La agencia acreditadora Standard & Poor’s (S&P) degradó hoy nuevamente las obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), del Sistema de Retiro del gobierno central, de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), de la Autoridad del Distrito de Convenciones y de la Autoridad de Transportación y Carreteras (ACT) y colocó bajo vigilancia el crédito del país con una perspectiva negativa.
“En nuestra opinión, basamos la degradación de la deuda de Puerto Rico en la debilitada posibilidad del acceso al mercado y por el hecho de que la capacidad de Puerto Rico para cumplir con sus compromisos financieros esté cada vez más ligado a las condiciones financieras de la Isla. La ausencia de que mejoren esas condiciones, nos hacen creer que la deuda y los compromisos financieros serán insostenibles”, explica S&P.
La agencia acreditadora añadió que la vigilancia bajo perspectiva negativa obedece a la falta de consenso en el gobierno de Puerto Rico acerca de áreas claves del presupuesto del año fiscal 2016 que, a su juicio, podrían exacerbar el problema de liquidez y la presión fiscal.
“Recientemente la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) envió una carta al gobernador (Alejandro García Padilla) y a los legisladores en la que resalta las posibilidades remotas de acceder al mercado para vender la emisión de bonos que saldaría el préstamo de $2,200 millones de la ACT con el BGF y que sería pagadero con un préstamo mayor de $2,950 millones respaldados por el impuesto sobre el combustible (crudita). El propósito de la refinanciación sería mejorar la liquidez del BGF. La Junta del BGF advirtió que los problemas de liquidez podrían ocurrir a comienzos del año fiscal 2016 a menos que los legisladores aprueben el presupuesto y la reforma contributiva. Creemos que la existencia de esa carta indica crisis de liquidez”, añadió S&P.
Asimismo, la agencia acreditadora resaltó el atraso del Ejecutivo en presentar a la Legislatura su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2016 mientras los legisladores debaten aun la propuesta de García Padilla de implementar un 16% de Impuesto al Valor Añadido (IVA).
“Creemos que la imposición de un nuevo IVA está sujeto a riesgos de implementación, cuyas incertidumbres podrían afectar el rendimiento futuro del presupuesto y la voluntad de inversores para extender crédito futuro. También creemos que las presiones presupuestarias se han exacerbados por la actual economía débil y los altos niveles de la deuda. La imposición de un IVA puede aumentar el ingreso fiscal general, pero tiene implicaciones económicas negativas de corto plazo”, agregó S&P.
S&P degrada la deuda de la AEE. Dice que es inevitable un incumplimiento en 6 meses
Standard & Poor’s Ratings Services (S&P) degradó los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de “CCC” a “CCC-“. La clasificación permanece en alerta con implicaciones negativas desde el 18 de junio del 2014. La AEE tiene más de $8,000 millones en bonos “power revenue”. S&P considera inevitable un incumplimiento de pagos en los próximos seis meses.
La degradación se produce porque la AEE ha estado haciendo retiros del fondo de reserva lo que sugiere que la corporación pública tiene un desbalance entre ingresos y gastos. A S&P también le preocupa el acceso de la AEE a los mercados de capital y que el BGF pueda utilizar el dinero que la AEE tiene depositado en el banco, unos $236 millones, para otros propósitos.
Desde el mes de julio del año pasado, la AEE ha realizado tres retiros de la reserva para el pago de la deuda que totalizan $59.2 millones. Estos retiros sugieren que, a pesar de la reducción en el precio del petróleo, la AEE tiene problemas para pagar sus deudas. El 1 de julio, deberá pagar $400 millones de servicio de la deuda.
S&P degradará nuevamente la deuda si la AEE reestructura su deuda.
En el verano pasado, después de una crisis de liquidez, la AEE logró llegar a acuerdos con sus acreedores para declarar un incumplimiento de pago a cambios de que la agencia tomara algunas medidas para reestructurar las operaciones. Esos acuerdos de indulgencias, que vencía en marzo, se habían extendido hasta el 15 de abril y volvieron a prorrogarse 15 días más.
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