El próximo 30 de noviembre vence el presupuesto provisional de dos meses que se le aprobó a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y dependerá de las nuevas medidas y arbitrios que se legislan para que su junta decida si finalmente configuran un presupuesto operacional “normal” y viable.
Por ahora, la ACT funciona financieramente de mes a mes en lo que le eliminan parte de las deudas, lo cual le permitan cubrir la mayor parte de sus gastos y el servicio de la deuda con sus ingresos.
Aunque varias medidas le reducen la carga administrativa y le rebajan casi una tercera parte de su deuda con los bonistas y otras obligaciones, todavía la ACT enfrenta retos significativos para hacer viable su funcionamiento.
El director ejecutivo de la ACT, Javier Ramos Hernández, en entrevista con EL VOCERO, explicó que cuando se apruebe la nueva emisión de hasta $2,900 millones para que la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) asuma la deuda de Carreteras con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entonces sus obligaciones con los bonistas se reducirán de $6,700 millones a poco menos de $4,500 millones.
Esa emisión, además de eliminarle la deuda con el BGF y mejorar la liquidez del banco, cubrirá un financiamiento de agosto de 2013 en ‘bond anticipation notes’ (BANs) por $400 millones, que se hizo para repagar una porción de la deuda de Carreteras con el banco. Ese financiamiento se estructuró con RBC Capital Markets (RBC) y su vencimiento es al primero de septiembre de 2015, pero su amortización comienza en diciembre próximo.
Ramos Hernández informó que al presente el déficit operacional es de $354 millones y el servicio anual de la deuda total de la ACT suma $347 millones. El total del servicio de la deuda anual con el BGF no estuvo disponible.
Entre tanto, las fuentes de ingresos de la ACT incluyen parte de los arbitrios del crudo, $20 millones de los arbitrios sobre los cigarrillos, $60 millones de la venta de marbetes, y los ingresos por los peajes. Como algunas autopistas están privatizadas en acuerdos de Alianzas Público Privadas (APP), solo reciben una parte. En la PR-22 o expreso De Diego de San Juan hasta Arecibo, reciben el 60% de los ingresos en esos peajes y a la privatizadora Metropistas le toca el 40%.
La pregunta obligada es si la ACT podrá manejar sus gastos y el pago de deudas luego de las drásticas medidas, que entre otras cosas significarán un impuesto total al crudo y sus derivados de $15.50, para destinar dichos recaudos a la AFI y pueda repagar la nueva deuda. Ese arbitrio se traducirá en 10 centavos más por el litro de gasolina al detal, que tendrán que pagar todos los consumidores.
“Nosotros tenemos que mantenernos enfocados en el control del gasto, aumentar ingresos para mantener las operaciones de Carreteras sin recurrir a buscar fuentes de financiamiento”, contestó Ramos Hernández.
La próxima emisión, aunque el gobierno sostiene que no es deuda nueva, representa un gasto mayor ya que al ser refinanciada bajo AFI conllevará un alto gasto en intereses, cercanos al 9%, debido a la baja calidad crediticia del Estado Libre Asociado (ELA).
Al tiempo en que todos estos cambios ocurren, la ACT no ha completado la configuración de su junta de directores, creada por primera vez en marzo de este año. Ramos Hernández indicó que esta es de siete miembros, y por el momento solo la ocupan los representantes del gobierno, que incluyen a Melba Acosta como presidenta del BGF, a Luis García Pelatti como presidente de la Junta de Planificación, a Miguel Torres Díaz como secretario de Transportación, y al secretario de Hacienda.
Los restantes tres miembros deben ser del sector privado. Según la ley “uno será ingeniero autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico; uno será un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzas; y uno será escogido por el Gobernador de una lista de al menos diez personas sometida por las asociaciones profesionales y entidades sin fines de lucro que designe el Gobernador y que estén destacadas en economía, planificación, administración pública o desarrollo económico, o cuyos miembros sean personas destacadas en esas disciplinas.
De acuerdo con fuentes de este diario, todavía no se han nombrado personas para los tres puestos vacantes, en lo que se completan las medidas de cambios, para ev
itar “traspiés” en lo que se propone.
La configuración de toda la junta es necesaria para aprobar un nuevo presupuesto de Carreteras, corporación que puede acogerse a la nueva ley de “quiebra criolla”.
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