Por Maricarmen Rivera Sánchez y Yennifer Álvarez Jaimes
A dos meses de que el gobernador, Alejandro García Padilla, radicara su proyecto de reforma contributiva, ni en la Cámara ni en el Senado están los votos para aprobar ninguna de las propuestas que han surgido en las últimas semanas y no se sabe aún para cuándo irá el proyecto a votación.
La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara escuchó ayer a puerta cerrada las enmiendas propuestas por el presidente cameral, Jaime Perelló y el presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael Hernández Montañez. Luego del caucus, ni Hernández Montañez ni el portavoz de la mayoría, Charlie Hernández, pudieron garantizar que haya los votos para favorecer la propuesta de un Impuesto de Valor Añadido (IVA) de 14% en unos renglones y 10% en otros. Según dijeron, ahora los representantes evaluarán el proyecto presentado antes de determinar si lo favorecen o no.
Mientras, en el Senado, los populares también se reunieron a puerta cerrada y lo único que pudieron acordar fue no hablar más del tema hasta que se produzca un proyecto aprobado por la Cámara. Durante el caucus senatorial, la propuesta del presidente, Eduardo Bhatia de un IVA de 11% no recibió el aval de la delegación.
Tras el caucus, Bhatia anunció que no continuará discutiendo públicamente las propuestas hasta que la Cámara consiga los 26 votos necesarios para aprobar la medida.
Según dijo, desde que el gobernador radicó el proyecto en febrero, se han discutido públicamente 14 versiones distintas de reforma contributiva.
“Lo que queremos es evitar que el pueblo se confunda. No queremos llevar al pueblo a una mayor confusión o que se piense que hay tirantez porque no la hay. La preocupación de algunos senadores es que este cambio y esta transformación pueda desacelerar la economía puertorriqueña y queremos esperar a ver el conjunto de las propuestas de la Cámara para ver si esa preocupación perdura”, dijo Bhatia.
Cuando se le preguntó sobre su propuesta de un IVA de 11%, dijo que no fue una propuesta sino un “ejercicio de trabajo” junto a la Comisión de Hacienda. Se ha sabido que este “ejercicio” no contó con el aval de la delegación popular en el Senado. Aseguró que esto no fue discutido en el caucus de ayer.
“Más que una propuesta es un ejercicio junto a Nadal. No entramos en detalles. Queríamos aclarar que el proceso que estamos llevando es un proceso vivo, dinámico, que lo estamos llevando a cabo y es importante que sigamos”, dijo Bhatia. “Hay otros compañeros con ejercicios similares y lo que queremos es que, sea la cifra que sea, se logre actividad económica a la vez que deje los recaudos”.
Bhatia reconoció la urgencia de aprobar un proyecto de reforma contributiva, sobre todo porque el gobierno corre contra el reloj para la aprobación también de un nuevo presupuesto. Dijo, sin embargo, que el asunto está ahora en manos de la Cámara que, según dicta la Constitución, tiene que aprobar los asuntos de recaudos primero.
“Lo repito con el mayor cariño a los compañeros de la Cámara de Representantes. Todo depende de cuánto tiempo demore la Cámara en tener un proyecto de consenso. Ellos han hecho un trabajo muy diligente, se han dedicado a escuchar muchos grupos, igual que aquí”, dijo Bhatia. “Estamos listos, pero cuánto tiempo será depende de en cuánto tiempo ellos tomen su decisión. Para la próxima semana queremos tener algo listo, pero depende de cuándo ellos (la Cámara) tomen su decisión”.
El portavoz de la delegación popular en la Cámara dijo, por su parte, que durante el caucus popular en este cuerpo los representantes buscaron saber si las enmiendas propuestas incluyen sus preocupaciones.
“Hubo consenso en que el documento que se está trabajando se tiene que distribuir entre los compañeros para que en blanco y negro tengan acceso a la versión más reciente porque los compañeros quieren saber exactamente cómo quedaron sus propuestas”, dijo Hernández al indicar que una de las preocupaciones fue si se incluyó el impuesto a los servicios de salud.
La propuesta de la Cámara excluye el impuesto a los servicios de salud y, según dijeron ayer, mantiene la eliminación del pago de planillas a los que ganen $40 mil o menos por individuo o $80 mil por pareja.
Al menos tres representantes populares -Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres y Manuel Natal– habían dejado saber que no respaldarían el proyecto a menos que se atendieran unas medidas que ellos favorecen y que, entre otras cosas, imponen gravámenes adicionales a las megatiendas. Tanto Hernández Montañez como Hernández, aseguraron ayer que esto está atendido en la propuesta cameral.
