WASHINGTON – En víspera de alcanzar los 100 coauspiciadores para su proyecto pro estadidad, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, insistió hoy en que todos los grandes problemas de Puerto Rico se relacionan con su status territorial e indefinición política.

“He oído argumentos que apuntan a que los líderes de Puerto Rico debemos concentrarnos solamente en los problemas inmediatos que enfrenta la Isla y dejar a un lado el estatus político hasta que dichos problemas sean resueltos o su gravedad se haya reducido. Este argumento tiene un atractivo superficial, pero es totalmente erróneo. Todos los principales problemas que enfrenta Puerto Rico están ligados a nuestro status y al trato desigual que recibe la Isla por el mero hecho de ser un territorio”, indicó Pierluisi.

El comisionado residente en Washington y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) ofreció un mensaje esta mañana en el hemiciclo de la Cámara baja federal, como parte de los discursos que hacen los legisladores federales cuando la sesión no está en marcha, pero que se transmiten por la cadena C-SPAN.

Hasta ayer, la página de internet de la Cámara baja federal indicaba que el proyecto 727, que persigue que el Congreso autorice una consulta que encamine la admisión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos, tenía 90 coauspiciadores, restando al republicano Aaron Schock (Illinois), quien dimitió en marzo tras denuncias de corrupción.

De los 90 coauspiciadores conocidos, 13 son republicanos.

El anterior proyecto de Pierluisi, el 2000 del Congreso 113 – que nunca fue ni siquiera a una audiencia pública-, tuvo 131 coauspiciadores, 12 de ellos republicanos.

Pierluisi, sin embargo, sostuvo que los 13 coauspiciadores del 727 hacen a su proyecto más bipartidista que el 99% de las medidas presentadas en la Cámara baja.

El comisionado espera que el proyecto 727 vaya a una audiencia pública en los próximos meses, en la subcomisión de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes, la cual preside el republicano Don Young (Alaska), un aliado de los estadistas.

“Cada miembro del Congreso que patrocine este proyecto de ley está apoyando un principio muy poderoso: El pueblo de Puerto Rico son ciudadanos americanos que han enriquecido la vida de esta nación durante generaciones.  Mis constituyentes han luchado, y muchos han perdido sus vidas, por una bandera que contiene 50 estrellas, pero ninguna de esas estrellas los representa a ellos.  Si los puertorriqueños reafirman su deseo de convertirse en un estado, en una votación patrocinada por el gobierno federal, se han ganado el derecho a ser ciudadanos de primera clase”, sostuvo Pierluisi.

Para el comisionado, “si se preguntan por qué los pacientes en Puerto Rico reciben un cuidado de salud inadecuado, por qué los médicos y los hospitales no reciben una compensación justa por sus servicios y por qué el costo de la prestación de servicios médicos recae de manera desproporcionada sobre el gobierno de Puerto Rico en lugar de repartirse equitativamente con el gobierno federal, deben entender que se debe a que Puerto Rico es tratado discriminatoriamente bajo Medicaid, Medicare tradicional, Medicare Advantage, y bajo la Reforma de Salud federal”.

Y mantuvo que  “la razón por la que el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda tan alta es porque ha tomado mucho prestado en el mercado de bonos precisamente para compensar por el trato desigual que recibe la Isla bajo programas federales claves”.

Las estrategias para impulsar la propuesta de estadidad – tras el plebiscito de noviembre de 2012-, van a dominar la inminente primaria entre Pierluisi y Ricardo Rosselló, de cara a la elección interna que debe tener lugar en junio de 2016, a cinco meses de los comicios generales.

La medida de Pierluisi no solo se enfrenta, como en anteriores ocasiones, a la falta de respaldo de la mayoría republicana del Congreso, sino al rechazo del gobierno de Puerto Rico – en manos del Partido Popular Democrático (PPD)-, que también tendría que estar de acuerdo con la legislación para poder ser implantada.

Un comité de expresidentes del PPD lleva ocho meses intentando lograr un consenso sobre la próxima definición del Estado Libre Asociado (ELA) que pueden incluir en un plebiscito que se cree tratarán de ordenar para noviembre de 2016.

La intención del gobierno de Alejandro García Padilla ha sido utilizar el lenguaje de la ley federal de presupuesto de enero de 2014 que permitiría que el secretario de Justicia revise la constitucionalidad de las alternativas de status, a cambio de $2.5 millones para ayudar a financiar la consulta. Pierluisi ha indicado que si el gobernador no utiliza esos fondos, si él es el próximo inquilino de La Fortaleza los usará para reglamentar un referéndum estadidad sí o no.