De un análisis preliminar efectuado por la Liga de las Cooperativas de Puerto Rico se desprende que el impacto de la imposición del Impuesto al Valor Añadido (IVA) a dicho sector redundará en $23 millones, al trastocar significativamente los beneficios de exención contributiva que gozan en la actualidad.

Mildred Santiago Ortiz, directora ejecutiva de la Liga, aseguró estar preocupada por el manejo que se le dará al sistema de créditos o reembolsos a las cooperativas de tipos diversos, como las comerciales, de mayoristas, profesionales, agricultura y trabajo asociado, entre otras, que incurran en transacciones intermedias de distribución.

¨Debemos advertir que los mecanismos dispuestos por el gobierno para estos fines suelen ser burocráticos y lentos. Para muchas de estas cooperativas esto puede redundar en serias limitaciones de flujo de efectivo y por consiguiente en limitar su capacidad para continuar sus operaciones¨, aseveró.

Por otro lado, mencionó que les preocupa el costo que conllevará el manejo de esos mecanismos. “Todo ello sin contar que bajo el nuevo escenario pagarían IVA por el costo de adquisición de bienes y servicios reduciéndose significativamente los efectos de las exenciones contributivas que le permitían mantener costos operacionales más bajos¨, planteó Santiago Ortiz.

A modo de ejemplo ilustró que la Cooperativa de Farmacias (COOPHARMA), si finalmente llega el impuesto de 16% en el IVA para la adquisición de bienes y servicios, sentirá un incremento sustancial en los gastos operacionales que podría provocar el cierre de muchas de sus farmacias participantes.

En cuanto a las cooperativas comerciales les preocupa el impedimento legislativo de no reflejar el pago del nuevo impuesto en el recibo de compra, lo cual todavía no está claro. Indicó que cooperativas de cafeterías, de gasolineras con puntos de venta de productos, de farmacias y otras, se afectarían con esto y al no registrar el desglose los comercios podrían tener que pagar más contribuciones municipales por concepto de propiedad mueble.

En torno a los servicios financieros que estarán excluidos del IVA, entiende que conllevaría un aumento en el costo de los servicios debido a los gastos operaciones, y eso redundará en una reducción significativa en los dividendos y en los programas gratuitos de servicios a los socios y a la comunidad en general. Lo mismo sucedería con las cooperativas de vivienda que también pagarían el IVA por los productos que adquieren y los servicios que contratan.

“De conformidad con un análisis preliminar efectuado con la colaboración del economista Mario Puchi Acuña, las cooperativas experimentarían un incremento estimado de entre $13.6 millones y $19 millones anuales por sus gastos sujetos a IVA. Este nivel superior de gastos se convertiría en un incremento en el costo fijo de sus estructuras administrativas. Para estas Cooperativas cada día resulta más oneroso hacer negocios en la industria financiera debido a los altos costos para cubrir las áreas de cumplimiento, el seguro de acciones y depósitos y las grandes cantidades que anualmente se llevan a las reservas por la crisis económica que produce altos índices de morosidad en todas estas instituciones”, afirmó la ejecutiva.

Por otra parte, Santiago enfatizó que las cooperativas poseen $1,300 millones invertidos en bonos del gobierno de Puerto Rico por cuya degradación enfrentan un escenario de limitado crecimiento económico para los próximos años. Poseen además $41.9 millones en préstamos para el Sistema de Retiro de los empleados públicos.

Comentó que han expresado la preocupación al gobierno y no han recibido respuesta. Agregó que incluso miembros de la junta de COSSEC se oponen a la reforma contributiva.

El director ejecutivo de COSSEC, Daniel Rodríguez Collazo, no estuvo disponible para comentarios.