El pasado 15 de enero, el banco reveló que al 31 de diciembre su liquidez neta total se redujo en $460 millones o 30%, respecto al mes anterior.

Con pagos pendientes para lo que queda del presente año fiscal y el siguiente por $1,352 millones en servicio de deuda, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) necesitará la controvertible emisión de unos $2,000 millones para recibir un alivio en su liquidez, pero con esto no podrá resolver sus dificultades financieras, advirtió la agencia Moody’s Investor Service.

El señalamiento de Moody’s en un nuevo informe, se suma al coro de voces y análisis que ha reseñado EL VOCERO desde el pasado año, cuando se comenzó a plantear la insolvencia del BGF, mientras el banco insistía en que contaba con capital suficiente.

Ahora, tras el pulseo político por las implicaciones del recién aprobado impuesto al crudo y sus derivados para costear la emisión, la cual le eliminará al BGF solo una parte de los $2,500 millones que le adeuda la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el camino sigue escabroso para la colocación de bonos en el mercado inversor.

Según Moody’s, si el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) no logra viabilizar la emisión –cuya autorización legislativa bajó de $2,900 millones a $2,000 millones- “socavará aun más” su posición de crédito. “La frágil liquidez del BGF llega cuando los recaudos del gobierno se han quedado cortos. Si no se ejecuta esta transacción; por el contrario, se quebrantará a un mayor grado la posición de crédito ya precaria del BGF y del gobierno”, sentenció la agencia acreditadora.

Las oportunidades que presentan otros emisores en problemas, como el sector del petróleo, han capturado la atención de los fondos de cobertura (hedge fund), lo cual según dijeron a este diario los analistas de inversiones Triet Nguyen, gerente director de la firma NewOak, en Nueva York, y Robert Donahue, director gerencial de la firma Municipal Market Advisors (MMA), en Massachussetts, supone mayores dificultades para los bonos de la Isla.

Precisamente, el informe de Moody’s resaltó que “el gobierno también enfrenta retos en su capacidad para vender la (nueva) deuda, ante los altos costos de endeudamiento, ya que muchos inversores han dejado de comprar sus títulos”.

La urgencia de capital para el BGF es tal, que para este año fiscal -que termina el 30 de junio-, tiene que conseguir $481 millones para pago de deuda, a parte de sus gastos operacionales y otras necesidades de efectivo que puedan necesitar agencias como Hacienda, cuyos recaudos han menguado. Para el año fiscal 2016, que empieza el primero de julio, las obligaciones a pagar a bonistas será de $871 millones, indicó Moody’s.

El estimado reciente de Donahue sobre las deudas a pagar en el BGF es mayor, ya que identificó $382 millones en pago de notas antes del 31 de marzo y otros $586 millones del servicio de la deuda antes de 30 de junio, por lo cual considera que el banco podría entrar pronto en un déficit superior a los $500 millones.

La agencia insistió en que “si bien (la emisión) no resolverá los problemas financieros estructurales del gobierno, esta operación reforzaría la liquidez del BGF”.

El pasado 15 de enero, el banco reveló en un informe que al 31 de diciembre su liquidez neta total se redujo en $460 millones o 30%, respecto al mes anterior. La liquidez neta del BGF es de $1,089.6 millones, cantidad que equivale “a sólo un mes de los ingresos del Fondo General”, dijo Nguyen.

Reaccionan los economistas

El economista Santos Negrón opinó que el planteamiento de Moody’s es una cadena de racionamiento lógico y, a su juicio, la estabilidad del gobierno depende de la viabilidad de la emisión de bonos.

“Si el mercado no le da la confianza es una especie de pronóstico, es una especie de círculo vicioso. Es normal que haya dudas con la emisión pero si no hay confianza en la capacidad del gobierno de reactivar la economía, va a ser cuesta arriba”, expresó Negrón, quien fue economista en el BGF.

Mientras, para la economista Heidi Calero, las enmiendas a la “crudita” podrían haber apagado “el apetito” de los inversionistas. No obstante, aseguró al fin y al cabo podría ser una buena jugada para ellos. “No es el 9 ó 10% ‘tax free’ que esperaban realizar (los inversionistas). No obstante, si el Gobernador logra hacer una emisión de $2,000 millones al 8.5% exento de contribuciones aún es buena inversión para compradores de bonos que en la actualidad no consiguen 8.5% exentos de contribuciones federales y locales”, detalló Calero, pero aclaró que habrá que ver si este aumento en el servicio de deuda pone más en precario la situación económica en el corto plazo.

Además, Calero mencionó que la reforma contributiva que contempla un IVA, entre otras disposiciones, no generaría ingresos hasta el 2017, y esto incidirá sobre los recaudos y la falta de liquidez. “Aunque no nos guste, el Gobierno tiene que ajustar su nómina a los recursos disponibles en la actualidad. Pensar que la reforma contributiva centrada en un impuesto al valor añadido le va a dar más recursos de inmediato no es correcto. De ser aprobada dicha reforma, habrá una transición que puede ser de hasta dos años en lo que los sistemas, tanto de Hacienda como de los negocios en Puerto Rico, empiezan a generar ingresos”, dijo Calero.

Por su parte, el economista Jaime Benson destacó que a la luz de la aprobación de ‘la crudita’, lo que se puede destacar es que existen unos requerimientos que se la ponen difícil a la emisión.

“Ya los bonos de obligación general del gobierno se venden desfavorablemente para nosotros, favorablemente para quienes los compran, porque somos nosotros al final los que pagamos la deuda. Reitero que las condiciones impuestas son limitantes. Es bien difícil para el gobierno vender esos bonos, cuesta arriba para vender la emisión, dicho por el propio presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael ‘Tatito’ Hernández y la exsecretaria de Hacienda y presidenta del BGF, Melba Acosta”, señaló Benson.

“Como se aprobó ‘la crudita’ no se cumple el objetivo, no se va para ningún lado. ¿Quién va a comprar?… y a términos desfavorables. Tendrían que cambiar los términos”, añadió.

De otro lado, el economista Antonio Rosado señaló “que hasta que el gobernador no acabe de entender que hay que bajar gastos y que la gallinita de los huevos de oro –COFINA y las emisiones de bonos de todos estos años- ya no dan para más, esto no va a mejorar”. Rosado recalcó, que el primer ejecutivo debe demostrar que puede poner la casa en orden, eliminando la locura del gasto.

Los periodistas Stephanie Gómez y Vicente Toledo contribuyeron con esta historia​

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.