Ante la inclusión de un arbitrio sobre los refrescos y otros productos azucarados en el proyecto de reforma contributiva, casi un centenar de empleados de las compañías Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Pepsi-Cola Puerto Rico Bottling y Suiza Dairy llegaron este lunes hasta el Capitolio en busca de frenar el nuevo cargo por entender que atenta contra la estabilidad de esa industria.

No obstante, tras visitar las oficinas de algunos legisladores, los opositores al nuevo impuesto salieron poco optimistas con la gestión, y anticiparon que regresarán este martes, cuando la Cámara de Representantes retoma los trabajos de la sesión legislativa.

“Realmente, el proyecto no está atacando la malnutrición, está atacando nuestros empleos”, manifestó a este medio José Rodríguez Vélez, presidente del Movimiento Solidario Sindical y quien representa a los trabajadores unionados de Pepsi-Cola.

“Este es un doble impuesto. No solamente nos quieren poner un IVA (Impuesto al Valor Añadido) de 14%, sino es 14 centavos por cada litro. Ese es el efecto doble que tenemos. Estamos en contra del IVA, pero a nuestra industria le están poniendo un doble impuesto: el IVA más 14 centavos por cada litro”, añadió el líder sindical.

Aunque la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara no ha revelado detalles sobre el nuevo impuesto, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, el representante Rafael Hernández Montañez, indicó la semana pasada que no sería un arbitrio que aplique exclusivamente a las gaseosas, sino que gravaría ciertos alimentos y bebidas “no saludables”.

El arbitrio fue impulsado originalmente por la representante popular Luisa “Piti” Gándara como una medida para desalentar el consumo de las bebidas azucaradas y, al mismo tiempo, allegar ingresos a un fondo en beneficio de los infantes. La propuesta que se discute ahora sería para dirigir los recursos al Fondo General.

Los empleados de las tres productoras de bebidas -que incluyó personal gerencial- se dividieron en grupos, y se distribuyeron entre las oficinas legislativas. Una de las agrupaciones se reunió con una ayudante de Gándara, y le expusieron sus argumentos.

“Al aumentar el precio del litro por cada refresco que vendamos, pues no va a ser el mismo volumen de ventas, el consumidor no va a consumir lo mismo, por ende, si no se consume, no se vende, pues tienen que cesantear”, sostuvo Mica’EL Resto, portavoz de la organización Solidaridad de Trabajadores y Trabajadoras de Coca-Cola.

Resto y Rodríguez Vélez, al igual que Marisol Maldonado, líder sindical de Suiza Dairy, estimaron que la implantación del nuevo impuesto podría dejar en la calle a casi la mitad de la plantilla de sus respectivas compañías. Precisaron que en Pepsi-Cola laboran cerca de 600 empleados, en Coca-Cola, entre 700 y 800, y en Suiza Dairy, unos 825.

“Estamos aquí para defender nuestros empleos. Ya no aguantamos más impuestos en nuestros bolsillos, ya el consumidor puertorriqueño está cansado de tantos impuestos”, subrayó Maldonado.

Rodríguez Vélez aclaró que no se oponen a que se fije un impuesto a las multinacionales donde laboran, pero advirtió que rechazan que se haga sobre el consumo.

“No estamos en contra de que se le pongan impuestos a estas embotelladoras. Pero queremos identificar que es el dinero que se llevan de Puerto Rico, no que ese impuesto vaya al consumo, que vaya a la venta, que si Coca-Cola, que si Pepsi-Cola, que si Suiza Dairy se llevan millones, identifiquen esos millones, y ahí es donde deben estar los impuestos, no en el consumo”, puntualizó el dirigente obrero de Pepsi-Cola.