EL VOCERO / Archivo

“Mea culpa, mea culpa,” debiesen clamar los profetas del desastre político arrodillados(as) ante el “Altar de la Patria” que se desploma, mientras expían su prepotencia en esta Semana Mayor.   La resistencia de un Pueblo vibra ante el calvario político por el cual nos arrastra el arzobispado propagandístico del Estado.  Hay que derrumbarles los falsos altares de la cual alimentan su narcisismo político, dándole la espalda al Pueblo.  Como dioses paganos su credo se les esfuma cada vez que pasan la canasta para que el Pueblo se sacrifique entregándole su último centavo. Su única redención posible es cumplir con su responsabilidad de escuchar a un Pueblo hastiado por la desesperanza.

Debemos revisitar el sermón de político(as) que reclaman una veneración a ciegas por fe, como si su palabra estuviese libre de pecado. Bajo el mantra que no se despedirán empleados(as) públicos(as), le exigen al Pueblo se auto-flagele con gato de nudos, como penitencia por la irresponsabilidad y negligencia de políticos(as) que se vanagloriaron, mientras llevaron al país por el abismo fiscal de los círculos dantescos infernales. Poco parece importarles cómo sus decretos dictatoriales, sin tomar en cuenta las voces del Pueblo, afectan no sólo al sector privado, sino a los mismos que alegan proteger en el sector público.  En esta Semana Mayor de reflexión,  revisemos a grandes rasgos el mapa trazado por el gobierno bajo la batuta del gobernador Alejandro García Padilla.

El cuatrienio comenzó en el 2013 con el amague de un recorte de gastos en la legislatura ajustándose sus beneficios marginales de dieta y millaje; mientras el gobernador se daba golpes de pecho anunciando que su vehículo oficial fue escogido entre los confiscados por la policía.  Posteriormente, legislaron ajustes para bajar las pensiones a tres segmentos: empleado(as) públicos a nivel central, a la judicatura y al magisterio.   Como era de esperarse, las leyes terminaron ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR).  Primeramente, se endosó la ley aprobada para ajustar pensiones de servidores públicos. No obstante, tan pronto les tocó interpretar la ley que les afectaba directamente a la Rama Judicial, el tono de su conflicto de interés subió, sin importar el color del partido político que los designó. Amparándose en la Constitución del ELA de PR, el TSPR bajo la presidencia del juez Federico Hernández Denton protegió sus intereses personales, so color de que no podían ceder ante el intento de socavar su independencia judicial.  El sector magisterial trató de beneficiarse de esa ola de cambio de posición del TSPR; cuya ley al día de hoy está en el aire.  No obstante, la Rama Judicial, bajo el liderato de la actual jueza presidenta Liana Fiol Matta, se encuentra recortando gastos con una tijera bien afilada, para ajustarse al recorte millonario presupuestario.

El pie forzado para los recortes iniciales en el gobierno, se cifró en el pago de la deuda pública de bonos se han ido venciendo; mientras el gobierno toma prestado para su “obra” o más bien de camino a las elecciones 2016.  Al principio del cuatrienio, se le dio continuidad al plan de Fortuño de establecer “alianzas públicas-privadas”, alquilando el aeropuerto a empresa privada, como lo había hecho ya con el Expreso #22 hacia Dorado.  El impuesto sobre los derivados de petróleo (“la crudita”), dándole gabela al Secretario de Hacienda para aumentarlo en vías de garantizar el recauda “necesario” no se hizo esperar; mientras se debate el pago de la deuda  a bonistas o la posible quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); con o sin la llamada Ley de Quiebra Criolla. La contratación de una alegada “experta” a un costo millonario, quedó en entredicho cuando solicitó extensión a su jugoso contrato por no haber anticipado “lo complejo” del panorama.  Estará por verse, si su alegado “peritaje” millonario, ofrece soluciones noveles que no conlleven aumento de tarifas al costo de la electricidad o el uso del gas natural, ya repudiada por el Pueblo. Mientras el pago de la deuda pública se ventea, la necesidad de recapitalizar el Banco Gubernamental de Fomento, tomó un nuevo giro con la propuesta de “transformar” el sistema de contribuciones de uno del pago de contribuciones sobre ingresos e impuestos al consumo de un 7%, a uno de impuestos sobre el valor añadido al consumo con una tasa mayor de un 16%; echándole leña al fuego.

Ante la falta de credibilidad y desconfianza en el gobierno territorial que no supo administrar los fondos públicos con sensatez, no se puede ceder el poco poder limitado de un Pueblo colonizado. La resurrección está en nuestras manos. ¡Habla Pueblo, habla!

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