Proveedores de salud alrededor de toda la Isla lamentaron que las nuevas reglas para contratar con dos compañías proveedoras del plan de salud del Gobierno limitará el acceso de pacientes a escoger dentistas y laboratorios y afectará la calidad de los servicios y la capacidad de estos proveedores para mantenerse operando.
A esto se suma una deuda millonaria con las farmacias de la comunidad que las mantiene con el agua hasta el cuello.
A principios de mes, cuando se dio la transición del plan de salud del gobierno, al menos dos de los proveedores–PMC y MMM – cambiaron las reglas del juego para limitar la cantidad de proveedores autorizados en cada región. La situación es más evidente en profesionales como los dentistas, que anteriormente tenían una red abierta, lo que significa que los dentistas que quisieran ofrecer servicios a pacientes con la reforma, podían hacerlo.
Eugenio González, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas dijo que esta ha sido la realidad por los pasados 20 años, pero que el panorama cambió de un plumazo afectando entre 50 y 100 dentistas y cientos de pacientes en el noreste y suroeste, principalmente.
Explicó que en estas dos regiones solo 280 dentistas atenderán pacientes con la tarjeta del gobierno bajo los proveedores PMC y MMM.
“El sistema que están utilizando para decidir esto no se atempera completamente a Puerto Rico. Están usando el subterfugio del contrato para limitar proveedores, limitar servicios, limitar la utilización del plan”, dijo González.
En Puerto Rico hay entre 1,300 y 1,400 dentistas. Actualmente, dijo González, la mayoría de los dentistas aceptan el plan del gobierno y estos pacientes constituyen en muchos casos entre el 90% y el 95% de los pacientes que atienden. Explicó que Triple S dejó la red abierta, mientras Molina ofrece los servicios médicos a través de Delta.
“Con International Medical Care estamos en veremos porque el contrato es ambiguo y no lo están enviando a todo el mundo. A algunas personas les dicen que sí y a otros que no. International Medical Care tiene los pacientes del Departamento de la Familia y tiene que tener proveedores en toda la Isla y en este momento no lo están cumpliendo”, indicó.
González explicó que llevaron sus preocupaciones a Ricardo Rivera, director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), pero que no han quedado complacidos con las explicaciones.
“Dental siempre ha estado abierto y dental nunca ha sido un gasto o riesgo económico en la reforma. Nosotros somos un 4% del gasto total de la reforma. No entiendo la razón porque se está limitando el servicio cuando el gasto no es tan alto”, dijo.
Esta decisión, dijo, afectará las relaciones entre médicos y pacientes y provocará que muchos dejen de ir al dentista, un servicio principalmente de prevención, provocando así mayores problemas de salud en la población.
“Nuestra preocupación es que los servicios se le están privando al paciente. Dental es una rama de prevención de principio a fin, por eso es que el gasto en dental es bajo y entonces lo que ocurre al limitar los servicios y vamos a empobrecer la salud oral del pueblo”, indicó.
Lo mismo sucederá con los laboratorios clínicos pues estas compañías – PMC y MMM – han limitado los laboratorios que estarán cubiertos para los pacientes del plan de salud del gobierno.
Una fuente allegada a la clase médica, y que solicitó mantenerse en el anonimato, describió la situación como una que atenta hasta con la estabilidad de muchos galenos en Puerto Rico. “Aquí colapsó el sistema. Además de quebrarlo, han puesto al cabro a velar por las lechugas. Han puesto a un ejecutivo proveniente de aseguradoras a manejar el plan de la gente. Qué intereses crees que va a velar”, indicó la fuente.
“Lo que hay que preguntarse aquí es cuánto de cada dólar va a los pacientes. Esa es realmente la pregunta. Y cuánto se queda en los bolsillos de las aseguradoras. Ese es el principio de este caos que estamos viviendo hoy”, apuntó.
La fuente agregó que una posible solución sería regresar al llamado Sistema Arbona que regía antes de la colapsada reforma de salud. “Ese era un sistema ejemplo para todo el mundo. Funcionaba bien, eficiente y amplia cobertura a través de todos los sistemas de la Isla: con facilidades médicas primarias, secundarias y terciarias Y el paciente estaba atendido propiamente. Aquí la solución es regresar a él pero hacerlo por regiones como proyecto piloto”.
