El allanamiento de sus oficinas por parte del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ayer propina un golpe de imagen a la candidatura independiente de la licenciada Alexandra Lúgaro que la puede afectar directamente en el primer obstáculo para cualquier candidato independiente: el recogido de endosos.
Las autoridades federales allanaron las oficinas en Trujillo Alto de América Aponte y Asociados, el negocio que Lúgaro heredó de su madre, así como que ejecutaron otras 16 órdenes de allanamiento en otros 12 municipios con relación a una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación de Estados Unidos.
La pesquisa abarca a compañías que proveen los servicios de tutoría y ayuda suplementaria que se supone incidan en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes, pero que han estado bajo análisis precisamente por supuesta inefectividad de sus servicios.
NotiCel confirmó que otra de las firmas allanadas fue Action to Build Changes, cuyo presidente es Juan Ángel Martínez Romero y su socio es Ernic Ortiz, hermano del excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder Ortiz.
El golpe federal viene justo cuando, por disposición de la Ley Electoral, Lúgaro debe estar enfrascada en el proceso de recoger endosos, o firmas del público a favor de su candidatura, un obstáculo que existe para los candidatos independientes, pero no para los candidatos bajo partidos establecidos.
Los aspirantes a candidato independiente para gobernador, como Lúgaro, necesitarían recoger unos 26,882 endosos para poder correr ya que eso sería el 3% de la cantidad de votos que obtuvo el candidato ganador a la gobernación en la elección pasada, Alejandro García Padilla, quien ganó con 896,060 votos.
El límite para entregar el 50% de los endosos es noviembre de este año, y, un mes después, en diciembre, se acaba el plazo para el restante 50%.
Al momento, Lúgaro no ha dicho si la acción de ayer altera su plan para la candidatura independiente.
Además de ser elector hábil, todo candidato a gobernador, ya sea independiente o de un partido político, tiene que cumplir con los requisitos constitucionales de haber cumplido a la fecha de la elección los treinta y cinco años de edad y sea y haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico.
El Artículo 8 de la Ley Electoral establece que los partidos políticos establecerán los requisitos para que los aspirantes puedan cualificar para un cargo público electivo, excepto en aquellos casos que la aspiración sea a través de una candidatura independiente. La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) establece los requisitos para que un aspirante se convierta en candidato de manera independiente y estos incluyen que establezca su intención de aspirar a una candidatura completando bajo juramento un formulario informativo de la Comisión con el fin de iniciar el proceso de candidaturas.
Se le exige a todo candidato una certificación del Departamento de Hacienda que declare el cumplimiento por parte de la persona de la obligación de rendir su planilla de contribución sobre ingresos en los últimos cinco años y las deudas existentes, si alguna. En caso de que la persona tenga deuda, la certificación informará sobre la existencia de un plan de pago y que se está cumpliendo con el mismo. En caso de que la certificación requerida declare que la persona no ha rendido planillas y se trate de una persona que no recibió ingresos o residió fuera de Puerto Rico durante los últimos cinco años o parte de éstos, la persona vendrá obligada además, a presentar una declaración jurada que haga constar tales circunstancias.
Los candidatos tienen que presentar una certificación del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales que declare que no tiene deuda por motivo de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. En caso de que la persona tenga deuda, la certificación informará sobre la existencia de un plan de pago y que se está cumpliendo con el mismo.
Se le exige que se haya sometido a pruebas de dopaje para la detección de sustancias controladas de conformidad con las directrices que establezca la Comisión a petición del partido político al que pertenezca el aspirante. En los demás casos, la Comisión determinará por reglamentación los contornos de este requisito. En la elección pasada fueron pruebas de cabello. En el caso de los candidatos independientes, la CEE estableció los laboratorios adonde tenían que ir.
Lúgaro ya admitió en un programa de radio que en algún momento usó marihuana.
El candidato debe presentar un certificado de antecedentes penales que refleje que no ha sido convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral y una declaración jurada de que no ha sido convicto por estos delitos en otras jurisdicciones, ya sea estatal o federal
Cercan el fraude en Educación
Referido de la Oficina del Contralor de Puerto Rico provocó allanamientos a 15 contratistas del programa de tutorías SES
Las 17 órdenes de allanamiento diligenciadas el viernes contra 15 compañías que han contratado con el Departamento de Educación fueron producto de un referido reciente de la Oficina del Contralor de Puerto Rico a las autoridades federales.
A preguntas de El Nuevo Día, tanto la contralora Yesmín Valdivieso como el portavoz en la isla del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), Moisés Quiñones, confirmaron que los registros, como parte de una investigación de fraude, fueron el resultado de un referido de la funcionaria luego de llevar a cabo una pesquisa local sobre el extinto programa de tutorías Servicios Educativos Suplementarios (SES).
“Hicimos una investigación de este programa de SES e hicimos un referido a la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal. El referido fue en febrero de 2015, y seguimos cooperando con ellos”, indicó a este medio la contralora Valdivieso.
Quiñones, por su parte, indicó que los allanamientos fueron solo una fase de la investigación en curso y que no podía predecir en qué momento podría ofrecer más información.
“Si culminara en arrestos y en acusaciones, se pueden dar detalles. Mientras tanto, no se puede decir nada”, manifestó Quiñones, quien estimó que esta ha sido la primera vez que se emite tal cantidad de órdenes de allanamiento a compañías de servicios educativos.
