Corrupción PPD Institucionalizada: Recaudador popular creó compañías cerca de elecciones y rápido obtuvo contratos

Luego de haber ayudado al gobernador Alejandro García Padilla a ganar las elecciones, el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) y empresario, Anaudi Hernández Pérez, invirtió en la creación de dos compañías que obtuvieron varios contratos con el Gobierno por un total de $1.3 millones.

Tanto la compañía 3 Comm Global como Links Group tienen distintos representantes y diferentes propósitos, pero aparecen con la misma dirección en Boquerón, en Cabo Rojo. Ambas fueron incorporadas entre noviembre de 2012 y enero de 2013, entre unos pocos días antes de las elecciones y unos pocos días después de la juramentación del Gobernador.

La corrupción en el PPD durante el Pasado Medio Siglo es generalizada e institucionalizada e inmune.

El director de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro, aseguró a NotiCel que no renovó los contratos a Hernández Pérez tenía con la agencia luego que trascendieran sus vínculos como donante del Partido Popular Democrático (PPD) como parte del caso que se llevó contra el exjuez de Aguadilla Manuel Acevedo Hernández, convicto, y el contador público Lutgardo Acevedo López, quien se declaró culpable de sobornar al juez para que lo absolviera de un caso por homicidio involuntario.

Castro dijo a NotiCel que no quería que se entendiera que Hernández Pérez tenía los contratos su agencia por favores y que los mismos no están vigentes desde agosto. El empresario del área oeste obtuvo los contratos por servicios profesionales, los cuales no requieren de subasta, debido a una supuesta necesidad de la agencia que tenía que ver con el manejo de la flota. La agencia no ha contratado a otro contratista para sustituir los servicios que ofrecía Hernández Pérez. “Ahora lo hacemos internamente”, dijo Castro.

Hernández Pérez recaudó fondos en el área oeste para la campaña de García Padilla, a quien conoció a través de su hermano, el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien es su amigo.

El empresario fue uno de los testigos en el caso contra Acevedo Hernández debido a que se le hicieron acercamientos para que promoviera la candidatura del convicto exjuez para el Tribunal de Apelaciones. En su testimonio, admitió que ya había ayudado a promover la renominación de un juez en el Tribunal de Aguadilla. Se trataba del juez Diómedes González, a quien supuestamente ayudó porque sabía que tenía dos hijos parapléjicos, quienes representaban una gran carga económica.

Hernández Pérez indicó, además, que es asesor técnico y codueño de las compañías Links Group y 3 Comm Global, las cuales tienen contratos con la Cámara de Representantes, la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la ASG y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Los registros de la Oficina del Contralor indican que 3 Comm Global aparece con cuatro contratos en la Cámara, que totalizaron $281,605 y los cuales vencieron en junio. La empresa tiene además un contrato con la ADL por $87,720 que venció en noviembre. No aparecen registros más recientes, según se pudo constatar con la propia oficina pero las agencias tienen cierto periodo de tiempo para registrar contratos con la oficina. Bajo el nombre de Hernández Pérez no se encontraron registros.

Bajo la empresa Links Group, aparecen registros un total de cuatro contratos: tres con la ADL que totalizan $300,000 y uno con la AAA por $635,000. Todos los contratos vencieron entre junio y septiembre del 2014. Links Group se dedica a dar talleres. A los empleados se les pagaba a razón de unos $19 la hora.

En uno de los contratos, la Cámara pagó a 3 Comm Global unos $149,900 por equipos de teléfono. El servicio incluía $1.75 por llamadas a servicio de apoyo, $1.85 por el servicio 411, $1.95 el servicio del 911 y $9.20 en tarifas federales. El contrato fue enmendado posteriormente para aumentar su cantidad a $187,000 para incluir honorarios por servicios técnicos.

El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, dijo que 3 Comm Global tiene contratos con la Cámara que tienen que ver con la portabilidad del sistema telefónico de ese cuerpo. “Ese proceso entrará en subasta para lo de la portabilidad y podría cambiar pero él no hizo el contrato ni asesora”, aseguró Perelló, quien anteriormente dijo que Hernández Pérez donó a su campaña y es su amigo. En el juicio, de hecho, salió a relucir que Perelló estuvo en un torneo de golf organizado por Hernández Pérez para un paciente de cáncer en la Base Ramey.

