Dijo el presidente del Senado, Eduardo Bathia: “No hay una sola persona que pueda venir aquí a darle lecciones de moralidad a nadie.” Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño expresó: “Mentalidades anteriores al diluvio, esas mentalidades cavernícolas, sigan prevaleciendo y favoreciendo que en este país hay gente que no vale tanto como los demás.” Como abogados y legisladores, ambos se equivocan. Muchos de los elementos que hay en ambos códigos –el civil y el penal- fueron estructuras jurídicas elaboradas en plena Edad Media y legadas a través de los siglos por el Fuero Juzgo, las Siete Partidas, las Leyes de Toro, entre otros, y forman parte de la tradición católica heredada del derecho y la moral
Si en Puerto Rico “nadie puede darle lecciones de moralidad a nadie”, según Bathia –y creo que tiene razón-, menos puede el gobierno de su partido y el Senado que él preside dar lecciones de moral ni hablarnos sobre qué es lo correcto o incorrecto en Puerto Rico. El Ejecutivo como la Legislatura de Puerto Rico llevan años con una reputación más baja que la de cualquier otra institución en el país. Ser legislador es ser objeto de mofa, burla y de ataques y quejas constantes por parte del Pueblo. Lo visto esta semana con las enmiendas al Código Penal es otro episodio en ese corral de nimiedades que son los cuerpos legislativos.
Sobre los años requeridos para tener derecho a libertad bajo palabra en el delito de asesinato, la cantidad de años se redujo de treinticinco a venticinco. O sea, tal parece que asesinar en estos tiempos es menos malo que hace unos años. Igual pasa con el asesinato en segundo grado, de cincuenta a venticinco años la pena a cumplirse. Sobre el delito de agresión grave se establecen atenuantes para reducir la pena de ocho a tres años. Algo insólito, pues en la sociedad puertorriqueña ha empeorando la conducta agresiva de sus habitantes. La agresividad manifiesta en lugares públicos, centros de trabajo, parques y hasta en los mismos hogares no da indicios de mermar, según vemos a diario.
Sobre la apropiación ilegal agravada la reducción parece un chiste de mal gusto; de quince años a 180 dֵías. Algo insólito en estos tiempos donde las personas amantes de lo ajeno se multiplican como güimos y no se ve luz al final de tunel sobre este mal social. Sin embargo, donde el Partido Popular botó la bola fue en los delitos de agresión sexual. Se redujo la pena de cincuenta a venticinco años. O sea, para la moral del alto liderato del popularismo el cuerpo de la mujer y su dignidad humana no es el templo sagrado a respetarse que debiera ser. La violación a una mujer es una marca indeleble, para toda la vida, que queda en lo más profundo de su espíritu. A los legisladores parece eso no les importó.
Desde hace varias décadas el Partido Popular legisla para ciertos grupos, únicamente; olvidándose del grueso de la población, que es esa mayoría silente que no se expresa vocalmente, pero que padecerá las consecuencias de enmiendas impensadas como estas. Se me antoja pensar que el Partido Popular colgó los guantes contra la criminalidad. De ser cierto, entonces, ahora sí somos pobres de verdad.
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