Ataque directo a la Cámara
El comisionado residente, Pedro Pierluisi condenó ayer el proyecto presentado por la Cámara de Representantes sobre la reforma contributiva, el cual propone un impuesto de Contribución sobre Bienes y Servicios (CoBYS) de un 13%, unido a tasas variables de un 10%.
De igual manera, Pierluisi aludió a que el Senado presenta de forma más clara los planteamientos y preocupaciones en torno a la aprobación de una reforma contributiva contrario a como se ha desarrollado la discusión en la Cámara.
Pierluisi se mantuvo firme en que este momento no es el adecuado para poner en marcha una reforma contributiva, por lo que rechazó la nueva propuesta de la Cámara baja y criticó la inseguridad que se ha creado en torno a la reforma contributiva y las tasas que finalmente serían aprobadas.
“En estos dos meses lo que han creado es un ambiente con mucha incertidumbre dentro de Puerto Rico y en los mercados financieros”, destacó el líder progresista. A su vez recalcó que el país ha perdido acceso al mercado financieros por acciones como la de la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, quienes alertaron a los legisladores sobre un cierre gubernamental de no aprobarse la reforma contributiva. También recalcó que las comunicaciones del Tesoro federal con el gobierno local son un llamado para “poner la casa en orden”.
Para el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), el planteamiento del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, y del presidente de la Comisión de Hacienda en ese cuerpo, José Nadal, es cónsono con el reclamo de la delegación estadista sobre la falta de crecimiento económico y que el Gobierno no puede recurrir a más gastos para cumplir con sus obligaciones.
“Por lo menos en el Senado, por lo que uno ve, hay unos líderes preocupados por el impacto en la economía, en cuanto a la capacidad de Hacienda de implantar la reforma e insistiendo en que se bajen considerablemente los gastos del Gobierno. Lo que veo es que están más a tono con la realidad”, dijo Pierluisi.
“Veo que en el Senado cuando habla de las tasas, es menor que el que propone el gobernador y la Cámara porque saben que esas tasas, esos nuevos impuestos van a afectar tanto a los consumidores como a los negocios”, añadió.
A juicio del candidato a la gobernación, el gobernador Alejandro García Padilla debería presentar un presupuesto balanceado que ronde en el $9.1 mil millones, tanto en gastos como en ingresos totales.
“No estamos hablando de cantidades extraordinarias. Los mismos números del gobierno son que necesita $800 millones”, puntualizó.
Así las cosas, Pierluisi recomendó mejorar la captación del Impuesto sobre Venta y Uso (IVU) a través de la ayuda de la captación municipal, que allegaría $500 millones más; así como recortar gastos. Dijo que ya la Oficina de Gerencia y Presupuesto había identificado $250 millones y que a través de un análisis se podrían consolidar facilidades y disminuir los contratos por servicios y los gastos de publicidad, entre otros mecanismos, para lograr el recaudo necesario.
Sobre el mensaje de situación de estado que ocurrirá hoy, mencionó que García Padilla debe ponerle “punto final” a la controversia que ha desembocado como parte de la discusión de la reforma y dirigido a incentivar el sector privado para lograr crecimiento económico.
“Se estaría creciendo que haga eso”, indicó. “Yo diría que lo que debería hacer el gobernador es actuar como un hombre de estado”, agregó.
No obstante, predijo que el mensaje estará cargado de “torcedura de brazos” a los miembros de la legislatura para aprobar la reforma que propone un Impuesto de Valor Agregado (IVA) de un 16%.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
Intenso cabildeo
El proyecto de reforma contributiva fue anoche a votación en la Cámara luego de todo un día de reuniones, negociaciones, “torceduras de brazos” e insistencias por parte del gobernador, Alejandro García Padilla, para conseguir la aprobación antes de que llegue hoy a ofrecer un mensaje ante la Legislatura.
Por más de seis horas, la oficina del presidente cameral, Jaime Perelló, fue un entra y sale de legisladores populares que todavía no estaban convencidos de que favorecerían el proyecto. Aún en horas de la noche todavía no era seguro que la medida tuviera los votos para ser aprobada.
Comenzado el debate, representantes populares como Luis Raúl Torres, Luis Vega Ramos, Manuel Natal y Luisa Gándara, todavía no habían dicho cómo votarían. En un momento dado se dio a entender que García Padilla había llegado al Capitolio para cabildear a favor del proyecto. Portavoces de La Fortaleza negaron esta información.
Desde temprano el representante popular Carlos Vargas dejó saber que no le votaría a favor a la medida.
“Tenemos que analizar esta reforma de manera integrada con el impacto que tendría en nuestra economía y eso está pasando por debajo del radar”, dijo en un comunicado.
“En este momento, mi análisis sobre una reforma tan ambiciosa como esta, sin las garantías de que el Departamento de Hacienda cuenta con la capacidad y los recursos necesarios para implantarla, la inmediatez con que desea implantarse, unido a las circunstancias económicas que atraviesa el país, me hace concluir que su efecto en nuestra economía será perjudicial”.