SES, un programa multimillonario sufragado en su totalidad con fondos federales, fue sustituido el año pasado por las Redes de Apoyo Diferenciado (RAD), una iniciativa creada por el Departamento de Educación de Puerto Rico, como parte del Plan de Flexibilidad en el que se encuentra, que le permite adecuar estos servicios a las necesidades particulares de los estudiantes de aquí. Entre las 15 compañías allanadas el viernes se encuentra la empresa América Aponte & Associates, propiedad de la familia de la abogada y aspirante independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte.
Otro de los allanamientos se realizó en la sede de Virtual Education Resources Network (Vernet), confirmó a El Nuevo Día su presidente, Manuel Figueroa Collazo.
“(Los agentes federales) llegaron esta mañana, a eso de las 9:00. Todavía no es claro el objetivo, fuera de que querían unos récords de unos estudiantes de un programa en específico, el de Servicios Educativos Suplementarios… Ellos fueron bien específicos de que era ese programa y de unos años en específico, de 2010 a 2013”, indicó Figueroa, cuya empresa ha tenido contratos con Educación desde 2003 que ascienden a $90 millones.
“Yo sospecho que tiene que ver con el asunto de asistencias: en este programa de tutorías, se paga por estudiante servido, y siempre hubo unas sospechas de que en algunos proveedores no se estaba dando el número total de tutorías que se estaba facturando”, añadió al tiempo que aseguró que continuaría cooperando con las autoridades.
Lúgaro Aponte, cuya compañía ha tenido contratos que ascienden a $46 millones, aseguró que se sentía tranquila con el proceso y que, si se trataba de una investigación por fraude, “debería hacerse más en Puerto Rico”.
“Deberían investigar a todos los proveedores del Departamento de Educación porque es sumamente importante que se pueda fiscalizar el uso de los fondos”, expresó la abogada frente a su oficina en Trujillo Alto.
“Si alguien lleva los procesos conforme a la ley, soy yo. Si alguien, cuando ha visto incumplimiento de parte de Educación, se lo ha señalado mediante carta, constantemente, (diciéndoles): ‘mira, están incumpliendo con esta regulación federal, aquí se están usando los fondos incorrectamente’, he sido yo”, añadió.
Trascendió, además, que agentes federales allanaron las oficinas de la empresa Action to Build Changes (ABC, Corp.), en la que se destaca como cofundador Ernic Ortiz, hermano del exsenador y excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Eder Ortiz.
Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, ABC, Corp. ha recibido contratos con el gobierno por $29 millones. De esos, $26.7 millones proceden de contrataciones con el Departamento de Educación.
Este medio intentó contactar a Ernic Ortiz, pero su teléfono respondió insistentemente con un mensaje automático que avisaba que no estaba disponible. Tampoco respondió a preguntas enviadas a su dirección de correo electrónico.
Parco Rafael Román
Tras el anuncio, el secretario de Educación, Rafael Román, no quiso ofrecer entrevistas y se remitió a unas declaraciones escritas.
“Al momento, desconocemos las razones de la investigación que se realiza e involucra a estas compañías. Si en algún momento, las autoridades federales solicitaran a la agencia algún tipo de información, estaríamos en la mejor disposición de colaborar como siempre lo hemos hecho”, lee la declaración en la que asegura que conoció de los allanamientos a través de la prensa.
Silencio en OAF
La directora interina de la Oficina de Asuntos Federales de Educación, Enid Madera, no emitió comentarios, y la portavoz de la agencia, Cosette Donalds informó que ningún funcionario del Departamento haría expresiones sobre el suceso.
A principios de marzo, este medio publicó una investigación sobre las irregularidades en los servicios que se brindan en el DE con fondos federales. Tras los reportajes, una emisora radial (WKAQ) entrevistó a Madera y le cuestionó los resultados de SES y RAD, el programa que sustituye al primero y que entró en vigor a finales del año pasado.
“El Departamento no monitoreó de la forma más adecuada la utilización de esos fondos (de SES) ni los servicios que estaban siendo ofrecidos por estas compañías, y los resultados son claros”, dijo Madera en la entrevista del 11 de marzo, luego de reconocer que, por más de 10 años y antes de que ella asumiera esa posición, se habían implementado estrategias educativas en el Departamento sin auditarse.
Una fuente vinculada al Departamento de Educación aseguró que en esa agencia, principalmente en la Oficina de Asuntos Federales, había “consternación” por los allanamientos a pesar de que es un “secreto a voces que hay compañías que tienen mal manejo. Pero que hayan sido 15 las allanadas en medio de la investigación, es impresionante”.
La fuente indicó, además, que aunque en el Departamento conocen de supuestas irregularidades de parte de algunas de las compañías que ofrecen estos servicios, aun así, les mantuvieron la certificación que les permite contratar con la agencia.
“Seguían contratando (a las mismas compañías) porque la agencia no las descertificó. Nunca firmó un papel que dijera que no se podían recontratar”, expresó la fuente que no quiso identificarse por temor a represalias.
Anualmente, el Departamento de Educación recibía cerca de $100 millones de fondos federales para contratar entidades privadas que ofrecieran tutorías después del periodo regular en las escuelas.
Este programa fue cancelado luego de múltiples cuestionamientos tras no producir verdadera mejoría en el desempeño de los estudiantes y los fondos asignados a él fueron destinados a otros programas bajo nuevas reglas que incluían mayor fiscalización.
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