La declaración citada del secretario de Hacienda, Juan Zaragosa, en el sentido de que este es el momento adecuado para cambiar del IVU al IVA, se puede entender en su carácter de secretario cuyo objetivo es aumentar a toda costa los recaudos del fisco local en $2,500 millones o de socio mayor de su propia empresa de contabilidad cuyo objetivo es aumentar sus contratos e ingresos asesorando diversas empresas en la adopción de nuevos sistemas de contabilidad que incorporen el cobro del IVA. Sin embargo, desde el punto de vista del desempeño de la economía en su conjunto y del bienestar general, es el momento más inadecuado e inoportuno para una cambio tan radical del sistema impositivo, cuyo objetivo es confiscarle $2,500 millones en nuevos recaudos vía un IVA de 16% a una economía que la semana entrante cumple su noveno año de depresión económica.
A este respecto, viene al caso citar un estudio realizado por la firma Ernst & Young sobre los efectos macroeconómicos de implementar un IVA a nivel nacional en los Estados Unidos de octubre de 2010. “De cara a una economía que continua luchando, la implementación inmediata de un IVA planteará serios riesgos. La baja en los gastos al detal, empleos y el PIB bajo un IVA tiene el potencial de debilitar más aún la economía en el término cercano, en vez de fortalecerla. Otros países han reducido, no aumentado, su IVA de cara a la reciente caída económica”. (The Macroeconomic Effects of an Add-on Value Added Tax, Ernst & Young, October 2010, p. v). Entre los hallazgos más sobresalientes del citado estudio, destacan que el gasto al detal se reduciría en $260 billones o 5% y se perderían 850,000 empleos durante el primer año de implementación de un IVA de 10%, a la vez que causaría la reducción del Producto Interno Bruto (PIB) real por varios años consecutivos en los Estados Unidos. Es por ello que Estados Unidos descartó la adopción de un IVA para reducir sus déficits presupuestarios.
En el caso de Puerto Rico es de esperarse que el efecto contraccionario sea proporcionalmente mucho mayor que lo proyectado para el nivel nacional, dado que los gastos de consumo personal representaron el 96.2% del Producto Interno Bruto (a precios constantes) y 154% del Producto Nacional (más bien Regional) Bruto real en el 2013. El propio Secretario de Hacienda ha estimado que los gastos de consumo
personal se reducirán entre un 10 a 15% en el primer año en que entre en efecto el IVA, con los consiguientes efectos multiplicadores contraccionarios sobre la producción y el empleo local. Y en la medida que se reduzca aún más el ingreso de las personas y las empresas se pone en jaque el objetivo de aumentar sustancialmente los recaudos. Lo que esta equivocado es el enfoque, en el noveno año de una depresión económica la forma más prudente de reducir los déficits presupuestarios es vía medidas que estimulen el crecimiento económico en lugar de intentar aumentar los recaudos por medio de un impuesto tan confiscatorio como el IVA.
El mal estado de la economía local fue una de las razones que esgrimieron Standard & Poors y Moody’s, para degradar dos escalones más en territorio chatarra los bonos de obligación general del gobierno central , así como tres escalones los bonos del Banco Gubernamental de Fomento y los bonos de COFINA. Más allá de la gran incertidumbre respecto a efectivamente aumentar la captación y los recaudos por medio de una reforma tan ambiciosa para la que el Departamento de Hacienda no cuenta con los recursos tecnológicos y humanos debidamente capacitados para administrar y fiscalizar en cada punto de la cadena de producción y distribución el cobro y el envío a Hacienda del IVA.
Las empresas que recibirán el mayor embate con del IVA, serán las medianas y pequeñas, pues no cuentan con el ‘cash flow’, las líneas de crédito y el capital para sufragar sus operaciones en lo que venden sus mercancías y prestan sus servicios para poder reclamar los créditos a Hacienda sobre la compra de insumos y servicios en que incurren para poder operar. Así también, serán las menos preparadas para afrontar los altos costos tecnológicos y de contabilidad de implementar el IVA.
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