Añadió el informante que “no se trata de las aseguradoras ni de los médicos. Se trata de que los pacientes tengan un derecho a la salud digno; eso no va a ocurrir con esta ni con ninguna otra reforma donde el dinero pase del gobierno a las aseguradoras”.
La fuente puso como ejemplo el caso del HMO Kaiser Permenente, en EEUU. “A través de este HMO, el 85% de cada dólar va directamente al cuidado y beneficio del paciente. Te aseguro que en nuestra reforma eso no ocurre así. Siempre median los intereses económicos y políticos por encima del bienestar de los pacientes”.
Las últimas estadísticas apuntan a que Puerto Rico pierde un médico por día, el cual en la mayoría de los casos se va a los Estados Unidos.
A esto se le unen los que terminan de estudiar la carrera y aquellos que luego de su segundo o tercer año se van al exterior.
Dura realidad para los laboratorios
José Sánchez, presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, dijo por su parte que no se cumplió con la fecha del 31 de diciembre para certificar las redes de proveedores.
“Al momento están los planes médicos sin contratar a todos los proveedores y especialmente los laboratorios”, indicó. “La situación con los laboratorios, contrario a los demás proveedores, excepto los hospitales, es que son autorizados por el Departamento de Salud. Se autoriza la operación de un laboratorio para poder atender las necesidades de una población y asegurar que el pueblo tiene acceso a los servicios”.
Explicó que cuando comenzó la reforma, se autorizó el establecimiento de más laboratorios clínicos y que ahora hay 754 laboratorios.
“Las aseguradoras pretenden contratar solo a 200 porque ese es el mínimo requerido bajo el contrato, un laboratorio por cada cinco mil suscriptores”, indicó. “Al dejar estos otros 554 laboratorios afuera, limitas el acceso a los pacientes a los laboratorios, los obligan a ir a otros laboratorios, que a lo mejor quedan lejos y dificultas a los suscriptores conseguir los servicios que necesitan”.
Para Sánchez, el objetivo de estos cambios es reducir el uso de las facilidades de salud y aumentar las ganancias de las aseguradoras.
“Van a saturar a esos 200 laboratorios, van a causar un hacinamiento donde la calidad de los servicios se va a ver afectada. No es lo mismo que un laboratorio atienda 60 pacientes a uno que tenga que ver 200 o 300 pacientes en un día”, dijo Sánchez. “La gente va a tener que esperar más en esos laboratorios, se complica el proceso y el paciente es que el paga las consecuencias de no poder conseguir sus resultados a tiempo”.
Deuda de $40 millones con las farmacias
Idalia Bonilla, presidenta de la Asociación de Farmacias de la Comunidad, dijo que cargan con una deuda de $40 millones por parte de ASES. Esta deuda se acumuló desde el 31 de marzo, en el proceso de transición a los nuevos proveedores del plan de salud del gobierno.
Bonilla explicó que las farmacias de la comunidad son las únicas que despachan medicamentos a los pacientes del plan del gobierno. Tener el dinero en mano les permite pagar a los vendedores de los medicamentos y obtener unos descuentos. Esto les ha resultado imposible porque no llega el dinero que les adeuda el gobierno y no saben cuándo se lo van a pagar.
“Esto trae como consecuencia que no hayamos podido comprar medicamentos para brindar los servicios”, dijo.
Aseguró que han discutido el asunto con ASES, pero que no hay una fecha cierta para este pago que podría significar un pago de $80 mil para una farmacia de la comunidad. En total, hay 750 farmacias de la comunidad.
“El gobierno no nos puede dar una fecha exacta de cuánto nos van a pagar el mes de marzo. Las farmacias de la comunidad nunca hemos tenido esa falta de sensibilidad, esa falta de compromiso. Estamos haciendo todo lo humanamente posible brindando los servicios porque el paciente para nosotros nunca ha sido un issue económico”, dijo.
Explicó que un medicamento bioequivalente que antes costaba $5 y una crema que antes costaba $8 ahora puede costar cientos de dólares, lo que ha aumentado las dificultades económicas de estos negocios.
“Estamos solidarias con toda la preocupación porque no somos la excepción en el problema fiscal. El paciente no escoge estar enfermo, pero tenemos una situación delicada en la que estamos a punto de decir que no podemos más”, expresó Bonilla. “El problema es de tal magnitud que no es que la farmacia no quiera dar el servicio, por mejor intención que tengamos es un serio problema económico”.
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