En ascuas queda la transparencia, no solamente cuestionada por analistas y la oposición política, sino por los propios partidarios del gobierno, ante lo que se pueda avecinar con una nueva reforma contributiva de la que nadie parece tener sino el mínimo de información.
A ese consenso llegaron por separado economistas y analistas ante los últimos sucesos del gobierno para manejar la situación económica del Estado Libre Asociado (ELA) y el inminente colapso financiero de instituciones como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
También se suma el hecho de que el poder legislativo no accedió a la aprobación del proyecto para aumentar el arbitrio sobre el crudo, cuyo propósito es generar la fuente de repago para una emisión de $2,900 millones que salvaría al BGF de la deuda de la ACT.
En todos los asuntos hay más dudas que detalles, coincidieron en su análisis los economistas y catedráticos Argeo Quiñones y Jaime Benson.
Quiñones anticipó que la reforma contributiva como pieza importante en las medidas para encarrilar la economía, el gobierno “no lo va a lograr porque el problema no es la legislación sino la administración del sistema contributivo, con una gran evasión y un problema de Hacienda para atrapar a los evasores”. Reiteró que la reforma que se mantiene en secreto debe apuntar hacia la equidad, una mayor generación de ingresos y la simplificación del sistema.
Comentó que se observan actuaciones incongruentes al proponer una reforma pero bajan los arbitrios sobre los autos “y proponen una crudita”, mientras van a Washington a buscar que el impuesto de 4% a las empresas foráneas se mantenga y se le reconozcan deducciones en Estados Unidos.
“No sabemos qué va a pasar con esa gestión y ese recaudo es una quinta parte de los ingresos. El cuadro es uno de desesperación y a mí me parece que este gobierno está entre la espada y la pared”, expresó Quiñones.
Según Benson, está claro que el sistema contributivo requiere de cambios pero ni siquiera los propios legisladores del partido de gobierno conocen el informe realizado por la firma KPMG para el Departamento de Hacienda, sobre el cual se producirá el proyecto que llegue a la legislatura.
En cuanto a las incidencias de esta semana y la promulgación de una sesión extraordinaria para propiciar la firma del proyecto que encarecería la gasolina, Benson dijo que también es otra muestra de la falta de transparencia que retrató hace dos semanas el analista financiero Richard Larkin en una conferencia en la Isla. Denunció que hay poca información de cada asunto relevante y hablar de nuevos impuestos sin saber cómo va a ser la reforma contributiva lo que hace es levantar más dudas.
Benson resaltó que la complejidad de las situaciones no es para mantenerlas principalmente en el terreno político. “Me parece que hay mucho de cálculo político. A la luz de la situación, la crisis, la contracción económica y las políticas adoptadas, han agudizado la contracción y estamos en un momento decisivo donde cada cual está sacando sus hachas políticas”, expresó.
“Por un lado se plantea esto de la crudita como una salvación del BGF y de la ACT, y es una repetición de lo que pasó hace un año. En 2013 decían que si no se imponía un impuesto al petróleo se iba a juste tanto la ACT y el BGF y no sabemos a dónde fue a parar ese dinero”, cuestionó.
Cuando se anunció el impuesto sobre el crudo y derivados en junio de 2013 el gobernador Alejandro García Padilla informó entonces que el dinero era para pagar la de deuda de $2,136 millones de la ACT con el BGF.
“Hay mucho de maniobra política y no hay un sentido de decir que la crisis es de una envergadura y ver cómo salir. Es hora de decir que lo intentado no ha funcionado y se incluyan todos los sectores, porque se va a agravar la situación”, puntualizó el economista.
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