EL VOCERO/Agustín Santiago

El juez federal José Fusté desestimó la demanda que incoó la empresa Cecort Realty Development (CRD), contra la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) y la jueza administradora Isabel Torres Llompart tras la cancelación del contrato de arrendamiento donde ubica la agencia y el Tribunal de Apelaciones.

CRD alegaba que las acciones tomadas por la OAT eran “arbitrarias y caprichosas” y que le privaba de sus intereses patrimoniales protegidos bajo la Constitución estadounidense.

Empero, Fusté concluyó que el arrendamiento es “nulo” y que el contrato fue cancelado de forma apropiada.

“El acuerdo de arrendamiento en este caso es uno a largo plazo. No se efectuó una subasta pública. El contrato en este caso va en contra del orden público y por lo tanto, es nulo e inválido. No importa cómo las partes caractericen la relación, no importa la jerarquía de la institución o las partes involucradas, el contrato es inaceptable”, apuntó el juez.

“Cecort y su único accionista, un experto, sagaz y competente hombre de negocios, sabía o debió haber sabido sobre las regulaciones y requerimientos de subastas públicas…este es el final de esta relación, punto”, agregó Fusté.

Asimismo, el juez afirmó que la OAT le notificó por escrito la no renovación del contrato, un año antes de la conclusión del mismo.

Señaló que la Corte de Apelaciones y la OAT sufrirían consecuencias desagradables si son reubicados.

Los demandantes afirmaron que radicaron la demanda en el foro federal y no en el estatal, debido a que Llompart es quien administra los tribunales de Puerto Rico.

CRD construyó los edificios de la OAT y de la Corte de Apelaciones hace más de diez años a un costo de $80 millones. Los demandantes y la OAT tenían un contrato de arrendamiento de los dos edificios por un plazo de 30 años.

CRD planteaba que al OAT pidió que se le devolviera una parte de la renta que recibió durante los pasados diez años, basado en un informe de la Oficina del Contralor que data de dos años. En el mismo se indicó que el monto del alquiler era excesivo.

Sobre el particular, Fusté destacó que la Oficina del Contralor ordenó la realización de un análisis comparativo de propiedades en alquiler el cual reflejó que la renta pagada es en exceso “en comparación a zonas que tienen facilidades similares o mejores que las de Cecort”.