Allá para los años cincuenta, Puerto Rico tenía una estructura administrativa equivalente al más adelantado de los carros deportivos de la época. Era la maravilla de la región. Funcionaba con más rapidez que el resto de sus pares, propiciaba avances en el desarrollo económico y era relativamente barata, al punto que recurrentemente se generaban ahorros en el Gobierno que eran reinvertidos en proyectos que procuraban avanzar la economía.

Seis décadas después, el Gobierno usa el mismo vehículo, que ya está ineficiente y requiere “reparaciones carísimas”, en comparación con los  modelos más recientes.

Pero ninguno de los componentes gubernamentales quiere cambiar el viejo carrito por  modelos nuevos, más efectivos, menos costosos, y más hábiles. El problema es simple: todos -los políticos, sindicatos, inversionistas políticos, funcionarios y allegados al Gobierno- temen  que con el cambio de carro pierdan  su asiento.

Esta muralla que impide el cambio cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes. En una entrevista para esta publicación, la exsecretaria de la Gobernación Ingrid Vila estimó que solo con cambios que mejoren la eficiencia gubernamental se puede ahorrar entre 20% y 30% del gasto del Fondo General, que es la principal alcancía del Estado, que se nutre de los impuestos que pagan  los puertorriqueños.

Y estoy siendo conservadora (en el estimado)”, dijo Vila. El 20% del presupuesto actual equivale a alrededor de  $1,919 millones. Una reducción de gastos en este orden sería suficiente como para eliminar casi por completo la contribución de ingresos de los individuos.

Este gravamen recaudó $1,979 millones en el año fiscal 2014. Y eso sin subir otros impuestos, sin alzas en el impuesto al consumo y sin despedir a empleados públicos. En la situación fiscal actual, con los aumentos para el repago de la deuda pública y el deterioro económico  general, una suma así sería un alivio enorme.

El mito del exceso de empleados. La impresión, un tanto generalizada, es que el Gobierno es una especie de gigante obeso, con un exceso enorme de empleados públicos. Eso pudo ser el escenario, por ejemplo, en  2007 cuando, según estadísticas de la Junta de Planificación y del Negociado del Censo, había alrededor de 78 empleados públicos por cada mil habitantes. Para  entonces, todavía se veían con claridad los efectos de las oleadas de empleados públicos que entraban al Gobierno según avanzaba la alternancia en el poder de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP).

La crisis económica, y los consecuentes problemas en los ingresos en el Gobierno, cambiaron la tendencia alcista en el reclutamiento de servidores públicos. La Ley 7 de Emergencia Fiscal, que conllevó el despido de miles de empleados públicos, las ventanas de retiro temprano y la congelación de plazas cambiaron el panorama al punto que entre  2007 y 2013 hubo una merma de 79,000 empleados gubernamentales.

Para  2013, el 7% de la población de Puerto Rico trabajaba en el Gobierno. En  2004, la cifra estaba en 8%.  Ese porcentaje es similar al de muchas jurisdicciones de los Estados Unidos y menor que los de muchos  países occidentales, confirmó Mario Negrón Portillo, exdirector de la Escuela de  Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR). En los Estados Unidos, para  2013, el porcentaje de la población que trabajaba  en el Gobierno era de 6.4%, según el Negociado del Censo.

La conclusión no es muy distinta cuando se mira el tamaño del Gobierno a la luz del movimiento económico del País. Según el economista José Alameda, en  2013 alrededor del 18.6% de la actividad económica de la Isla era promovida por el Gobierno en gastos de consumo o inversiones públicas. “Eso no es muy distinto al de otros países y otros estados”, dijo el economista.

“El problema no es que haya demasiados empleados respecto a la población. El problema es que el sector privado es pequeño y no hemos logrado que crezca… El problema en el Gobierno no es el número de empleados, sino la eficiencia”, sostuvo, por su parte, la exsecretaria de la Gobernación.

“Lo que hay no está funcionando. Tenemos que reconocerlo y perderle el miedo a tomar las decisiones correctas”, expresó, entretanto, el presidente de la Cámara de Comercio, José Izquierdo Encarnación.

Gigante inservible. El diagnóstico del mal administrativo se puede resumir en dos palabras: no funciona. La grasa del gigante del Gobierno no está compuesta por exceso de empleados públicos, sino por un organigrama ingobernable, por duplicidad en funciones y por un modelo político, electoral y laboral que vive de la ineficiencia. La duplicidad -uno de los problemas más costosos- se ve en distintos niveles, pero es más evidente en los gobiernos municipales con  78 alcaldes, 78 legislaturas municipales, 78 oficinas legales, 78 divisiones de recursos humanos, etcétera. “En el gobierno central son como 140 agencias y el problema es que se dan las órdenes, pero no las siguen porque en el sistema se pierden”, manifestó Izquierdo.

