El Doctor Carlos Mellado López es un valiente joven médico con un agudo sentido de responsabilidad social como lo evidencia su historial primordialmente dedicado al servicio público. Fue Director Médico de los centros de salud de Canovanas y Yabucoa. Además de haber sido presidente / director médico de la sala de emergencia del Caribbean Medical Center en Fajardo, fue también, Director Médico del plan de salud “Red Médica de Puerto Rico” y miembro de su junta de directores. Allí desarrolló estudios actuariales e implementación de programas de mejoramiento continuo de calidad. Fue asesor de la Comisión de Salud del Senado y miembro de la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la implantación del derecho a la salud.
Su inquietud social trascendió los confines insulares llevándolo a presidir la Fundación Forjadores de Esperanza y a ser Presidente y miembro fundador de la Fundación Haití se Pone de Pie, cuya labor es brindar servicios médicos y de prótesis a los pacientes víctimas del terremoto de Haití.
Además de su trayectoria de liderato y haber desarrollado gran capacidad en el área de la administración pública y privada, se ha desempeñado como médico primario en la práctica concentrando su esfuerzo en la atención de pacientes de la reforma de salud y planes privados.
Luego de tres años y medio de haber sido nombrado Procurador del Paciente por el Exgobernador Luis Fortuño -fue designado al cargo en junio de 2011- el Dr. Mellado renunció a esa posición el pasado lunes 6 de abril con efectividad el 30 del mismo mes. Su nombramiento tenía una vigencia de 10 años. Informó que regresa a la práctica privada el próximo mes.
Desde que el gobierno de AGP llegó al poder en enero del 2013, trató infructuosamente mediante legislación de consolidar o eliminar las distintas procuradurías con el único propósito de sacar de sus posiciones a los procuradores nombrados por Luis Fortuño y poner en ellas a Populares dispuestos a obedecer órdenes y minimizar o esconder las protestas de los ciudadanos contra las agencias del gobierno popular.
Así se intentó pasar la Oficina del Procurador del Paciente al Departamento de Salud en lo que era un .claro conflicto de interés, ya que la Secretaria de Salud no podría adjudicar controversia alguna ante una entidad la cual representa.
Al no poder lograr consolidar o eliminar la procuraduría ni lograr la renuncia o destitución del doctor Mellado, la administración Popular optó por reducirle a la oficina el presupuesto y las herramientas necesarias llevándola a niveles casi inoperantes y limitando su jurisdicción únicamente a los pacientes del Plan de Salud del Gobierno, conocido como la Reforma de Salud o Mi Salud. Dejando fuera de la protección de su Oficina a más del 55 por ciento de los pacientes,
Increíblemente el doctor Mellado ha señalado que durante la presente administración no ha podido reunirse con el Gobernador, o con su ayudante a cargo de la salud ni con la secretaria de Salud, Ana Ríus con quien su comunicación “ha sido mínima”.
Por todo lo anterior y por no constituirse en un impedimento para servirle efectivamente a los pacientes, el doctor Mellado optó por renunciar a su cargo ya que consideró que estaría en una posición imposible de operar la procuraduría, particularmente tomando en cuenta la difícil situación fiscal actual de ASES y la situación que se avecina de que para mediados del 2018 se habrán terminado los $6,000 millones de Obama Care que fueron asignados en bloque a Puerto Rico. Todo lo cual presagia que habrá de producirse una crisis de gran magnitud en los servicios de Mi Salud afectándose significativamente- de manera negativa -los servicios a los pacientes y acrecentándose por consiguiente las quejas y protestas por parte de estos. Para disipar y minimizar las expresiones de los pacientes, la actual administración siente la necesidad de poner desde ahora un procurador del paciente que sea un sumiso Popular y esté dispuesto a encubrir la situación por fines político partidistas.
En su carta de renuncia al gobernador, el doctor Mellado valientemente le señaló: “no puedo ocupar un cargo que usted ha convertido en una farsa y para velar por el bienestar de todos los pacientes en Puerto Rico. No acepté este cargo para ser sello de goma del gobernador, sino para velar por los pacientes.” ¡Amen!
Buena suerte en sus nuevas funciones doctor Mellado. Estoy seguro de que en un futuro gobierno habremos de verle sirviéndole nuevamente al pueblo desde una alta posición. Puerto Rico no puede darse el lujo de perder buenos jóvenes servidores públicos.
José M. Saldaña Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico.
