El aviso llega y advierte que se inició un proceso para que desocupe la vivienda. La mujer, quien prefirió hacer la compra y atrasar varias veces el pago de la renta, ahora también se angustia porque su prole pueda quedar sin un techo que les resguarde.

No comparte con otros su miedo y preocupación por temor a que su desgraciada situación la lleve también a perder la custodia de sus hijos.

Esta no es una narración de un caso particular, sino de muchos que ocurren a diario en este país donde el desahucio parece ser eminentemente femenino.

Las estadísticas de la Oficina de Administración de los Tribunales advierten del aumento en casos de desahucios llevados a la corte. No obstante, estos números oficiales descargados en un informe no tienen rostro.

Las contestaciones a una encuesta cibernética realizada por El Nuevo Día, sin embargo, mostraron  poco a poco la cara de los desahuciados.

La mayoría son mujeres con grados universitarios y salarios reducidos, quienes dirigen sus hogares compuestos por dos hijos. Estas estadísticas no reflejan las ejecuciones de hipotecas.

La mayoría de esas personas que decidieron contestar la encuesta y a través de ella contar algo de su historia dijeron que no recibían ayudas del Estado y que mantenían sus hogares con lo que ganan en trabajos en el sector privado. Un puñado tenía grados de maestría o doctorado y salarios de más de $30,000.

“En Puerto Rico no hay un remedio rápido  y eficiente que se le pueda proveer a  una mujer con renta atrasada y que está a punto de tocar la calle”, señaló  Belinda Hill, presidenta de la Coalición de Apoyo Continuo a las Personas sin Hogar en San Juan.

La también directora de un programa de base comunitaria para mujeres indicó que el Departamento de la Familia (DF) administra el programa Emergency Solutions Grant (ESG) que dispone de limitados fondos para prevención de  desahucio.

El ESG se nutre de cerca de $3.5 millones de fondos federales que llegan anualmente, indicó  Ivelisse Mussenden, directora del programa ESG. Estos fondos son para personas que ya no tienen hogar o que en 14 días pueden ser desalojados.

Hill observó que estos programas no cubren la ayuda psicológica que necesita quien está a punto de ser lanzada de su casa de alquiler. “Tiene que aprender a vivir con su nuevo presupuesto, a ajustarse a su realidad de vivir con menos y que el mundo no se le va a caer encima”, comentó.

La Coalición se percató que del 2009 al 2012, el 76% de las personas que buscaron ayuda de un programa federal para quienes están a punto de perder la casa eran jefas de familia.

El 46% de hombres y mujeres que solicitaron los fondos pagaba renta sin subsidio gubernamental y el 31% tenía casa propia no subsidiada.

La Coalición compartió esos datos en una ponencia que presentó ante el Senado, tras una resolución de la senadora Margarita Nolasco para encomendar un estudio sobre la situación de jefas de familia en riesgo de perder su vivienda.

En mayo de este año, la Comisión de Asuntos de la Mujer y la Comisión de Vivienda del Senado presentaron un informe en el que recomiendan a los departamentos de la Vivienda y de la Familia a actualizar sus datos sobre los procesos de desahucios para determinar su impacto en las jefas de familia. Además, instaron a la Oficina de la Procuradora de la Mujer a hacer un estudio sobre la realidad y necesidades de las mujeres en el país, indicó la senadora  Mari Tere González López, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.