“A los compañeros que habían presentado alternativas se les dio la evaluación correspondiente. Se han evaluado muchas de las ideas que estaban incorporadas en la versión y las proyecciones”, dijo Hernández. “Ellos, igual que los demás, dijeron que ahora quieren ver el documento para darle una evaluación”.
Hernández Montañez, por su parte, dijo que estos legisladores quieren ver sus propuestas plasmadas en el documento.
Ni en la Cámara ni el Senado precisaron para cuándo se podrá atender este proyecto.
“El número no puede ser al azar”
Por otra parte, el gobernador Alejandro García Padilla, dijo que la tasa del IVA no puede ser aprobada al azar porque se afectarían servicios a la ciudadanía, como por ejemplo, los del plan de salud del gobierno.
García Padilla indicó, a preguntas de EL VOCERO, que “se necesita aprobar pronto una reforma contributiva que dé los chavos, la cantidad de dinero que se necesita para operar y dar los servicios”.
“A la hora de establecer un número (tasa del IVA), el número no puede ser al azar, tiene que ser el número que permite que la gente tenga los alivios contributivos y pagar las obligaciones y servicios”, sentenció.
Sobre el borrador del proyecto de reforma contributiva de la Cámara de Representantes, que propone un 14% de IVA con tasas intermedias de 10%, García Padilla dijo que “hay que verlo como un todo”.
“Lo más importante de esta transformación contributiva son los alivios contributivos a la gente; que a todo el mundo se le reduzcan las contribuciones y que a la mayoría de los puertorriqueños se les elimine las contribuciones”, sostuvo.
“La inmensa mayoría de los policías que están aquí gana menos $40,000 siendo solteros y menos de $80,000 siendo casados. Con la propuesta que nosotros hicimos ninguno pagaría contribución sobre ingresos. Eso quiere decir que lo que le descuentan del cheque ahora se queda en su cheque y ve un aumento en su salario”, manifestó.
“Además, muchos de ellos y ellas (los policías) están por debajo de los $35,000 anuales, eso quiere decir que además de dejar de pagar contribuciones le devolveríamos el equivalente a la mitad de lo que gasten en impuesto de ventas. Hoy pagan contribuciones y pagan IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso) y nos les devuelven nada”, añadió el gobernador.
El mandatario agregó que “el diálogo continúa abierto y en ningún momento se ha interrumpido” con las cámaras legislativas, luego que el viernes protagonizó una disputa con el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, al catalogar su propuesta de un IVA de 11% como “un IVU con esteroides”.
García Padilla suspendió la reunión semanal que hace los lunes con el liderato legislativo para dar espacio a que los representantes y senadores discutan las enmiendas a la reforma contributiva.
El primer ejecutivo hizo las expresiones ayer, en rueda de prensa, luego de entregar 100 motocicletas y un avión nuevo a la Policía de Puerto Rico en el hangar de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA)
Sin fecha para pagar a los proveedores
La Administración de Seguros de Salud (ASES) le debe más de $173 millones a los proveedores de salud y el gobernador Alejandro García Padilla no pudo responder cuándo se emitirá el pago.
Esta deuda mantiene en la cuerda floja a múltiples proveedores de salud porque se suponía que se pagara en o antes del 31 de marzo.
De acuerdo a información suministrada por la agencia a EL VOCERO, $93.8 millones de la deuda corresponden a reclamaciones de servicios médicos de hospitales, galenos y laboratorios. Otros $39 millones son por concepto de reclamaciones de farmacias. Además, $11.5 millones corresponden a servicios de salud mental de APS y $28.8 millones que se le adeudan a la aseguradora Triple S.
Fuentes de EL VOCERO aseguraron que varios proveedores médicos se organizan para hacer un paro de labores de continuar los problemas con los pagos en ASES.
García Padilla se limitó a decir que ASES trabaja junto al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la búsqueda de alternativas para dar liquidez al plan de salud del gobierno. Agregó que ASES mantiene al día los pagos de abril.
“El problema surge cuando algunos bancos deciden no renovar una línea de crédito que permitía que los pagos se hicieran en lo que entraba el dinero de los cobros y ese ha sido el problema para marzo y no para abril. En ese sentido, los pagos de abril se están haciendo con bastante más rapidez y no los de marzo porque parte de un sistema anterior. Estamos trabajando con eso, no solamente para darle liquidez a ASES sino pagarle a los proveedores que han dado el servicio”, sentenció García Padilla a preguntas de EL VOCERO.
El primer ejecutivo aprovechó para exhortar a la Asamblea Legislativa a aprobar una reforma que dé alivios contributivos a la ciudadanía pero además permita pagar las obligaciones el Gobierno.
