WASHINGTON – El presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Robert Goodlatte, dijo hoy que debe estudiarse a fondo la idea de que la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras no sea retroactiva.
La expresión de Goodlatte se dio en una declaración escrita distribuida previo al inicio de la audiencia del subcomité de Reformas Regulatorias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que dedicó dos horas a examinar el proyecto 870 del comisionado residente Pedro Pierluisi para incluir las empresas públicas de Puerto Rico en ese capítulo 9.
El subcomité es parte de la comisión que preside Goodlatte, quien no asistió a la audiencia.
La sesión es la primera que dedica el Congreso al tema de la crisis fiscal de Puerto Rico, que lidia con una deuda pública de $73,000 millones.
Darrel Issa, republicano por California, también consideró que debe examinarse el tema de retroactividad, pues entiende que bonistas que invirtieron en empresas públicas de Puerto Rico lo hicieron bajo el entendido que el capítulo 9 no estaría disponible.
Aunque Goodlatte propone examinar “con cuidado” la no retroactividad de la medida, que se pudiera utilizar para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por ejemplo, reconoció que el estatuto otorgaría un marco jurídico conocido para lidiar con una posible insolvencia de una corporación pública de Puerto Rico.
“El capítulo 9 del código de quiebras puede proveer previsibilidad, transparencia y estabilidad a una bancarrota municipal en Puerto Rico. Puede servir también de base para permitir que las partes puedan ir a la mesa de negociación y alcanzar un acuerdo de reestructuración”, indicó Goodlatte, republicano por Virginia.
En la session, los demócratas John Conyers y Hank Johnson, portavoces de la minoría en el Comité de lo Jurídico y el subcomité de Reformas Regulatorias, respaldaron la legislación.
El comisionado Pierluisi y el congresista Luis Gutiérrez, que son miembros del Comité de lo Jurídico, destacaron desde el panel legislativo el apoyo que la medida tiene en Puerto Rico y en grupos de inversiones.
Pero, en la audiencia el representante legal de las firmas de inversiones Oppenheimer y Franklin, Thomas Moers Mayer, se opondrá a la legislación, por entender – como Issa -, que los bonistas de la AEE invirtieron en esa empresa pública bajo el entendido de que el capítulo 9 de la ley federal de quiebras no estaría disponible en caso de bancarrota.
Mayer prefiere la situación legal actual en la AEE, que permitiría a un 25% de los bonistas de la corporación pública acudir a un tribunal local de Puerto Rico y nombrar un síndico que pudiera, en busca de capital, reclamar un aumento en las tarifas de electricidad.
Entre los argumentos de Mayer en contra de la legislación, está que las autoridades de Puerto Rico quieren evitar un aumento en las tarifas de electricidad, a costa de las inversiones de muchos ciudadanos que residen en los estados de Estados Unidos.
Los otros ponentes de la audiencia – la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el profesor de Derecho, John Pottow, y el analista de bonos municipales, Robert Donahue – respaldaron la legislación.
“El proyecto es apoyado por la vasta mayoría de los acreedores de Puerto Rico, así como por otras partes con interés en la comunidad inversora. Por ejemplo, 32 fondos dueños de miles de millones de dólares en bonos de Puerto Rico sometieron una carta a la Comisión endosando el proyecto”, indicó Pierluisi.
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The Washington Post a favor de la quiebra federal
Prevé será necesaria una reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico
WASHINGTON. – En un editorial, el periódico The Washington Post apoyó hoy el proyecto de ley 870 que permitiría a las empresas públicas de Puerto Rico optar por el procedimiento de quiebras federal.
“Puerto Rico debe reformar su sector público, pero la crisis estructural que afecta a su economía es tal que nuevas medidas dramáticas de eficiencia probablemente no le producirá suficiente crecimiento para pagar sus deudas bajo la estructura actual”, indica.
Un día después de la audiencia del subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios de la Cámara de Representantes sobre el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, el periódico analiza las objeciones de los opositores del proyecto, que son principalmente firmas de inversiones que han levantado dudas entre republicanos.
“Hay dos principales objeciones al proyecto de ley: que equivale a cambiar las reglas bajo las cuales los inversores acordaron comprar la deuda de Puerto Rico y que la isla podía reunir el dinero para pagar a sus acreedores si reformara las entidades en cuestión, especialmente la notoriamente ineficiente empresa eléctrica a la que el gobierno de la isla le debe cientos de millones de dólares. Ambos puntos son válidos, en cierta medida- al igual que es válido señalar que los inversionistas en deuda de Puerto Rico disfrutan hasta ahora de un acuerdo especialmente dulce porque están exentos de impuestos”, agrega el editorial.
El influyente diario estadounidense recordó que para lidiar con una futura reestructuración de su deuda pública de cerca de $73,000 millones, el gobierno de Puerto Rico aprobó su propia ley de quiebras, pero fue invalidada por un juez federal de San Juan.
“Ahora los líderes de Puerto Rico le piden al Congreso un nuevo remedio…Hay amplio consenso en los círculos financieros de que la Isla puede caer en un caos fiscal y una pobreza peor a menos que reciba ayuda pronto”, dice el editorial.
En momentos en que en Washington el interés en el Caribe se centra en el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba – hoy se reanudan las conversaciones en el Departamento de Estado federal -, “es irónico”, dice el diario, que se le preste “mucha menos atención” a una Isla que no solo ha sido “por mucho tiempo amigo, sino parte integral de Estados Unidos”.
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Bhatia y Perelló certifican apoyo de la Legislatura de Puerto Rico a la quiebra federal
El presidente del Senado asiste hoy a la audiencia del subcomité del Congreso
WASHINGTON – Los presidentes de las cámaras legislativas de Puerto Rico certificaron hoy a un subcomité del Congreso el respaldo de la Legislatura puertorriqueña al proyecto 870 que impulsa ofrecer a las empresas públicas de la Isla el mecanismo del capítulo 9 de la ley federal de quiebras para reestructurar su deuda.
Los presidentes del Senado, Eduardo Bhatia, y de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, presentaron argumentos escritos a favor de la legislación, en la que notifican que la Legislatura boricua ratificó resoluciones en respaldo a la medida del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
“El Congreso y el mercado entienden que es una herramienta necesaria y el mecanismo probado para reorganizar y las empresas y entidades gubernamentales insolventes (en Puerto Rico)”, indicó Bhatia.
Para Bhatia, quien asistirá a la audiencia del subcomité de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Puerto Rico, con deuda pública de $73,000 millones, “se encuentra en un atolladero”.
“Por un lado, todas las leyes y reglamentos que rigen la emisión de valores por municipios e instrumentalidades de los estados en los Estados Unidos aplican en Puerto Rico. Por otra parte, a diferencia de sus homólogos en los 50 estados, los compradores y los emisores de esos bonos no tienen ningún mecanismo legal para hacer frente al indeseable escenario de insolvencia por parte del emisor de dichos valores. El resultado es un limbo legal que debilita gravemente la capacidad de gestionar de forma eficaz entidades gubernamentales severamente endeudadas y con problemas de efectivo, que prestan servicios públicos esenciales a los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico”, indicó Bhatia en una ponencia que presentó por escrito.
El presidente del Senado de Puerto Rico sostuvo que no solicitan un trato especial, sino el mismo que reciben las empresas públicas de los estados.
Perelló, por su parte, envió una carta al liderato del Comité de lo Jurídico y del subcomité, encabezado por el republicano Bob Goodlatte (Virginia). “Trabajando juntos podemos atender este asunto”, indicó el líder cameral.
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