Pensaba escribir esta columna sobre otro tema, pero los sucesos acaecidos durante la madrugada del pasado martes 18 que nos despertaron con una gran sacudida de horror e indignación, me obliga a tratar nuevamente el tema de la pena de muerte. Una familia modelo de Guaynabo -de cinco miembros- masacrados en su propia residencia por un par de sabandijas. El padre, la madre y abuela ejecutados arrodillados. Luego secuestraron a los dos hijos de 13 y 15 años, ejecutando a este último y arrojándolo en la carretera, dejando por muerto al de 13 años a quien habían apuñalado y tirado por un puente. Milagrosamente este se salvó y pudo narrar lo ocurrido.
Este horrendo y abominable crimen cometido por estas dos sabandijas por el solo hecho de que el jefe de la familia asesinada, ejerció su derecho a desahuciar de una propiedad suya a quien por meses no pagaba la renta. Independientemente de las circunstancias o razones que tuvieran estas sabandijas para resentir el desahucio, no hay excusa ni razón bajo el cielo que justifique cometer un acto tan abominable.
La Policía actuó de forma efectiva y en menos de 12 horas ya tenía a los sospechosos arrestados con suficiente evidencia para encausarlos. Felicito a la Policía.
Estas dos sabandijas merecen la pena de muerte. Pero tan pronto asumen jurisdicción las autoridades federales en la isla por crímenes de esta naturaleza, salen las voces de siempre protestando ante la posibilidad de que pudiera restituirse la pena de muerte en Puerto Rico. De inmediato, surgen los argumentos de que este es un castigo cruel e inusitado para con los pobrecitos criminales que asesinan de forma cobarde, despiadada, bárbara y cruel a sus víctimas. Por aquello de no aparentar apoyar al criminal, esas voces también se solidarizan tímidamente con el dolor de los familiares de las víctimas.
Los opositores a la pena de muerte aducen que esta es contraria a la voluntad del pueblo recogida en la carta de derechos de nuestra Constitución. Constitución que fue escrita y aprobada hace más de seis décadas cuando los problemas de la isla eran muy distintos a los del presente. Las drogas, ni la criminalidad con las constantes matanzas, ni la mayor parte de los acuciantes problemas de hoy habían hecho su entrada a nuestro entorno, y los de éstos que ya existían se encontraban en niveles tolerables. Por consiguiente, los padres de la Constitución no previeron la decadencia, el colapso social, moral y de valores en el que seis décadas más tarde estaríamos sumidos.
Ante una situación de descomposición social como la que nos arropa, los liberalotes del PPD -sin que hubiera ningún clamor por enmendar el nuevo código penal – se empeñaron en reducir y hacer más blandengues muchas de las penas allí contempladas, llegando al extremo de proponer legalizar el incesto entre adultos consintientes y el bestialismo. Tome nota el pueblo que estas últimas fueron aprobadas por todos los senadores del PPD, excepto Fas Alzamora.
El rechazo por parte de grandes sectores de la opinión pública a tal acción hizo que temerosa la mayoría Popular desistiera en el Comité de Conferencia de esas enmiendas pero no sin antes acusar de moralistas y cavernícolas a los que se oponían a ellas. Tal es el grado de desconexión de estos senadores con la decadencia evidente de gran parte de nuestra sociedad.
Pero no seamos ingenuos, aquí también hay un ingrediente ideológico entre los Populares: el empeño en crear diferencias entre nosotros y el resto de la nación de la que somos ciudadanos, donde está prohibido el incesto y donde la pena de muerte está reconocida en la Constitución. Esta diferencia y otras las quieren acentuar en momentos en que hay un Congreso dominado por los Republicanos, para que estos -más conservadores- concluyan que por ser diferentes, no seriamos bienvenidos como estado de la unión. Estemos alerta los estadistas a estas sutiles jaiberias, pues vendrán más.
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