El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, hizo un referido al Departamento de Justicia Federal con los detalles relacionados a la compra, mediante una sobre tasación, de los terrenos del Corredor Ecológico del Noreste (CEN) por parte del gobierno.
La carta fue dirigida Eric Holder, secretario de Justicia de Estados Unidos y con copia a Rosa Emilia Rodríguez Vélez, fiscal federal en Puerto Rico. En la misma se detallan las cuatro transacciones de ventas de terrenos que comenzaron en 2007 y que continuaron hasta 2013.
“En 2007, los terrenos de la finca San Miguel en el CEN fueron adquiridos por el gobierno a un costo extremadamente alto, mediante una estimación que no distinguió ni tomó en consideración que incluían humedales. La tasación de los terrenos del CEN contemplaba el desarrollo de dos proyectos turísticos para los que nunca se obtuvieron permisos de construcción”, explicpo el político.
Añadió que, pese a ello “el precio de los terrenos se mantuvo como si fuera tierra fértil para desarrollo. Esto dio paso a que, incluso tan reciente como en 2013, se continuaran haciendo transacciones con la compra de terrenos privados del CEN que no reflejaron su justo valor en el mercado”.
Seilhamer Rodríguez expresó que “este asunto es verdaderamente escandaloso, es necesario conocer quiénes son los responsables de beneficiarse con fondos públicos estatales y federales. En la vista pública que realizó el Senado en diciembre a raíz de la Resolución 177 para investigar este asunto, el Trust Public Lands (TPL), entidad responsable de la adquisición de sobre 600 cuerdas de los terrenos del CEN, no compareció, por lo que hay cuestionamientos muy serios que quedaron sobre la mesa y que tienen que ser contestados”.
El senador indicó que en esa misma audiencia el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) presentó los comentarios del tasador Esteban Núñez, contratado por ellos para evaluar la compra de los terrenos, quien concluyó que la condición hipotética de que habría un desarrollo en el CEN y, por tanto, los terrenos tendrían un mayor valor no debió utilizarse para la tasación y compra de los terrenos.
“De la vista pública trascendió que en 2013 el gobierno compró a un valor de casi 95 mil dólares la cuerda de terreno, cuando el precio debió aproximarse a los 45 mil dólares por cuerda, según el análisis del propio tasador del DRNA”, agregó.
Finalmente, el portavoz del PNP recordó que el gobierno compró 529 cuerdas al abogado y desarrollador Juan Zalduondo Viera, hoy imputado en la esfera federal por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
“En el caso de Zalduondo Viera, el gobierno le compró 566 cuerdas en tres transacciones realizadas en 2007, 2008 y 2010. En 2007 le compraron 264 cuerdas. Cada una de las transacciones debe ser investigada, por lo que espero que el Departamento de Justicia Federal acoja la petición y los detalles que les suministramos para darle paso a una investigación”, concluyó.
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