Al menos tres alcaldes populares aseguraron hoy que el proyecto que propone una transformación al sistema contributivo “no es enmendable”, a pesar de que la convocatoria de hoy del gobernador Alejandro García Padilla a una reunión en la Mansión Ejecutiva a la 1:00 de la tarde es para discutir esas enmiendas que también evalúa la legislatura.
Los alcaldes de San Juan y Juana Díaz, quienes no apoyan la reforma contributiva, fueron los primeros en llegar al encuentro.
“Vengo a reiterar que hay otras opciones que se están barajando como el impuesto a las megatiendas que dejarían $750 millones es el estimado, vengo a reiterar que la deuda es un problema y vengo a reiterar que el pueblo de Puerto Rico en su ejercicio democrático ha dicho una y otra vez que no quiere el IVA”, afirmó Carmen Yulín Cruz, quien dijo que el proyecto “no es enmendable”.
En esa misma línea el ejecutivo municipal de Juana Díaz, Ramón Hernández, se mantuvo en su oposición total al IVA. “Hay que buscar otras alternativas y hablarle claro al País…que se entablen otros mecanismos como la situación de un impuesto a las mega tiendas”, detalló.
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Uno de los alcaldes que confirmó que no participará del encuentro es el de Carolina, José Aponte, ya que “como se me informó que el propósito de la reunión es discutir enmiendas, no tiene sentido que vaya”, ya que a su juicio el proyecto “no es enmendable”.
“Esperamos que el proyecto que presenta el Gobernador se pueda evaluar junto a todas las propuestas que hemos escuchado de todos los grupos de interés incluyendo el interés de los alcaldes de que se atiendan propuestas nuevas que salvaguarden lo que es la regresividad a los sectores más importantes del país y que de igual manera los municipios tengamos la garantía de que los ingresos vayan a permanecer como hasta el día de hoy”, planteó otro detractor del IVA, el alcalde de Isabela, Charlie Hernández. El Ejecutivo Municipal abogó por el impuesto municipal, al tiempo en que detalló que el proyecto es enmendable.
Por su lado, el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, dijo que su apoyo al IVA, está condicionado a que se proteja a las personas de escasos recursos. “Yo avalo el IVA porque el sistema contributivo que tenemos es ineficiente y no recauda lo suficiente”, expresó Rodríguez. No obstante, dijo que tenía reservas sobre el rol del Departamento de Hacienda en la captación de impuestos y aseguró que los alcaldes ejecutan mejor ese rol.
Mientras, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, reiteró estar a favor del IVA y de la distribución equitativa entre los recaudos municipales. “Siete de las ciudades, de los $245 millones, reciben $150 millones y es una acción discriminatoria contra las restantes 71 ciudades que reciben $95 millones”, puntualizó el alcalde de Cayey.
Igualmente, llegaron hasta La Fortaleza los alcaldes de Caguas, quien no hizo declaraciones a la prensa;San Lorenzo, San Germán, Jayuya, Juncos, Maunabo, Salinas, Coamo, Villalba, Aguas Buenas, Toa Alta, Patillas, Cabo Rojo, Luquillo, Comerío, Barceloneta, Arroyo, Yabucoa, Trujillo Alto, Ciales, Añasco, Utuado, Río Grande, Quebradillas y Las Marías.
La propuesta que le haría el Ejecutivo a los alcaldes asociados consta de al menos tres alternativas.Se discutirá lo que le plantearon ayer al equipo técnico de la legislatura, que incluye tasas intermedias para alimentos no procesados y servicios de salud.
También, se aclararán dudas sobre los sistemas de cobro para el impuesto municipal.
“Ellos tienen unos planteamientos, van a traer unas preocupaciones porque ellos quieren asegurar cómo se generan los ingresos de los municipios. Se quieren asegurar que no se le afecte sus ingresos y han traído unas alternativas y hoy se le va a responder”, indicó el secretaroi de Asuntos Públicos, Jorge Colberg.