En tanto, la portavoz de prensa de ASES, Anect Rivas, aseguró que ya se emitieron los primeros dos pagos correspondientes al mes de abril que ascienden $90 millones.
“Se está pagando según el acuerdo, prorrateado a través del mes. Esta semana se paga el 35 por ciento y la cuarta semana, antes del 30 de abril, se pagará el remanente 25 por ciento”, explicó en una declaración escrita.
Además, aseguró que los proveedores están recibiendo pagos por reclamaciones este mes.
“Los pagos capitados a los médicos en abril fueron tramitados por las entidades de salud (se corroboró con muestras hechas en grupos médicos) y cualquier factura que haya pasado por el ciclo nuevo (comienzo al 1ero de abril) de las entidades de salud (son las menos porque el ciclo de las facturas por servicio son de 30 días), esas vendrán el mes que viene”, indicó la portavoz de prensa.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
ASES da su versión de los hechos
La forma en que están operando las aseguradoras en las distintas regiones es lo que establece el contrato que se firmó hace años y es lo que garantiza cumplimiento con las estipulaciones federales que significan millones para la operación del plan de salud del gobierno.
El director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ricardo Rivera Cardona, dijo que los contratos estipulan cuántos proveedores se escogerán por cada cierto número de pacientes. Añadió que ahora se pretende cumplir con las reglas federales para garantizar los $1,500 millones en fondos federales que pagan por el 55% del plan de salud del gobierno.
Dentistas y dueños de laboratorios clínicos dijeron a este rotativo que las proveedoras PMC y MMM limitaron significativamente el número de proveedores en su red, lo que a su entender afectará el trabajo de estos profesionales y el acceso a la salud de estos pacientes.
“El factor que consideramos es el acceso al médico por parte de los pacientes y queda suficiente acceso para la población en cada región. Eso no significa que vas a tener el médico que quieres, significa que vas a tener un médico en tu región”, dijo Rivera Cardona, quien la semana pasada se reunió con estos grupos para discutir el asunto.
Dijo que se comprometió con estos grupos a evaluar los criterios que se utilizaron para escoger unos médicos y unos laboratorios por encima de otros. Añadió que estarán vigilantes para garantizar que los proveedores realmente tengan disponible el número de especialistas que corresponde por cada región.
“Esa es la parte que nos toca fiscalizar y que estamos evaluando. Ellos pueden decir que cumplen con los requerimientos del contrato, pero puede que la mitad de los nombres estén inventados”, dijo Rivera Cardona. “Estamos llamando a distintos proveedores para asegurarnos que los números que están en el papel son correctos”.
Cuando se le preguntó si este sistema sirve bien a los pacientes, dijo que antes de contestar buscar asegurar que las contrataciones están hechas en todas las regiones.
“No lo puedo decir porque yo sé que las cinco entidades de salud no necesariamente cumplen en todos los renglones porque no los tienen debidamente contratados”, dijo Rivera Cardona.
Sobre los laboratorios clínicos, Rivera Cardona dijo que no es lo mismo los requisitos de tener laboratorios disponibles para un plan que las razones por las cuales el Departamento de Salud autoriza el establecimiento de un laboratorio.
“El hecho de que el Departamento de Salud les de licencia y le de los permisos no quiere decir que el Departamento de Salud diga que esa es la cantidad óptima para que los laboratorios estén funcionando. Desde el punto de vista del plan, lo que se busca es que haya un laboratorio por cada cinco mil pacientes del plan en esa región”, dijo. “Eso es lo que establece el contrato, ese es el mínimo”.
Pagarán a las farmacias de la comunidad
Rivera Cardona indicó que ya está encaminado el pago de por lo menos una parte de lo que le adeudan a las farmacias de la comunidad por el despacho de medicamentos a pacientes del plan de salud del gobierno.
De los casi $40 millones que adeudan, dijo, en los próximos días se hará un pago de $20 millones.
“(Ya) di la orden para abonar a esa deuda porque hemos ido poco a poco haciendo pagos y esta semana acabo de aprobar que se le abone a la deuda para ir saldando la cantidad de dinero adeudado”, dijo Rivera Cardona.
No pudo precisar para cuándo se saldará la totalidad de la deuda.
“Nosotros vamos a ir poco a poco abonando. Sería irresponsable dar una fecha definitiva porque depende de obtener una línea de crédito. El Banco Gubernamental me retiró la línea de crédito el 17 de marzo y hemos estado trabajando para solventar la situación de acceso a ese flujo de caja”, dijo Rivera Cardona.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Efecto dominó
El colapso del sistema de salud para la población indigente, más allá de la grave situación de dejar a miles de personas sin los servicios adecuados, acarrea un efecto en cadena que puede repercutir sobre importantes segmentos económicos del país y hasta encarecer los costos para los asegurados en el sector privado.
