José Aponte dice que el partido de gobierno está “secuestrado” por la familia de Hernández Colón
WASHINGTON– Las más recientes gestiones de cabildeo sobre el status del Partido Popular Democrático (PPD) y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) reafirman que las estrategias de los populares en Washington en torno al futuro político de Puerto Rico están bajo el control de la familia del ex gobernador Rafael Hernández Colón, según el Partido Nuevo Progresista (PNP).
Aunque en el PPD no se logra un acuerdo sobre una próxima definición de una asociación con Estados Unidos, el secretario de Asuntos Federales del partido de gobierno, José Alfredo Hernández Mayoral, y una empresa de cabildeo contratada por la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), que dirige Juan Eugenio Hernández Mayoral, han estado activos en el Departamento de Justicia federal y el Congreso, respectivamente, en el tema del status.
“El Partido Popular Democrático aparentemente está secuestrado por Hernández Colón y sus hijos. Estas acciones demuestran falta de responsabilidad y pueden rayan en lo antiético, en el caso del director de PRFAA”, dijo el secretario general del PNP, el representante José Aponte.
José Alfredo Hernández Mayoral confirmó que se reunió la semana pasada con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyo secretario(a) puede tener la tarea de examinar la constitucionalidad de las alternativas de una próxima consulta de status.
Mientras, un cabildero de la firma Smith, Dawson & Andrews (SDA) -una de las empresas bajo contrato de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa), dirigida por Juan Eugenio Hernández Mayoral y hermano del responsable de los asuntos federales del PPD-, se reunió por lo menos con un funcionario demócrata de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, cuyo líder de la minoría es ahora el congresista Raúl Grijalva (Arizona) y tiene jurisdicción primaria sobre el debate de status.
En ambos casos, el mensaje oficial es que buscan contrarrestar las gestiones del comisionado residente, Pedro Pierluisi, de que la próxima consulta sea un referéndum estadidad sí o no, por legislación federal o local.
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