reparar las líneas dañadas. Además que acá puede venir una persona, tumbarse el cobre y sacar de circulación al país. Y esto no es preocupante para mucha gente”.
En cuanto a los centros de acopio Dr. Shopper, aseguró que el problema se incrementa por la falta de fiscalización y seguimiento en los centros, ya que no se cuestiona la forma como pagan ni a quién se lo pagan, ni se investiga de donde salió el cobre. “El día que pongan cámaras, para que los que entran a estos centros de acopio salgan retratados, se acabará la chulería. Porque en los centros de acopio lo menos que discuten es de dónde salió el cobre, eso es como la droga. Si no hay fiscalización constante, no ha
y disuasivo”.
Arvelo cuestiono además que : ”¿Cuántas personas han ido presa en Puerto Rico por robo de cobre? La única forma que esto se termina es sustituyendo por fibra óptica y que el precio del cobre baje y no sea atractivo”, sostuvo, quien entiende que el hurto de cobre debería ser catalogado como un delito federal.
A prisión por robarse placas de aluminio de la AMA
Agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan arrestaron a Vince Marrero Rivera y a Luis Vélez Aineg, por apropiarse de 35 placas de aluminio pertenecientes a la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).
Contra ambos individuos se presentaron cargos por violación a la Ley 41 de hurto de metales, caso que fue llevado ante el juez de instancia Rafael Jiménez, quien encontró causa para arresto.
El juez Jiménez señaló sendas fianzas de 5,000.00 dólares, la cual no prestaron, por lo que fueron ingresados en la Cárcel Regional de Bayamón.
Lo hechos se produjeron el pasado el pasado domingo, 5 de octubre, en la terminal de la AMA que ubica en la calle Roberto H. Todd, esquina con la Avenida Fernández Juncos, en San Juan.
Presta fianza acusado por hurto de metales
SAN LORENZO – Rafael A Benítez Vázquez, quien alegadamente operaba un centro d acopio de metales ilegalmente en que la Policía alega se ocupó propiedad hurtada de la AAA y del Departamento de Educación, fue acusado de múltiples delitos y quedó en libertad al prestar una fianza de $50 mil.
Benítez Vázquez, de 59 años de edad, fue acusado ayer tras una intervención realizada por agentes de la División de Delitos Contra la Propiedad del CIC de Caguas y personal de seguridad de la AAA, AEE y Bomberos de Puerto Rico, que realizando inspecciones de rutina dieron con el individuo en un centro de acopio que trabajaba clandestinamente.
El agente Hernández Castro, del CIC de Caguas consultó el caso con el fiscal Francisco González, quien ordenó radicar cargos por apropiación ilegal, Ley de Metales y Robo de identidad por la posesión de dos carnets pertenecientes a otras personas.
La jueza Ediltrudis M. Betancourt determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $50,000 la cual prestó.
Encarcelan a sujetos acusados de robo de metales en Cidra
Reynaldo Ortiz Rosa, de 25 años, y Harold González Jiménez, de 24, ambos residentes en Aguas Buenas, fueron procesados anoche por un robo de metales cometido en edificios de fomento industrial que ubican en la avenida Industrial El Jíbaro, en Cidra.
El policía municipal José Reyes y el fiscal Rodolfo Olmedo presentaron los cargos criminales por los hechos que se registraron el 15 de mayo pasado.
Ortiz Rosa y González Jiménez fueron llevados ante el juez Isander Rivera, quien luego de escuchar y evaluar la prueba determinó causa para arresto y les fijó una fianza de 15 mil dólares a cada uno.
Ambos fueron ingresados en la Cárcel Regional de Bayamón.
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