El abogado de Hernández Pérez, el licenciado Osvaldo Carlo, aseguró que el empresario es accionista en las compañías que tiene pero existen otros dueños. Descartó alegaciones de que a Hernández Pérez se le hubiesen dado contratos sin subastas al destacar que los contratos que otorga el gobierno para servicios profesionales no necesitan pasar por subastas. Según los registros de la Oficina del Contralor, los contratos otorgados a las compañías Hernández Pérez son para servicios técnicos, adiestramiento o procesamiento electrónico de datos.

Carlo rechazó alegaciones de que Hernández Pérez obtuvo sus contratos por sus conexiones políticas con el PPD. “Cuando la gente habla de Anaudi Hernández, no saben que detrás de él, hay un grupo grande de trabajo. Es que él tiene socios que son expertos en sus campos. Van y presentan propuestas. Las agencias las evalúan si las aceptan o no. Como un 10% de las propuestas se las han aceptado… Él ha sido asesor de compañías que perdieron contratos con el gobierno”, argumentó Carlo.

Sobre su testimonio en el caso del juez, Carlo destacó que el testimonio de Hernández Pérez de que no hizo nada para ayudar a Acevedo Hernández a convertirse en juez fue corroborado por el testimonio de otros testigos.

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Al centro de azul, el acusado Lutgardo Acevedo López junto a Anaudi Hernández Pérez, de rayas. (Facebook)

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Laura M. Quintero 15/01/2015 03:47 pm

El cuarto día de juicio contra el juez Manuel Acevedo ha evidenciado la estrecha relación entre los políticos electos y sus recaudadores de campaña, a quienes recompensan con contratos en el Gobierno, y aceptando sus sugerencias para los nombramientos.

El testimonio de Anaudi Hernández Pérez, dueño de Link Group y 3com Global, así como recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), demostró la cercanía con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, y el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, a tal nivel de que estos escuchen sus recomendaciones para los nombramientos de jueces. Ambas empresas de Hernández Pérez, de servicios de asesoramiento en tecnología, tienen contratos en el Gobierno, tanto en la Cámara de Representantes, como en la Administración de Servicios Generales, y la Administración de Desarrollo Laboral.

Hernández Pérez confirmó que durante el torneo de golf, que se celebró el 30 de diciembre de 2012, estuvo presente García Padilla, Perelló y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia. En esa actividad estuvo también el hermano de Lutgardo Acevedo, quien tiene el mismo nombre, apodado «Bebé». Fue «Bebé» quien le hizo el acercamiento de que conocía a un juez que quería una plaza en el Apelativo, aunque supuestamente no le mencionó nombre.

A preguntas de Fiscalía sobre por qué «Bebé» había acudido a él para recibir ayuda, el comerciante contestó que seguramente «pensó que podía ayudarlo».

-«¿Cómo pudiera usted ayudar a ascender a un juez?», le preguntó el fiscal José Capó Iriarte.

-«Por mi relación con el Gobernador… Pienso que si lo hubiera recomendado, lo hubieran considerado», reconoció Hernández Pérez, de 39 años.

El testigo contó, de hecho, que García Padilla se había quedado la noche antes en su casa, donde hubo una fiesta de recaudación de fondos para un paciente de cáncer. El Gobernador electo llegó primero que todos, a eso de las 6:00 p.m., a la residencia de Hernández Pérez y se quedó, aún después de que todos se despidieran en la madrugada.

Sin embargo, esa mañana, Hernández Pérez no conoció al juez Acevedo Hernández, ya que no llegó al torneo de golf como le habían anticipado. Días después le preguntó a «Bebé» por qué el juez no llegó al torneo, y este le contestó que estaba nervioso porque presidía el caso de homicidio involuntario de su hermano, Lutgardo.

Casi un mes después, el testigo recibió al juez en su casa. Estuvieron conversando en la cocina sobre distintos asuntos, cuando Hernández Pérez le preguntó cómo podía ayudarlo. «Me dijo que había sido juez durante treinta años y que su sueño era retirarse como juez del Apelativo», contestó el hombre, a preguntas de Capó Iriarte.

Hernández Pérez le preguntó qué podía hacer por él, a lo que el juez supuestamente le contestó que primero tenía que solicitar el puesto, y que después le notificaba.