“Aunque habían endosado ya el IVA (la mayoría de los alcaldes), tenían unas interrogantes, incluyendo que habían planteado la posibilidad de que ciertos renglones o en determinados casos ellos pudieran continuar cobrando el IVU. Sobre ese punto en particular hay respuesta hoy de si es viable y no es viable y qué representaría para el gobierno o no”, añadió.
Madrugan las reuniones en La Fortaleza
Las reuniones entre el gobernador Alejandro García Padilla y el equipo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), comenzó poco antes de las 10:00 de la mañana en la Mansión Ejecutiva.
El desfile de funcionarios estuvo encabezado por la presidenta del BGF, Melba Acosta, y el presidente de la Junta del BGF, David Chafey. Además, acudieron a la reunión personal técnico del BGF, quien llegó con maletines y maletas, y el asesor de asuntos municipales de La Fortaleza.
Se supo que la reunión es para discutir temas sobre la emisión de bonos.
Este encuentro se da horas antes de que los alcaldes populares fueran citados a La Fortaleza a la 1:00 de la tarde de hoy, para discutir la propuesta reforma contributiva que incluye un Impuesto de Valor Agregado (IVA) de un 16%.
Los 48 alcaldes populares pertenecientes a la Asociación de Alcaldes fueron invitados para discutir los distintos panoramas que evalúa el Ejecutivo de acuerdo a las enmiendas a la reforma que presentó las Legislatura y el tema del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) municipal. Entre las propuestas que ya se evalúan están las tasas intermedias para servicios de salud y en alimentos preparados. Otra enmienda que evalúa el Ejecutivo desde ayer es de cobrar impuestos a las compañías entre matriz y subsidiarias, mejor conocido como el impuesto a las mega tiendas.
Ayer, el secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg, aseguró que “la inmensa mayoría (de los alcaldes) ha confirmado” su participación. Se confirmó que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien está en contra del impuesto, asistirá.
Otros alcaldes asociados que se han manifestado en contra del IVA públicamente son el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte; de Caguas, William Miranda Torres; de Isabela, Charlie Rodríguez y el de Juana Díaz, Ramón Hernández, pero al momento se desconoce si acudirán.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Veteranos protestan contra el IVA en Fortaleza
Un grupo de veteranos de guerra de Estados Unidos realizó esta mañana una manifestación de protesta en las inmediaciones de La Fortaleza, contra el proyecto de reforma contributiva que establecería un Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El portavoz del grupo, Armando Santos, indicó que van a estar en la calle de La Fortaleza hasta ser atendidos por funcionarios del ejecutivo.
Explicó que el proyecto para reestructurar el sistema contributivo de Puerto Rico, menciona en solo en 7 ocasiones en las 1,600 páginas del proyecto sometido por el poder ejecutivo, lo que supone los deja fuera de otras áreas por lo que están preocupados por el efecto del IVA en su vidas.
“Nosotros hemos llegado en las últimas semanas por lo que hemos escuchado a la conclusión de que 180 mil veteranos que viven hoy en la Isla del Encanto van a ser directamente afectados con la implementación del IVA”, manifestó Santos a la emisora WAPA Radio.
Indicó que seguirán en pie de lucha y, contrario a la percepción de que los veteranos no protestan por respetar la autoridad, en esta ocasión han decidió levantar su voz en contra del IVA.
Alcalde de Caguas sostiene su oposición al IVA tras cita en La Fortaleza
William Miranda Torres incluso se marchó de la reunión, que fue convocada por el gobernador, antes de que culminara
El alcalde popular de Caguas, William Miranda Torres, se marchó de la reunión en la que están convocados todos los ejecutivos municipales de la colectividad estadolibrista, sin modificar sus determinaciones en contra del propuesto Impuesto al Valor Añadido (IVA).
«Sigo en mi posición», sostuvo Miranda Torres a eso de las 2:12 p.m., cuando salió de La Fortaleza antes de que culminara la junta que sería encabezada por el gobernador Alejandro García Padilla con la expectativa de procurar respaldo al proyecto de reforma contributiva basado en el IVA.
