El presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ricardo Román, denunció que varios detallistas de gasolina recibieron requerimientos de información del Departamento de Justicia. En el documento, la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos de esta agencia solicita información sobre los márgenes de ganancia de los detallistas, así como información sobre el funcionamiento de la Asociación.
El director de la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos, Jesús Alvarado, dijo que no podía ¨ni negar ni confirmar¨ la investigación, pero rechazó que intervinieran con esta organización a raíz de la posición que han asumido con el propuesto impuesto al petróleo.
Para Román, sin embargo, este requerimiento de información es un chantaje del Gobierno para conseguir que no continúen su oposición al impuesto al petróleo en el que insiste el Ejecutivo para supuestamente poder salvar las finanzas de la Autoridad de Carreteras.
¨No nos van a intimidar. Cualquier investigación es bienvenida. Eso y el chantaje de quitarle el servicio de transportación pública a la ciudadanía, diciendo que la única alternativa es el arbitrio, es una política errada de la administración¨, dijo.
Expresó que, en estas cartas enviadas en días recientes, Justicia solicita información sobre el precio de la gasolina y las actividades de la Asociación de Detallistas de Gasolina.
¨Entendemos que esto está fuera de lugar y es una medida para tratar de ponernos presión, lo que no vamos a aceptar ni a ceder¨, dijo.
Esta Asociación tiene 350 miembros que operan cerca de 800 estaciones de gasolina.
El gobernador, Alejandro García Padilla, convocó una sesión extraordinaria para lograr la aprobación de un impuesto al petróleo que allegue fondos a la Autoridad de Carreteras. En la convocatoria incluyó, además, emisiones de bonos por cerca de $100 millones para proyectos que han sido duramente criticados por no ser considerados esenciales.
La Cámara y el Senado recesaron sus trabajos hasta el lunes porque el proyecto no tiene los votos en la Cámara. Los representantes populares Luis Vega Ramos, Manuel Natal, Carlos Vargas y Luisa Gándara están opuestos a la medida. A estos, se ha unido la incertidumbre de Luis Vega Ramos, Luis ´Narmito´ Ortiz y Lydia Méndez, que se han expresado dudosos sobre este impuesto. Los representantes han exigido que, para aprobar este proyecto, debe incluirse la reforma contributiva que ofrezca un alivio a los consumidores.
Este pulseo ha llevado al Gobierno a decir que a partir del lunes tendrá que cerrar la Autoridad de Carreteras y paralizar servicios como el Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses. En una entrevista publicada por EL VOCERO, la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, habló incluso de cerrar el Gobierno si no se atiende esta medida tal y como la envió el Ejecutivo.
Román, por su parte, advirtió que este impuesto a la gasolina afectará el bolsillo de los consumidores, así como a los dueños de gasolineras que verán sus márgenes de ganancias reducidos.
Aseguró que el impuesto al petróleo aprobado en enero afectó la venta de gasolina y reiteró que el precio de la gasolina puede parecer ahora bajo, pero que es uno volátil, sobre el cual el Gobierno no tiene control.
¨Vamos a salvar la Autoridad de Carreteras y vamos a quebrar la industria privada¨, dijo Román. ¨La posición del Gobierno es que tengo que hacer esto para salvar una autoridad quebrada. Vamos a quebrar la parte productiva del país. Es un chantaje del Ejecutivo y del Gobierno que no quieren ver otras alternativas que están planteadas en la mesa¨.
Mencionó, entre las alternativas, el proyecto aprobado en la Cámara para tomar $45 millones del impuesto a los cigarrillos para darle a carreteras un salvavidas por los próximos tres meses en lo que aparece otra solución.
Este proyecto, dijo, aumentaría entre cuatro a seis centavos el litro de gasolina. En la pompa, dijo, el precio subiría a los casi 90 centavos. Advirtió que el proyecto contiene una reserva de 1.5% para salvaguardar la posible inflación, lo que implicaría que el galón subiría a cerca de 22 centavos.
¨Ahora mismo la coyuntura es buena porque la gasolina está a un buen precio, pero el estado no tiene control sobre el precio del petróleo¨, dijo.
Auguró el cierre de gasolineras si finalmente se aprueba este impuesto.
¨Venimos augurando el cierre de muchos comercios y este nuevo arbitrio agravaría la situación de muchos comerciantes porque tienen que aumentar su capital de trabajo, pero sus ganancias son las mismas¨, dijo. ¨Aquí hay que bregar con la estructura de crecimiento antes de hablar de un impuesto¨.
Justicia “no investiga por asuntos políticos”
Alvarado no precisó si Justicia envió estos requerimientos de información, pero aseguró que tienen la jurisdicción para investigar a los detallistas de gasolina y a la Asociación. Cuando se le preguntó si anteriormente han investigado a esta organización, dijo que en el tiempo que lleva como director de esta oficina, no lo han hecho.
¨La Oficina niega de manera categórica que exista una investigación por motivo de la propuesta alza en el arbitrio de gasolina. Las investigaciones están fundadas en hechos de prácticas en el comercio, la Ley de Monopolios y la Ley de Gasolina¨, dijo. ¨La Oficina de Asuntos Monopolísticos siempre tiene bajo su radar las prácticas de esta industria, desde mayoristas hasta importadores y detallistas. Siempre estamos pendientes de qué está sucediendo y cómo se mueve porque es de un gran interés 
público¨.
Insistió en que, si hubiera una investigación, no es para presionar a los detallistas de gasolina.
¨La Oficina de Asuntos Monopolísticos, igual que el Departamento de Justicia, de ninguna manera tiene práctica o política de iniciar investigaciones con motivos de alguna discusión pública¨, dijo. ¨Nos centramos en prácticas comerciales y eso es lo que nos da jurisdicción. De ninguna manera tenemos una investigación que sea producto de la discusión pública del alza al arbitrio del petróleo¨.
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