Mientras la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) Melba Acosta Febo, busca ganarse la confianza de los inversores para colocar nueva deuda por $2,900 millones, otro legislador con aparente respaldo de ambas cámaras y con el conocimiento del secretario de la gobernación, busca ponerle un impuesto a los intereses generados por los bonos de la deuda extra constitucional.
Esa medida (2382 en la Cámara y 1336 en el Senado), divulgada ayer por el representante Javier Aponte Dalmau, se suma a otras gestiones que han tenido el efecto de enviar mensajes contradictorios al mercado inversor, al que tradicionalmente le ha resultado atractiva la colocación de bonos del Estado Libre Asociado (ELA), precisamente porque son triplemente exentos.
De prosperar la propuesta de Aponte Dalmau, que consistiría en enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico para fijar el impuesto de 50 por ciento (%) sobre los intereses generados por los bonos de las corporaciones públicas y otras dependencias del gobierno (no garantizados por la constitución), tocaría a unos $48,000 millones del total de la deuda pública de $74,000 millones.
A preguntas de EL VOCERO, sobre si aprobar la medida representa una modificación en el contrato original con los acreedores y si eso aguantaría defensa en un tribunal, Aponte Dalmau lo rechazó. ¨Yo no estoy menoscabando un contrato porque esos contratos establecen que el estado tiene la potestad de imponer contribuciones sobre la ganancia del instrumento… Toda deuda federal y estatal de Estados Unidos no está exenta. La de Puerto Rico tiene una protección y eso es un privilegio que tenemos en el mercado¨, expresó el legislador del gobernante Partido Popular Democrático (PPD).
Indicó que contrario a otras propuestas de sus homólogos, la suya no requiere enmendar la constitución lo cual conllevaría más tiempo y dinero que no existe. Además, destacó que la quiebra criolla se declaró inconstitucional y la propuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se incluya a las corporaciones públicas de la Isla en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, lo cual favorece, la ve ¨cuesta arriba¨.
-¿Esto entorpece las gestiones que realiza el BGF en el mercado inversor para una nueva emisión?
¨Yo no sé si lo que va a hacer el BGF para resolver el problema sea a través de una deuda o través de un préstamo… A mí me han contado tantas historias de esta emisión que no sé qué van a hacer, a mí me parece que finalmente no será una emisión y van a hacer un préstamo. Aquí tiene que pagar todo el mundo y los bonistas¨, sentenció Aponte Dalmau.
-¿Ha discutido antes esta medida con los presidentes de ambas cámaras?
¨Lo he discutido con los presidentes de las dos cámaras y con el presidente de la gobernación, esto lleva meses de estudio¨, contestó el legislador.
-Lo discutió con Melba Acosta Febo?
¨Eso es como subir a la luna en bicicleta¨, expresó Aponte Dalmau.
El legislador expresó estar consciente que su medida –de aprobarse- puede levantar objeción de los bonistas, pero reiteró que ¨antes de yo lanzar este proyecto de ley se hace porque lo vimos y lo hemos analizado y se puede hacer… Si no reestructuramos la situación económica se pone cada día peor¨.
Reacciona Melba Acosta Febo
La presidenta del BGF y principal oficial financiera del gobierno expresó su oposición a la propuesta y explicó que la medida ¨podría violentar el concepto de la supremacía de las leyes federales, ya que ningún estado, incluyendo Puerto Rico, puede legislar de manera inconsistente a las leyes federales¨.
Acosta Febo señaló que la Ley 600 exime del pago de contribuciones la deuda emitida tanto por el gobierno central como por las corporaciones públicas y agregó que ¨esto es así ya que se entiende que las corporaciones públicas emiten su deuda por autoridad del ELA mediante autoridad delegada en sus respectivas leyes orgánicas¨.
¨La imposición del tributo también podría resultar en un menoscabo de una obligación contractual, ya que las leyes orgánicas de las corporaciones públicas que emiten bonos usualmente eximen del pago de contribuciones al bono y las rentas que devenga el bono emitido por dicha corporación. Esta exención se provee para facilitar el acceso a capital. Dado que la corporación pública emitió el bono bajo esta premisa, se puede entender que se configuró un contrato que se menoscaba si se elimina la exención contributiva¨, manifestó Acosta Febo.
Añadió que la imposición del tributo podría violar la disposición en las leyes orgánicas de las corporaciones públicas en la cual el ELA promete no afectar los derechos y poderes que le concede a las mismas. ¨En este caso, se podría argumentar que eliminar la exención contributiva viola dicha disposición ya que se eliminó o limitó la habilidad de la corporación pública de emitir bonos exentos¨, detalló la funcionaria y adelantó que consultó el asunto con el gobernador Alejandro García Padilla y éste le expresó su oposición y de aprobarse en la legislatura la vetaría.
Con la propuesta Aponte Dalmau espera generar no menos de $1.4 mil millones en recaudos y se utilizarían para reestructurar las finanzas del ELA. Los fondos se distribuirían en $500 millones para pagar deuda extra constitucional, $200 millones anuales para el Plan de Pensiones de los Retirados, $ 420 millones anuales para el desarrollo económico y comercio, y $180 millones para el desarrollo agrícola en Puerto Rico, entre otros.
La medida cuenta con el apoyo de los representantes de mayoría Nelson Torres Yordán, Luis Ortiz Lugo, Carlos Bianchi Angleró, Víctor Vasallo, Sonia Pacheco Irigoyen, y César Hernández Alfonzo, quienes figuran como sus coautores.
Josenid Orozco Velázquez colaboró con esta historia
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