Poco se ha pensado y menos se ha dicho de lo que experimentaría la sociedad puertorriqueña cuando se produzca una declaración oficial de insolvencia e incapacidad para honrar los términos del pago de las deudas del Estado. Urge que exploremos escenarios que nos ayuden a entender ese tenebroso futuro. Tenebroso por lo incierto y confuso que se presenta. 
De antemano le pido indulgencia al lector por el atrevimiento que constituye la aventura que emprendo aquí. No pretendo hacer un pronóstico. Sólo intento colocar en algún orden lógico eventos que probablemente ocurran.
Una vez se haga patente la incapacidad o la ausencia de voluntad para efectuar los pagos correspondientes a los vencimientos, el mercado de capital se cerrará herméticamente. Es decir, ni siquiera los fondos de cobertura podrán justificar la adquisición de deuda del Estado Libre Asociado (ELA) o de sus corporaciones públicas. No harán distinción entre obligaciones generales supuestamente respaldadas por la constitución de aquellas que no cuentan con tal respaldo. Los valores de la deuda que aun se trafica en el mercado secundario se acercará a unos 16 centavos por dólar.
El efecto sobre otros activos financieros y reales poseídos por las familias o por el ELA reflejarán un colapso similar. La sociedad puertorriqueña habrá experimentado un empobrecimiento súbito de portentosa magnitud.
El capital financiero, que es el más ágil, abandonará la economía de Puerto Rico en las etapas inmediatamente precedentes a los eventos que precipitarán el resto de la gran fuga de activos. Le seguirán otros activos en orden dictado por su liquidez. La titularidad de los activos reales irá a la zaga, pero, sin duda, irá. El estándar de vida de la población residente se precipitará.
Al cerrarse el mercado de capital para el gobierno del ELA, se paralizará la inversión pública. La privada seguirá el mismo derrotero. La influencia desproporcionada que aún tiene el sector público sobre la economía del país actuará, en ese período, como una potala sobre el resto de los sectores.
El gobierno del ELA perderá el control de la administración de sus corporaciones públicas. Ese será parte del coste de la bancarrota. Ello provocará gran efervescencia política y social. Las fuerzas de la anarquía intentarán desestabilizar el gobierno para ocuparlo y aprovechar la crisis en favor de sus particulares agendas ideológicas.
Como es de esperarse, los efectos de este cataclismo social no serán distribuidos equitativamente a través de la sociedad. Los estratos demográficos más vulnerables y débiles sufrirán con mayor intensidad el rápido deterioro del estándar de vida. Los viejos no podrán sobrevivir para disfrutar de la recuperación porque ello tomará más de una generación. Las generaciones jóvenes acelerarán la emigración. Ese fenómeno ya se manifiesta.
Volviendo a los efectos directos de la bancarrota, es razonable esperar que los acreedores obtengan ordenes expedidas por los tribunales para tomar control de las entidades corporativas del ELA. El concepto de gobierno propio quedará hecho pedazos ante las exigencias de la realidad. Así está ya pactado en los contratos de fideicomiso que rigen como ley entre las partes entre las entidades del ELA y sus bonistas desde 1974.
En el proceso la economía de Puerto Rico habrá continuado su encogimiento y las familias de clase media habrán perdido el 75% del valor de sus activos.
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