Tanto se repite una mentira, que a pesar de quienes piensan que la gente se lo va a creer, habemos quienes no nos tragamos el cuento, por burdo. La máquina propagandística del Estado va a todo vapor, bombardeándonos con uno de los montajes más surrealistas que hacía tiempo se veía en Puerto Rico. Orientar a la ciudadanía sobre la necesidad de recaudar fondos para evitar el cierre de un gobierno ante la quiebra inminente es un asunto muy serio. Debe ir de la mano de una política pública para atajar el despilfarro de dinero público cortando gastos, a la vez que se abran las investigaciones correspondientes contra funcionarios que incurrieron en gastos “innecesarios, excesivos y extravagantes”. En lugar de estar costeando escoltas millonarias y oficinas a ex–gobernantes, hay que exigirles que rindan cuentas por el abismo fiscal que dejaron como legado, sin contar con fuente de re–pago.
La Ley de Contabilidad Pública (Ley Núm. 230, 23 julio 1974, según enmendada) es clara. “Los jefes de las dependencias o sus representantes autorizados”… “Responderán además, al gobierno, con sus fondos o bienes personales, por cualquier pago ilegal, impropio o incorrecto que el Secretario o un pagador hiciere por haber sido dicho pago certificado como legal y correcto por el jefe de la dependencia o por su representante autorizado (Art. 9, Inciso g)”… “Las dependencias judiciales y legislativas se regirán por las reglas que a estos efectos establezcan el Juez Presidente” ( o Jueza Presidenta) “del Tribunal Supremo…de acuerdo con la legislación vigente”…“Los Presidentes de ambas Cámaras aprobarán y adoptarán las reglas que regirán el objetivo que persigue este inciso”. (Ibid, Inciso h, 2).
La puesta en escena de cómo imponer una “transformación en el sistema contributivo” para alegadamente recaudar cerca de $2.5 billones adicionales a través de un Impuesto de Valor Añadido (IVA), es una distorsión política. La presión contra el reloj para evitar la quiebra inminente y el impago de la deuda pública, acompañado por la falta de transparencia de acceso a la información para que la ciudadanía revise concienzudamente la extensa documentación técnica de cientos de páginas, es la punta de lanza para acaparar la atención pública e intentar moldearla a su antojo. Su propaganda pretende llenar la zapata del vacío y encubrimiento de información creada adrede. El discurso de parte del gobernador Alejandro García Padilla regido por la demonización del sector profesional en Puerto Rico es el gancho para tratar de despertar un respaldo irracional para sacarnos el último vellón.
No obstante, se levanta una ola de indignación contra su estrategia. Un asunto es la “evasión contributiva” y otra son las deducciones estatuidas en torno a los gastos incurridos para hacer negocios. No se puede “comparar chinas con botellas”. Si fuésemos añadir a “los salarios” de los empleados(as) públicos el “overhead” de gastos de oficina, equipo, muebles, electricidad, teléfono, mantenimiento, aportación patronal hacia el pago de seguros médicos, pensiones para su retiro, gastos de representación, gastos de transportación, viajes al exterior para fomentar el intercambio intelectual o de negocios, puede que estaríamos aumentando entonces los “ingresos” de los servidores públicos a unas sumas exorbitantes. En el caso del gobernante, habría que sumarle el costo de vivienda en el “lujoso” Palacio de Santa Catalina, servidumbre, alimentos gourmet, gastos de mantenimiento que incluye pintura, arreglos de plomería, electricidad, transportación, viajes y estadías al exterior, escoltas, entre otros “fringe benefits” , aparte del mantenimiento de una casa de playa y campo. Siguiendo su propia lógica errada, ¿es o no el gobernador un “evasor contributivo” puesto que sus “ingresos” son mayores que el mísero salario sobre el cual tributa?
Lejos de convencer, levanta suspicacia. El fantasma de la corrupción gubernamental ronda, abonando a la falta de credibilidad y confianza en el gobierno. Como parte del Informe de KPMG (Commonwealth of Puerto Rico, Tax Reform Assessment Project, Comparable Jurisdiction Operating Model Report, Revised October 2014), se establecen los parámetros comparables a Puerto Rico con otras jurisdicciones sobre características económicas y gobernabilidad. Interesantemente, de los nueve países seleccionados (Canada, Chile, Dinamarca, Est
onia, Irlanda, Korea, Nueva Zelandia, Portugal, y Singapur), Puerto Rico tiene el índice más alto de percepción del alto nivel de corrupción, y el nivel más bajo de percepción sobre la eficiencia gubernamental en torno a la calidad del servicio brindado libre de presiones políticas, la calidad y compromiso de parte del gobierno en la formulación e implantación de políticas públicas (p. 5-8). ¿Es este cuadro de incertidumbre apropiado para imponernos un IVA que ha demostrado ser perniciosos en otros países?
You must be logged in to post a comment Login