Mientras el gobierno y la Administración de Seguros de Salud (ASES) intentan alcanzar la ecuación económica que permita costear el multimillonario gasto de Mi Salud y exploran alternativas inimaginables del pasado, conocedores ya advierten sobre la magnitud de los efectos si no se logra una pronta solución.
“La salud no se puede privar, ya que afecta a toda la economía. Se trata de un asunto de humanidad, de cómo atender una situación de salud de un país pobre, donde la responsabilidad del gobierno debe recaer en proveer tres componentes esenciales: salud, educación y seguridad”, advirtió el economista Sergio M. Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Explicó que el problema que enfrenta hoy el sistema de salud del gobierno, y que incide directamente en el sector privado, responde a que “nunca se le dio importancia a la necesidad de asignarle fondos recurrentes a la reforma de salud para poder cumplir con la misma, a pesar de que cada día la población que permanece en el país es una más envejecida”.
“Un sistema de salud avanzado es un indicador de calidad de vida y ello es muy importante para el desarrollo económico de cualquier país. Lo contrario es devastador”, sentenció Marxuach.
Ante la situación demográfica de la Isla, la migración y los datos de empleo, la realidad actual en materia de servicios de salud se torna peligrosa, ya que cerca del 50% de la población local es beneficiaria del plan médico del gobierno.
Por lo tanto, si el sistema colapsa o se reduce en sus ofrecimientos, cerca de dos millones de puertorriqueños no contarían con un plan médico –al menos no como hasta ahora, en el mejor de los casos-, lo cual acercaría más al país a problemas que experimentan otros países tercermundistas.
Al presente, en Puerto Rico existen poco más de 200,000 personas sin plan médico, principalmente, en su edad más productiva, entre los 18 a 44 años, cifra que podría aumentar.
El problema que hoy confronta la reforma de salud, según expertos, se veía venir, ya que nunca se asignaron fondos recurrentes y ni siquiera hubo el intento de buscarlos. En esta coyuntura, y de frente con la reforma del presidente estadounidense Barack Obama, el panorama resulta más complicado.
Edwin Aquino, presidente de la firma de estudios Anderson Research International (ARI), explicó que en términos del desarrollo de país, la salud constituye un elemento primordial para alcanzar mayores niveles de competitividad y eso en este momento está en juego.
“Un país sin salud no tiene desarrollo económico. Un país sin salud es vulnerable a pandemias e infecciones que pudiesen repercutir en una alta tasa de mortandad. En países tercermundistas que carecen de salud como Sudáfrica, tienen problemas con sus aguas, su nutrición, sus desperdicios sólidos, lo que gesta innumerables enfermedades que se hacen imposible de costear¨, opinó Aquino.
Abundó que en el caso de Puerto Rico, donde proliferan condiciones crónicas, como la diabetes, obesidad e hipertensión, la prevención es esencial y de no existir los mecanismos para atenderlo, “representaría un deterioro marcado de gran parte de la población, lo que agudiza la mortandad y con ello se reduce la población laboral en detrimento del desarrollo económico”.
Aquino reiteró que un país sin plan de salud universal no podrá sostener un desarrollo sostenido económico. ¨Puerto Rico necesita comenzar a evaluar las distintas alternativas para implementar una reforma de salud sostenible. Las condiciones de un país sin salud son agravantes y lentamente crean situaciones intolerables sociales y comerciales”, sentenció.
En el caso de que ASES no logre conseguir el dinero para financiar el plan de salud del gobierno, Aquino reconoció que siempre está el peligro de que las aseguradoras busquen maximizar sus costos y puedan surgir alzas a los asegurados en el área privada, no obstante, piensa que ocurrirá lo contrario debido al momento histórico.
Fue enfático al decir que contrario a que las personas experimenten un alza en el costo de los planes médicos, las aseguradoras se verán obligadas a reducir sus costos de cubiertas de manera que sean accesibles a las personas, sobre todo las que se puedan quedar fuera de Mi salud.
“Si bajan los costos pueden acceder a una población de clientes significativa. En el segmento de edad avanzada nada más, superan los 200,000 pacientes y se trata de una población de muy escasos recursos económicos”, señaló.
Sostuvo, además, que la Isla ya tiene que ir preparando un nuevo escenario para manejar el costo de la salud, de cara a los cambios con el Obama Care, que se proyecta se completen entre el 2018 y 2019.
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