Miranda Torres figura en el grupo de alcaldes populares que públicamente ha expresado su rechazo a esa medida, al igual que la alcaldesa capitalina, Carmen Yulín Cruz Soto, quien permanecía en el salón donde se lleva a cabo la reunión.
El alcalde cagüeño dijo que se marchaba antes de finalizada la junta porque tenía un compromiso en su pueblo relacionado con un homenaje.
Además de Miranda Torres y Cruz Soto, el alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau, se pronunció firme en contra del IVA y del proyecto de reforma sometido por García Padilla a las cámaras. El alcalde carolinense anticipó horas antes de la reunión que no asistiría a la misma.
Aponte Dalmau explicó que no tenía previsto ir a La Fortaleza porque la convocatoria precisó que la agenda sería discutir enmiendas al proyecto de reforma. Sin embargo, la posición del ejecutivo municipal de Carolina es que esa medida «no es enmendable». Por esa razón, descartó participar en la reunión, explicó en entrevista radial (1320 a.m.)
En la reunión también participa el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, otro popular que está en contra del citado proyecto.
Melba Acosta se opone a que bonistas tributen
La presidenta del BGF considera que violan el concepto de supremacía de las leyes federales
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, consideró hoy, martes, que la fijación de un impuesto a los bonistas sobre los intereses de la deuda extraconstitucional podría violentar el concepto de supremacía de las leyes federales y resultar en un menoscabo de una obligación contractual.
De esta manera, Acosta Febo hizo constar su oposición al Proyecto de la Cámara 2382, presentado por el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Javier Aponte Dalmau para enmendar el Código de Rentas Internas y establecer que los bonistas deberán pagar un 50% de los intereses que devenguen producto de la deuda extraconstitucional del país.
Acosta Febo señaló que la Ley 600 exime del pago de contribuciones la deuda emitida tanto por el gobierno central como por las corporaciones públicas.
Indicó por escrito que esto es así, ya que se entiende que las corporaciones públicas emiten su deuda por autoridad del Estado Libre Asociado mediante autoridad delegada en sus respectivas leyes orgánicas.
Añadió que las leyes orgánicas de las corporaciones públicas que emiten bonos usualmente eximen del pago de contribuciones al bono y a las rentas que devenga el bono emitido por dicha corporación. Esta exención, dijo, se provee para facilitar el acceso a capital.
“Dado que la corporación pública emitió el bono bajo esta premisa, se puede entender que se configuró un contrato que se menoscaba si se elimina la exención contributiva”, sostuvo la presidenta del BGF.
La funcionaria indicó, además, que la imposición del tributo podría violar la disposición en las leyes orgánicas de las corporaciones públicas, en las cuales el estado promete no afectar los derechos y poderes que les concede.
En este caso, insistió, se podría argumentar que eliminar la exención contributiva viola dicha disposición, ya que se eliminaría o limitaría la habilidad de la corporación pública de emitir bonos exentos.
Acosta Febo mencionó que ya conversó sobre el tema con el gobernador Alejandro García Padilla y que este le expresó también su oposición a la iniciativa y que, de convertirse en ley, la vetaría.
Durante el anuncio que hizo de la medida, Aponte Dalmau explicó que, a diferencia de la deuda pública, que está reconocida como una deuda exenta de contribuciones, la deuda extraconstitucional puede estar sujeta a impuestos sobre las ganancias de intereses.
“Lo que estamos proponiendo es que esa ganancia de intereses tribute solamente en un 50%”, estableció al apuntar que nunca se les ha cobrado a los bonistas impuestos sobre los intereses generados por el dinero prestado a las corporaciones públicas.
El representante destacó que los “prospectus” –los documentos que contienen los detalles relacionados con una inversión- de las corporaciones públicas, “establecen claramente que hay una discreción de los estados, los territorios y las ciudades, y pueden imponer tributo”.
“Eso quiere decir que aquí no se están menoscabando obligaciones contractuales. En el momento en que el estado diga que va a tributar sobre ellos (los intereses), lo puede hacer”, resaltó Aponte Dalmau en defensa de la propuesta que cuenta con apoyo de otros representantes y que también fue presentada en el Senado.
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