Tras más de un año de investigación, finalmente el Tribunal Federal encontró causa contra las empresas Robles Asphalt y BTB Asphalt Corp., por fraude en el proceso de suplido de concreto para la construcción de la pista del aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla.
Ambas empresas deberán pagar una multa de $3,605,629 cada una, en un plazo de cinco años. El tribunal reconoció la aceptación de responsabilidad por parte de las empresas.
Con dicha multa culmina el proceso civil, sin embargo se mantiene abierto en el foro federal la investigación criminal.
La determinación judicial, igualmente le cierra las puertas a las dos empresas y sus subsidiarias y afiliadas para hacer negocios con el gobierno por los próximos 10 años. Sin embargo, hasta el presente la Autoridad de los Puertos y la Administración de Servicios Generales se han negado a descalificarlas como suplidores aun cuando tiene conocimiento del caso.
Robles Asphalt, con sede en Ponce, es propiedad de Raúl Robles y Francisco Robles, mientras BTB Asphalt Corp., tiene como gerente general y socio capital a Juan Vázquez.
Para Jorge L. Díaz, presidente de Betteroads Asphalt, LLC, quien descubrió el fraude y lo denunció, dijo que se trata de un triunfo para la justicia, ya que desde el primer día se sabía a nivel local que la Isla no tenía la capacidad para suplir el asfalto PG 76-22, el cual requiere de unos procedimientos que hasta recientemente no se suplían en la Isla.
En diciembre del año pasado, EL VOCERO reveló que el gobierno federal llevaba casi un año investigando un posible fraude en la otorgación de la subasta para la rehabilitación de varias partes de la pista del mencionado aeropuerto, destapando irregularidades en varias agencias gubernamentales.
La investigación inició desde el pasado 19 de marzo en la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos, a cargo del agente Jorge L. Tocuyo, tras una querella radicada ante la Agencia Federal de Aviación (FAA).
En el caso de Puertos, se inició una auditoría interna hace alrededor de dos años para investigar el alegado fraude relacionado con la subasta para la rehabilitación de la pista A y conectores C&D (Taxiway A & Connectors C & D) del aeropuerto. Según fuentes de EL VOCERO, en efecto, se confirmó que se utilizó un concreto que no cumplió con las especificaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA), pero hasta el momento los resultados se mantienen como el secreto mejor guardado en la agencia pública.
Díaz explicó que en Puerto Rico siempre se ha utilizado el producto con el código PG 64-22 y para modificarlo al solicitado PG 76-20, tiene que ser producido por manufactureros o refinerías con el equipo especializado. Sostuvo que el PG 76-22 tiene la peculiaridad de que debe estar bien caliente (300 grados) y de tiempo en tiempo requiere mezclarse, lo que imposibilita importarlo a la Isla por barco. “A menos que se fabrique localmente no se podía suplir y en Puerto Rico no existía ninguna facilidad que lo pudiera modificar a esos estándares, por eso no pudimos participar en la subasta”, agregó.
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