El proyecto de reforma contributiva que radicó el gobernador, Alejandro García Padilla, no tiene los votos para ser aprobado en la Cámara y ya comenzaron a incrementarse los reclamos para que retire la medida. En ese sentido, el presidente cameral, Jaime Perelló, dejó saber que la medida no tiene los votos que necesita para ser aprobada.
“Hay un hecho real. El proyecto, como llegó de Fortaleza, si no se le cambia nada, no tendría los votos para aprobarse. Por eso el proceso de vistas públicas, para ajustar ese proyecto. Esto es más allá que eso. Es la realidad de lo que debe incluir un nuevo sistema contributivo y cuáles son los sectores que quieres proteger y cuáles quieres incentivar”, dijo Perelló. “Al final, el proyecto que se presente y se lleve a votación tiene que tener mayor consenso del que tiene ahora fuera del Capitolio y que logre el consenso y atienda las preocupaciones de los legisladores”.
Las voces que reclaman al gobernador que retire el proyecto retumbaron ayer. Tanto la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, como el representante popular Luis Raúl Torres hicieron expresiones públicas de que el proyecto debe ser retirado.
Perelló no llegó a decir que el gobernador debe retirar el proyecto, pero reiteró que el mismo será objeto de muchos cambios. El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, no ha descartado que los cambios provoquen la necesidad de radicar un sustitutivo.
“La decisión de retirar o no el proyecto es del ejecutivo. En este momento mi función es estudiar la medida y hacer los cambios y los ajustes que la medida necesita para lograr el objetivo de bajar las contribuciones, pero ajustado a una realidad social y económica que vive hoy el pueblo de Puerto Rico”, dijo Perelló. “Si algo se ha demostrado es que todos los que han prestado ponencias han sido escuchados y saldrán satisfechos de que hay apertura al diálogo”.
Advirtió que, al eliminar partidas como el impuesto a la educación y los servicios médicos, hará necesario realizar otros recortes en el gobierno. Esos recortes no han comenzado a discutirse más allá de la idea del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, de recortarle mil millones al presupuesto.
“Cualquier cambio que se haga al proyecto que baje los estimados se tiene que resolver con más fiscalización y bajar gastos del gobierno, no subir las contribuciones en ningún lado. Ahora, si el proyecto se presenta estableciendo unos ingresos en el área de educación y salud, pues llegó con estimados erróneos porque la mayoría de los países que tienen IVA está excluida la salud y la educación”, dijo. “Cualquier recaudo que haga falta se logrará con más fiscalización y bajar el gasto del gobierno”.
Aun cuando el gobernador ha dicho que el proyecto no incluirá un Impuesto de Valor Añadido (IVA) para la educación, miles de estudiantes de escuelas privadas se congregaron ayer a las afueras del Capitolio para manifestarse en contra de la medida. El representante popular Manuel Natal participó de la manifestación, pero no ha dicho su posición sobre el proyecto. No contestó llamadas ayer, pero su portavoz de prensa indicó que está en contra del impuesto a la educación privada.
“Los que se están manifestando hoy (ayer), la Cámara ha hecho manifestaciones que se va a manejar de manera diferente para que no se aumenten los costos a estudiantes ni a pacientes”, dijo Perelló.
A la vista de la Comisión cameral de Hacienda compareció ayer el sector de la educación privada. Al igual que dijeron en el Senado, propusieron que se mantenga un impuesto de 7% al consumo de bienes y servicio. Como habían dicho, sugirieron que esto se les devuelva a manera de reembolso.
Mientras, en la Comisión senatorial de Hacienda estuvo el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos. Todos presentaron objeciones a la propuesta reforma contributiva.
El presidente del Colegio de Abogados, Mark Anthony Bimbela, dijo que este impuesto aumentará el costo de los servicios legales.
“La imposición de nuevas contribuciones y la imposición del IVA a los servicios realizados de negocio, aumentará los costos relacionados al desempeño de la práctica de la agobacía, impactando tanto a los bufetes de varios abogados como aquellos que tienen oficina propia, más pequeñas”, dijo Bimbela.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
Sugieren negociar otro proyecto
El gobernador Alejandro García Padilla debe escuchar los reclamos del pueblo. Despedirse de que podrá tener una reforma contributiva con un recaudo de $1,200 millones y negociar con la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto. Esto, según el representante popular Luis Vega Ramos, quien sugirió, en vez, reestructurar la deuda y mirar los ingresos de las grandes compañías que generan aquí más de $750 millones en ingresos netos.
“Llegó la hora de entender que hay que hacer una reestructuración mayor de la propuesta y hay unas proyecciones que hay que revisar, empezando por la proyección de que esto puede generar $1,200 millones en ingresos nuevos”, dijo Vega Ramos. “Eso es una proyección que creo que, dada las circunstancias del debate y la realidad económica del país, no es una expectativa que se pueda sostener”.
Sugirió al gobernador escuchar los reclamos del pueblo. “La propuesta es del gobernador y obviamente ha sido la persona que más ha enfrentado la resistencia del pueblo a la propuesta. Yo creo que es momento que él escuche los planteamientos válidos que se han venido haciendo y, en función de esos planteamientos, negocie con la Asamblea Legislativa los cambios fundamentales que hay que hacerle a esta propuesta”, dijo.
El gobierno, dijo, debe comenzar a enfocarse en otras alternativas como la reestructuración de la deuda y los ingresos de las grandes cadenas, específicamente las que reportan ingresos netos de más de $750 millones. Según el representante, la contribución básica alterna neta que ahora es 2% para estas compañías, podría aumentar a un 4%. Esto dejaría cerca de $200 millones. Estas mismas compañías, dijo, podrían también continuar sujetas a al menos una parte de la patente nacional.
“La realidad es que un impuesto al consumo de una base más amplia y un 16% no cuenta con el apoyo del país y esa propuesta tiene que revisarse sustancialmente y hay que hacer una mezcla de varios factores para atender la situación real de que el gobierno necesita fondos adicionales y hay que plantear el asunto de la deuda pública”, dijo Vega Ramos.
Subir el impuesto al consumo de 7% a 16% “no es una propuesta que se sostiene”. “Ampliar la base de la manera que sostiene el proyecto tampoco se sostiene, por eso han comenzado a surgir exclusiones. Cualquier ingreso nuevo tiene que buscarse donde haya posibilidad de generarlo”, dijo Vega Ramos en entrevista con este rotativo.
¿Debe el gobernador retirar el proyecto?, se le preguntó. “El proyecto, como está, no es aprobable y hace falta que se repiense o reestructure la propuesta”, contestó. “Las enmiendas que hay que hacerle son monumentales. A mí la mecánica legislativa la podemos discutir, lo importante es que se entienda y acepte de una buena vez que generar $1,200 millones en ingresos nuevos ahora mismo no es realizable”.
Vega Ramos reiteró que en la Cámara no hay los 26 votos que hacen falta para aprobar el proyecto enviado desde La Fortaleza.
“Tenemos que ponernos de acuerdo para llegar a 26, el número de legisladores necesarios para aprobar una reforma en Cámara”, dijo. “De todos los números necesarios, el más importante para aprobar la reforma es 26. El proyecto como está no llega a 26”.
Cuando se le preguntó si esta polémica afecta las posibilidades de García Padilla de cara a 2016, dijo que “este asunto es más importante que la candidatura de nadie, incluyendo la mía. Hay que ver cómo le damos al país los recursos para operar y distribuir las responsabilidades de manera justa. A lo que hemos hablado hay que añadirle la necesidad de una vez y por todas empezar a renegociar y reestructurar la deuda pública”.
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