Durante el contrainterrogatorio, trascendió que Hernández Pérez ya había intervenido con la renominación de un juez al Tribunal de Aguadilla, previamente. Recomendó al juez Diómedes González, porque lo conocía y sabía que tenía dos hijos parapléjicos, quienes representaban una gran carga económica.

A preguntas del abogado defensor, Joseph Laws, el testigo confirmó que sí ayudó en la renominación de González, pero no hizo nada por el juez acusado.

Hernández Pérez dijo que no conocía si el juez había solicitado la plaza en el Apelativo, pero de todas formas no lo hubiera recomendado porque se enteró que presidía el caso de Acevedo López, lo cual era un claro conflicto de interés.

En el redirecto, Capó insistió que pese a que el testigo nunca hizo la recomendación del juez Acevedo para una silla en el Apelativo, la reunión en su casa fue a insistencias de uno de los hermanos Acevedo López.

Informe incompleto

Durante la mañana, el Gobierno presentó también el testimonio del director de auditorías, de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Héctor Bladuell, quien certificó que el juez no completó la sección de reembolsos, ni de regalos, bienes muebles e inmuebles. Indicó que los jueces debían notificar de cualquier beneficio que hayan recibido ese año, que exceda los $250, incluyendo invitaciones a almuerzos. En 2012 y 2013, el juez indicó que no había recibido regalos.

-«Durante los 16 años en que lleva trabajando, ¿ha visto algún informe, que incluya almuerzos?», preguntó Laws durante el contrainterrogatorio.

-«No», contestó el testigo.

Bladuell reconoció, además, que muchos jueces reciben dinero por casar parejas y pocos lo notifican. El acusado ha incluido esa información en algunos de sus informes. Laws resaltó, además, que en 2012, su cliente indicó que obtuvo otros ingresos adicionales al salario en la rama judicial, por unas clases que daba en la Universidad Interamericana, pero que en otros años no incluyó ingresos adicionales porque no le aplicaba.

La evidencia de la Fiscalía incluyó también un cheque que decía «carrito Papi», que Ángel «Lito» Román Badillo le entregó a su tía, Benita Medina, cuando le compró el triciclo, que supuestamente formaba parte del soborno al juez. «Papi» es uno de los apodos que Lutgardo Acevedo y el intermediario, Román Badillo, utilizaban para hablar de Acevedo Hernández.

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La jefa de fiscales federales, Rosa Emilia Rodríguez, el jefe de fiscales estatales, José Capó, y el secretario de Justicia, César Miranda. (Josian Bruno/NotiCel)

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Eva Laureano 29/03/2015

El Departamento de Justicia no tiene una investigación abierta contra el empresario Anaudi Hernández Pérez, un recaudador del Partido Popular Democrático (PPD) que recibió acercamientos por parte del hoy convicto exjuez Manuel Acevedo Hernández para conseguir un puesto en el Tribunal Apelativo.

La información la dio a conocer el jefe de fiscales José Capó a preguntas de NotiCel. Capó dijo que había que esperar que los procesos en la esfera federal en los que se vio envuelto Hernández Pérez terminen.

Acevedo Hernández fue encontrado culpable por un jurado federal por los delitos de conspiración y soborno vinculados a un acuerdo con el contable Lutgardo Acevedo López para absolverlo en un caso de homicidio negligente, a cambio de regalos y favores políticos, como el de asegurarle una nominación al Tribunal de Apelaciones que Hernández Pérez viabilizaría.

En una conferencia de prensa la semana pasada, el secretario de Justicia, César Miranda, anunció que se reabriría el caso estatal de homicidio contra Acevedo López por entender que el primer proceso contra él fue un simulacro por el arreglo que tenía con el convicto Acevedo Hernández, quien será sentenciado el 20 de abril.

Durante su juicio salió a relucir que el exuez hizo acercamientos a Hernández Pérez para discutir la posibilidad de que pudiera ser ascendido a juez del Apelativo. Estos acercamientos se hicieron durante un torneo de golf el 30 de diciembre del 2012 en el que asistieron los recién electos presidentes legislativos, así como el gobernador Alejandro García Padilla y posteriormente en casa del recaudador en enero del 2013. Hernández Pérez dijo que no hizo nada para ayudar al convicto juez.

Luego de haber ayudado a García Padilla a ganar las elecciones, Hernández Pérez invirtió en diferentes compañías que obtuvieron varios contratos con el gobierno por un total de unos $1.3 millones.