El menoscabo de las obligaciones como política pública
Por Andrés L. Córdova/ Profesor de Derecho
Con la perspectiva que da el paso del tiempo, los últimos 27 meses de gobierno de Alejandro García Padilla apuntan a un claro y consistente patrón de menosprecio a la protección constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. Basta con recordar la ley sobre el Retiro de Empleados Públicos (la cual fue avalada judicialmente), la ley sobre el Retiro de los Maestros y el Retiro de la Judicatura (ambas declaradas inconstitucionales en su aplicación retroactiva) y la llamada Ley de Quiebra Criolla que fue declarada inconstitucional por el Tribunal de Distrito Federal, y hoy hace su camino por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en Boston.
Tan recientemente como hace dos semanas los legisladores del PPD en la Cámara de Representantes Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y Manuel Natal presentaron una propuesta para celebrar un referéndum especial para enmendar el Artículo VI, Sección 8, de la Constitución sobre el pago de la deuda pública. Por su parte, el Representante Javier Aponte Dalmau y otros presentaron un proyecto para imponer un impuesto de 50% sobre los intereses devengados de los bonos emitidos por las corporaciones públicas, no garantizados bajo la cláusula constitucional sobre el pago de la deuda pública.
Estas dos medidas denotan, por un lado, un grado de desesperación política frente a la crisis fiscal y económica que sufre el país. Por otro lado, también delatan un oportunismo populista de parte de sus proponentes, quienes buscan el favor público por sus medidas que a primera vista pudieran parecerles simpáticas a ciertos sectores políticos. En el caso de la propuesta del Representante Luis Vega Ramos,et al, no debemos olvidar que para lograr una enmienda a la Constitución conforme su Art. VII se requiere primero la aprobación por 2/3 partes de la Asamblea Legislativa y, luego, la celebración de un referéndum especial de los electores capacitados. El PPD no tiene 2/3 de los votos en las Asambleas Legislativas. La portavoz de la minoría la Representante Jennifer González ya adelantó que la delegación del PNP no apoyará la medida. En el caso de la propuesta del Representante Aponte Dalmau, et al, ésta descansa en la tenue interpretación del alcance legal de una opinión legal (“prospectus”) suscrita conjuntamente con pasadas emisiones de bonos. De aprobarse esta medida, es probable que enfrente la impugnación judicial correspondiente.
Ambas propuestas suponen modificar los términos y condiciones de los bonos ya emitidos y que fueron adquiridos por sus tenedores con la confianza depositada en los acuerdos suscritos por el Gobierno de Puerto Rico. En el caso de la propuesta del Representante Aponte Dalmau, la ventajería que se pretende es evidente en tanto que declara que se puede imponer el impuesto sobre los intereses que generen los bonos emitidos para sufragar la cuestionable deuda extraconstitucional, a la vez que se incluye en la legislación cómo gran parte de sus recaudos se habrían de utilizar para beneficio del Gobierno de Puerto Rico. Ambas propuestas – aunque políticamente poco factibles – implicaran el menoscabo de las obligaciones contractuales asumidas por el Gobierno de Puerto Rico. Ya voces más prudentes dentro del propio PPD han salido para oponerse a ellas. Es en este contexto que hay que entender la anunciada degradación adicional de los bonos de Puerto Rico por la casa acreditadora Fitch Ratings, citando como justificación la incertidumbre creada por los proyectos de ley presentados.
Tanto el Art. II, Sección 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Art. I, Sección 10, de la Constitución de los Estados Unidos, expresamente prohíben el menoscabo de las obligaciones contractuales. El propósito de estas disposiciones es asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales, tan importantes para nuestro desarrollo económico y la protección de los derechos propietarios de los individuos. Al igual que otros preceptos constitucionales, esta protección no es absoluta y debe ser armonizada con el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público. Más aún, cuando el Estado es parte en un contrato, su escrutinio debe ser riguroso y mostrar la necesidad de su menoscabo, toda vez que el Estado bien pudiera estar actuando para beneficio propio y no del interés público. En estos casos, para que un menoscabo contractual pase el escrutinio constitucional debe ser necesario para adelantar un propósito gubernamental importante, y que no existen medidas menos onerosas para lograr ese fin.
Durante estos dos últimos años hemos visto y vivido como el Gobierno de Puerto Rico ha ido socavando como cuestión de política pública la estabilidad y la certidumbre de sus relaciones contractuales, agravando con su mal juicio el bienestar económico y los derechos propietarios de toda la ciudadanía. Más aún, todas las medidas impositivas promovidas por esta administración en los últimos dos años no han ido unidas a una sistemática reestructuración del aparato público en todos sus aspectos para bajar sus gastos operacionales. Resulta evidente que el Gobierno de Puerto Rico ha confundido el verdadero interés público con el interés político de la administración de turno.
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