Servicio a la burocracia. Los ejemplos de ineficiencia son muchos y algunos hasta absurdos. Por ejemplo, la falta de una transferencia de datos electrónicos entre los departamentos de Hacienda y  de Transportación y Obras Públicas obliga a que los ciudadanos tengan que hacer largas filas para que las multas de tránsito pagadas sean finalmente eliminadas del registro de multas pendientes. También obliga a  servidores públicos a  ingresar uno a uno los códigos de las multas saldas, lo que lleva a la pérdida de recursos, dinero, productividad y tiempo.

Otros ejemplos no están a la vista de los ciudadanos. Por ejemplo, los presupuestos del Gobierno se administran un tanto a ciegas, o con retraso,  puesto que los sistemas de contabilidad de las agencias y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en su gran mayoría, no son compatibles. La incompatibilidad llega al punto de que las tres entidades encargadas de la supervisión fiscal (Hacienda, OGP y el Banco Gubernamental de Fomento) no tienen sistemas informáticos compatibles entre sí.

“Poner al día los sistemas no es una prioridad en el Gobierno. Las decisiones con rendimiento a mediano o largo plazo se dejan para después”, expuso Vila.

“El Gobierno caro e ineficiente lo pagamos nosotros con las contribuciones… Esto también impone costos adicionales a hacer negocios”, dijo el economista Gustavo Vélez.

Todo el andamiaje sigue la filosofía de una centralización de la exagerada mayoría de las decisiones del Gobierno, haciendo que el aparato público que en la década de 1950 fue tan fabuloso como el Hudson Hornet, esté hoy día tan destartalado que no dé para más.

Sin importar a qué partido pertenecen, los políticos del País concuerdan en que el gobierno urge una transformación que lo haga efectivo, consolide agencias y en el que se deleguen responsabilidades incluso a la empresa privada.

Políticos -del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático- consultados por este diario tras la publicación del reportaje especial “Impostergable reestructuración total del Gobierno”, reconocieron que no se puede aplazar más una reforma del aparato gubernamental.

“Creo que ese es el camino correcto. La cantidad de agencias en el gobierno no va a la par con la realidad económica que vive Puerto Rico. Creo que (la reestructuración) se puede hacer sin tener que despedir empleados. El único reclutamiento que debe haber debe ser en las agencias con necesidad, entiéndase maestros, salud, familia…”, dijo la portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes, Jennifer González.

Aseguró que la cantidad de agencias (del gobierno) no va a la par con la realidad económica de Puerto Rico”.

Pero reconoció que aunque la administración de Luis Fortuño comenzó con una reforma gubernamental, ninguna administración de turno ha encontrado la llave para poner punto final a la política que anula el principio de mérito entre los empleados gubernamentales. Igualmente, lamentó que la actual administración no haya continuado con la transformación de Fortuño.

Por su parte, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhammer, recordó que hace más de un año presentó dos proyectos que buscaban arrancar con una reforma gubernamental y “mejorar el desempeño”.

“Buscaba crear un comité multisectorial y que en un período corto le sometieran recomendaciones a la Legislatura. No se trata de que si hay muchas o pocas personas (en el gobierno). Se trata de si es costo efectivo o eficiente”, destacó Seilhammer.

La estructura del gobierno está anquilosada y tanto políticos, sindicatos, inversionistas políticos y funcionarios abogan por el continuismo lo que se convierte en la principal muralla que impide el cambio, recoge la publicación de El Nuevo Día. Con solo algunos cambios que redunden en eficiencia para el gobierno, se pueden lograr ahorros de entre 20 a 30%, estimó la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila.

El senador popular Ángel Rosa opinó que la reforma gubernamental es “la verdadera discusión que el País necesita”.

“Nosotros debemos decidir para qué queremos el gobierno, qué queremos del gobierno y qué estamos dispuestos como sociedad a hacer para que el gobierno funcione porque pensar que el gobierno no es necesario, es una falacia peligrosa”, aseveró.

El análisis debe centrarse en cuáles son las necesidades del pueblo, opinó el senador popular Antonio Fas Alzamora.

“Creo que en términosgenerales el análisis es correcto en el sentido de que el gobierno necesita una reestructuración total porque la función principal del gobierno es darle servicios al pueblo y se ve afectada por el exceso de burocracia. Esto es algo que viene sucediendo por varias décadas”, dijo.

“Me parece que debe comenzarse un estudio profundo de las necesidades del pueblo actual versus los servicios que se ofrecen, y hacer los ajustes y reformas correspondientes para actualizar al gobierno de cara a la presente generación y futuras generaciones. Esto implica eventualmente la consolidación de estructuras para dar servicios, la eliminación de dependencias que ya no se justifica su existencia y la creación de nuevas estructuras o departamentos -que de cara a la realidad de los puertorriqueños- son necesario crearlas”, agregó.

Ahora bien, en ese repensar del gobierno no se debe descartar delegar funciones al sector privado o a organizaciones sin fines de lucro, afirmó el representante novoprogresista Johnny Méndez.

González dijo que hay áreas en las que está inmerso el gobierno -como las telecomunicaciones- que deben ser de total injerencia de la empresa privada.