Poco tiempo después de publicadas estas expresiones, llegó al Capitolio Rolando Ortiz, alcalde de Cayey, uno de los municipios que Vargas representa. Cuando se le preguntó sobre esto, dijo “pues yo estoy aquí. Vamos a ver”.
Nace el CoBY
El proyecto de reforma contributiva fue radicado por el gobernador hace más de dos meses. Ayer mismo, la mayoría cameral radicó su propuesta la cual establece no un Impuesto de Valor Añadido (IVA) sino una Contribución sobre Bienes y Servicios (CoBYS) con tasas variables. El proyecto establece que no pagarán impuesto los servicios de salud, las matrículas y mensualidades de instituciones educativas privadas, los libros impresos, los bienes y servicios exportados, la prestación de servicios financieros y la venta e importación de gasolina, entre otros renglones.
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez comenzó el debate del proyecto cerca de las 9 p.m. Se acordaron cinco horas para el debate entre las dos delegaciones. Al cierre de esta edición, el debate no había terminado.
Al asumir su turno, Hernández Montañez arremetió contra el Banco Gubernamental de Fomento y su reciente advertencia de que había que aprobar el proyecto. Insistió en que no aprobar el proyecto representaría tener que buscar $1,400 millones.
“Tenemos un proyecto implementable, que tiene grandes retos presupuestarios porque no alcanza los $10.7 billones que aspiraba la propuesta, pero está dirigido a lo que se puede hacer e implementar sin afectar al ciudadano y a nuestras empresas que al final son los que van a levantar al país”, dijo al añadir que la reforma garantiza un recaudo de $9,700 millones.
Hernández Montañez aseguró que el rembolso se otorgará con una tarjeta en la cual las personas que lo reciban podrán hacer sus compras. Dijo que funcionará similar al mecanismo de la Tarjeta de la Familia.
El informe que acompaña la medida de más de dos mil páginas insiste en que el fin del proyecto es en parte simplificar el sistema contributivo.
“Nuestros contribuyentes merecen un mecanismo en el que puedan atender sus situaciones financieras particulares y que les asegure una mejor calidad de vida”, reza el informe de la medida. “También es meritorio fomentar el desarrollo económico de nuestro país, propiciar el crecimiento de la actividad comercial local, en fin, que se realice todo lo necesario para crear el Puerto Rico que nuestros constituyentes se merecen”.
PNP habla de impugnar el proyecto
La portavoz de la delegación novoprogresista, Jenniffer González, dijo por su parte que consideraría impugnar el proyecto por la forma en que se dio la discusión del mismo. Dijo que no había forma de que los legisladores pudieran leer el proyecto que fue radicado el mismo día de su discusión.
“Ellos mismos no saben lo que tiene el proyecto. Esto no va a cumplir con los estimados de recaudo”, dijo González al añadir que el extenso proyecto incluso hace referencia de leyes que ya no existen.
González insistió en que el proyecto no contiene los alivios contributivos prometidos.
“La realidad es que decirle al pueblo que porque ustedes bajaron el 16% que el gobernador propuso a 14%, eso no es ningún logro. Debe ser motivo de gran preocupación”, dijo González. Cuestionó que se otorgue una exención a los dueños de helicópteros y aviones.
Recordó que la delegación del PNP acudió a los tribunales para que les entregaran el borrador que estaba siendo discutido entre la mayoría.
El proyecto establece un arbitrio de ocho centavos por litro a todas las bebidas carbonatadas y a toda bebida azucarada no carbonatada fabricada localmente o introducida al país. A esto se suma un arbitrio de 14 centavos por cada libra o fracción de toda clase de azúcar y un arbitrio de ocho centavos a los dulces, productos de repostería o merienda rápida. Hay otro impuesto de 6.6 del precio sobre los productos plásticos y mantiene $16.15 sobre cada ciento o fracción de cien cigarrillos.
La medida establece que, a partir del 1 de junio, los bienes y servicios tributarán 13%. A esto habrá que sumarle un porciento que recaudarán los municipios a través de un impuesto municipal.
En la sesión de ayer, la cual comenzó con más de cinco horas de retraso, los legisladores discutieron también un proyecto que aumenta los aranceles que se pagan al registro de la propiedad y la medida que saca $100 millones del Fondo del Seguro del Estado para pasarlo al fondo general. Este proyecto saca además $25 millones de la Compañía de Turismo, la Compañía de Fomento Industrial, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el Banco de Desarrollo Económico.
Según Hernández Montañez, el proyecto de los aranceles no dejaría mucho más de $10 millones, por lo cual insistió en que el aumento no era “significativo”.
Mientras se debatían los proyectos, la única presencia en las gradas era de empleados de Coca Cola, quienes se oponen al impuesto a los refrescos. En horas de la tarde estuvieron Ortiz y el alcalde de Coamo y hermano del gobernador, Juan Carlos García Padilla, quienes estuvieron cabildeando a favor de la medida.
Al cierre de esta edición, la sesión no había terminado.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo de Indiana University en Bloomington, Indiana.
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