EL VOCERO / Archivo

El gobernador vive escondido, aparece de vez en cuando. Los líderes legislativos populares forman un enredo por lo que sea. Nadie se pone de acuerdo mientras el techo se derrumba. Los jefes de gabinete “tiran la toalla” ante la crisis gubernamental y la impotencia para sostener los servicios. Por más que aumentan contribuciones, la caja nunca
cuadra.

El Banco Gubernamental de Fomento está a punto de la quiebra, no puede prestarle a las agencias, municipios y tampoco puede salir al mercado porque nadie les quiere prestar. En la AEE no se sabe ni la hora que es mientras la señora Donahue sigue facturando millones a tutiplén; etc., etc. Qué más se puede decir, lo que tenemos es el peor desgobierno de la historia. Todo esto fue advertido en el 2012: Alejandro García Padilla y el liderato del Partido Popular eran, son y serán demasiado riesgo para Puerto Rico.

En febrero pasado, la agencia evaluadora Standard & Poor’s rebajó un escalón más en la categoría “chatarra” los bonos de la colonia, así como los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y toda la deuda del gobierno. Esa categoría negativa es lo mismo que lanzar el crédito de Puerto Rico al zafacón. En esa misma ocasión, Standard & Poor’s advirtió que el desmadre económico en la colonia, colocaba al pueblo de Puerto Rico bajo la “amenaza” y “el riesgo de la inestabilidad política”. No se equivocaron. Basta con ver el “tirijala” entre los mismos líderes populares que no logran ponerse de acuerdo en nada.

En el grupo colonialista cada cual está en sus propios esfuerzos de protagonismos, relaciones públicas y sálvese quien pueda. Veamos la cita textual de aquel informe de Standard & Poor’s: “Todo esto representa una amenaza, en nuestra visión, a la capacidad del gobierno para continuar proporcionando los servicios básicos a los ciudadanos. Hemos observado en otras jurisdicciones que un entorno de este tipo puede fácilmente dar paso a la inestabilidad política”.

Ahora sale a relucir que la Administración de Servicios de Salud (ASES), debe casi $150 millones y tampoco tiene fondos para continuar ofreciendo los servicios de la tarjeta y la reforma de salud a 1.6 millones de puertorriqueños. Por su parte, el BGF no puede prestarles más porque en solo seis meses este desgobierno se devoró el 70% del capital de ese banco, no se sabe en qué. ASES anda buscando préstamos usureros de árabes y no se sabe de quiénes más para tratar de continuar respirando bajo el agua. ASES tiene un presupuesto total de casi $2,300 millones de los cuales $1,100 millones provienen de fondos federales como Medicaid, $900 millones de fondos estatales y hay otros $221 millones por concepto de ingresos propios de esa agencia.

Por supuesto, no faltan los filósofos de la colonia en los medios noticiosos que salen con la alternativa simplista de que hay que eliminar la reforma y la tarjeta porque supuestamente es muy costosa. Como si la salud del pueblo
tuviera precio. Como si el derecho a la salud fuese un lujo o un gasto extravagante. Proponen que volvamos a los tiempos de los dispensarios públicos, las limitaciones de servicios médicos, de medicamentos, las citas para cuando
se pueda y las intervenciones quirúrgicas para dentro de meses y si se puede.

Esas son las alternativas que plantean colonialistas y sus filósofos de tinta y micrófono. Todos ellos hablan así porque tienen y pueden pagar planes médicos privados para atenderse cuando quieran, donde quieran y con los mejores servicios disponibles. El que no pueda pagar un plan médico porque esta colonia los obliga a figurar en el 46% de la población que vive bajo nivel de pobreza, pues que se lo lleve Pateco, que vuelvan a los dispensarios. Así habla esta gente por no querer admitir que el colonialismo es la raíz y el tronco de todo este problema en Puerto Rico. Los que le echan la culpa a todo menos a las
desventajas y la desigualdad de este sistema colonial.

Si Puerto Rico fuese estado de la Unión, ASES no tendría este lío y tampoco 1.6 millones de puertorriqueños estarían en riesgo de perder o ver reducidos sus servicios con la tarjeta de salud. Al contrario, con la estadidad tendríamos
más y mejores servicios de salud.

Todos los estudios e informes federales coinciden en que la estadidad representaría por lo menos $2,500 millones anuales adicionales en fondos federales para servicios públicos de salud que se sumarían a los $1,100 millones que ya recibimos como colonia. Sería un total de más de $3,600 millones anuales para salud. Esa es la igualdad de condiciones con los demás 50 estados. Se trataría de más fondos de Medicaid, para servicios médicos a niños y adolescentes bajo el Programa CHIPS y, por supuesto, la extensión total de todos los beneficios de Medicare a Puerto Rico para nuestros envejecientes.

Esos $2,500 millones anuales adicionales, además de garantizar y mejorar los servicios de salud, también crearían actividad económica y miles de empleos en la Isla. Esa es la verdad aunque les duela a los colonialistas y aquellos que utilizan tinta y micrófonos para defender la colonia.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.