“Yo fui parte del gobierno que creó la Ley de Alianzas Público Privadas. Creo que hay muchas áreas que quitan competencia al sector privado. Lamento que la Ley de Alianzas Público Privadas esté inoperante bajo esta administración”, indicó.

Comenzar a cambiar

Aunque casi existe un consenso sobre qué hacer para empezar a reformar el Gobierno, es muy poco lo que se hace

martes, 21 de abril de 2015 – 1:00 PM     Por Ricardo Cortés Chico

A corto plazo, la receta para curar la “elefantiasis” gubernamental  comienza con una buena dosis de digitalización y automatización de los sistemas de información, el restablecimiento del principio de mérito para los servidores públicos y el mejoramiento de la transparencia con la publicación periódica de datos gubernamentales.

A mediano y largo plazo, para corregir la disfuncionalidad gubernamental, se necesitan cambios más profundos y replantearse el aparato público, desde el rol de los partidos políticos, los municipios, las dependencias del Gobierno, las corporaciones públicas y los procesos internos e interagenciales, coincidieron prácticamente todas las personas consultadas sobre qué implicaría un proceso de reforma.

Pero, sobre todo, debe haber un proceso de desprendimiento de los líderes políticos y la sociedad en general,  que hasta ahora se aferran a las anticuadas e ineficientes estructuras de poder, afirmó  el exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mario Negrón Portillo.

“Ahí es donde se tranca el bolo. Aquí hay que tomar decisiones que cuestan muchísimo. Aquí hay que decidir cuáles agencias públicas deben seguir existiendo y cuáles no. Hay que replantearse el sistema de una forma amplia, pero nadie quiere hacerlo por el costo político”, dijo Negrón Portillo.

Idea recurrente

La regionalización de los municipios y la descentralización de las agencias estatales es una idea recurrente en el Gobierno. En términos generales, el concepto es consolidar funciones municipales en regiones que, a su vez, asumirían responsabilidades que actualmente ejecuta el Estado. Entre los beneficios de esta estructura, está la  descentralización de la toma de decisiones y, en teoría, los servicios se darían de manera más ágil y con menos costos, según una publicación reciente de la Escuela Graduada de Administración Pública de la UPR.

Las dos organizaciones que agrupan a los alcaldes están de acuerdo, en términos generales, con el concepto. Pero cuando se discuten los pormenores estalla la guerra porque todos quieren reformar sin que cambien las estructuras de poder.

“Hay que tomar decisiones drásticas para enderezar esto, pero aquí todo el mundo está pensando en las próximas elecciones”, lamentó el presidente de la Federación de Alcaldes, Héctor O’Neill.

Reforma de personal

Igual pasa con la idea de restaurar el abandonado sistema de mérito para los empleados públicos. “Lo que pasa es que los políticos buscan proteger el personal, pero sobre todo ese espacio en la burocracia que tienen para acomodar a su gente”, dijo el líder sindical Federico Torres Montalvo.

Esos espacios se llenan a pesar de lo costoso que es para el pueblo tener empleados en puestos para los que no están capacitados. Según Ingrid Vila, exsecretaria de la Gobernación, la ineficiencia del Gobierno se da mayormente por los sistemas y la estructura anticuados y por las graves deficiencias en supervisión. “Y los puestos gerenciales son los que sirven para repagar las aportaciones a los partidos. No hay una consideración de méritos, sino de inversión política”, afirmó Vila.

“En Puerto Rico el problema de empleos se resuelve con el amiguismo, el nepotismo y el partidismo. Solo tienes que ir a alguna de las corporaciones como para ver eso. Si Puerto Rico produjera suficientes empleos tendrías selecciones de personal por mérito y no por palas”, señaló, por su parte, el exsecretario de Estado, Kenneth McClintock.

El fenómeno llega al punto que el Gobierno y el partido, para algunos, significa casi lo mismo, explicó Negrón Portillo. Y eso refuerza los procesos de autopreservación de las estructuras del Gobierno, aunque sean anticuadas.

Eso explica la recurrente resistencia con la digitalización y automatización de los sistemas y el establecimiento de métricas que midan la eficiencia de los programas y el personal gubernamental, explicó el senador Ángel Rosa. Los datos y la eficiencia, según el también presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, pueden llevar a que se tenga que reemplazar personal, situación que los partidos quieren evitar.

Cambios sin cambios

En este panorama es casi un pecado plantear la privatización, conversión, fusión o eliminación de agencias y corporaciones públicas, aunque estas retrasen el desarrollo económico y hasta compitan con el sector privado.

“Aquí hay corporaciones públicas que ni deberían existir, pero no se hace nada al respecto porque se forma el escándalo. Todos quieren cambiar, pero nadie está de acuerdo con ningún cambio”, dijo el economista Gustavo Vélez.

“La voluntad política no existe en los políticos de mi país. Aquí todos quieren ganar elecciones vendiendo fantasías, pero sin hablarle al pueblo de lo que realmente se tiene que hacer”, dijo, por su parte, el alcalde de Guaynabo.