Yennifer Álvarez Jaimes
Maricarmen Rivera Sánchez
EL VOCERO
Tal y como prometió en su mensaje sobre la situación del estado del país, el gobernador Alejandro García Padilla recurrió ayer a las órdenes ejecutivas y autorizó el uso medicinal de la marihuana y productos derivados.
García Padilla firmó la orden ejecutiva 2015-10 que ordena a la secretaria de Salud, Ana Rius, “autorizar el uso medicinal de algunas o de todas las sustancias controladas o componentes derivados de la planta de cannabis”.
La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico no permite el uso medicinal de la marihuana en la Isla. Sin embargo, García Padilla aseguró que con la orden ejecutiva le confiere autoridad a la titular de Salud para intervenir ampliamente en materia de sustancias controladas.
La orden ejecutiva permite aprobar mediante Reglamento u Orden que esta sustancia controlada entre en las clasificaciones de medicamentos, informó el primer ejecutivo.
“Esta administración tiene el firme compromiso de velar por la salud de todos los ciudadanos que residan en nuestro País. De ahí que con el uso medicinal estamos adoptando una medida innovadora para garantizar el bienestar y una mejor calidad de vida a estos pacientes”, sentenció García Padilla en declaraciones escritas.
Al mismo tiempo, señaló que “en el ordenamiento jurídico estatal se establecerá una distinción entre los usos médicos y no médicos de la planta”.
La orden ejecutiva entró en vigor inmediatamente y deroga o deja sin efecto cualquier otra orden ejecutiva que sea incompatible.
“Estamos dando un paso de avance significativo en el área de la salud que es fundamental para nuestro desarrollo y calidad de vida. Estoy seguro que muchos pacientes recibirán el tratamiento adecuado que les brindará nuevas esperanzas y elevadas expectativas de vida para estos”, manifestó el primer ejecutivo.
La orden ejecutiva destaca que diversos estudios realizados en Estados Unidos demuestran el valor terapéutico del cannabis y sus derivados, informó mediante comunicado escrito la Oficina de Prensa de La Fortaleza.
Al cierre de esta edición, la orden ejecutiva 2015-10 no había sido publicada en el portal cibernético del Departamento de Estado ni tampoco se había suministrado copia del documento a este rotativo.
“Estas investigaciones avalan el uso de la planta para aliviar el dolor que causa la esclerosis múltiple, el virus del SIDA, glaucoma, Alzheimer, migraña, Parkinson, y otras enfermedades que a menudo no responden a tratamientos tradicionales”, expresó el gobernador.
En la actualidad, Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawai, Maine, Michigan, Montana, Nevada, Nuevo México, New Jersey, Oregón, Vermont, Rhode Island y Washington así como el Distrito de Columbia, permiten el uso medicinal de la marihuana.
Arremeten contra la decisión
Para el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) la actuación del gobernador, Alejandro García Padilla de legalizar por orden ejecutiva el uso medicinal de la marihuana no es otra cosa que un intento por recuperar el liderato que perdió cuando no logró la aprobación de la reforma contributiva.
“El gobernador, ante su frustración de no controlar su gobierno, reacciona erráticamente”, dijo el senador Thomas Rivera Schatz. “El no tiene facultad para legalizar ningún tipo de sustancia y sencillamente eso es un exabrupto del gobernador ante su frustración por lo que ocurrió en su gobierno la pasada semana. Está tratando de proyectar
que tiene autoridad de la cual carece”. Rivera Schatz insistió que una “legalización” de la marihuana requiere, por definición, una aprobación legislativa.
“El gobernador no acaba de entender que para legalizar se requiere un acto legislativo y no puede, por orden ejecutiva, establecer política pública que de ordinario corresponde hacer mediante legislación”, dijo el expresidentes senatorial. “Sencillamente es un exabrupto de un gobernador frustrado que se comporta erráticamente”.
El portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer, dijo por su parte que evalúa con sus asesores si el gobernador tiene la facultad de legalizar el uso medicinal de la marihuana.
Según dijo, aunque no hay una determinación de caucus al respecto, la mayoría de los legisladores del PNP no favorecen los proyectos sobre la marihuana.
“El menosprecia la rama legislativa. Nosotros vamos a hacer el análisis responsable a ver si tiene esa facultad o no”, dijo Seilhamer. “No es tan sencillo como una orden ejecutiva, hay que preguntarse dónde se compra, quién la autoriza, cuánto va a ser permisible, hay una serie de interrogantes que no se pueden despachar con una orden ejecutiva”.
El analista radial y abogado Carlos Díaz Olivo, recordó que un pleito legal no tiene muchas opciones de terminar bien para el gobernador, sobre todo con la actual composición del Tribunal Supremo.
“Es muy peligroso y con el Tribunal Supremo que tiene, no creo que lo dejen llegar muy lejos”, dijo Díaz Olivo. “En Estados Unidos una de las situaciones más dramáticas fue la guerra de Vietnam. Estados Unidos se metió allí por orden presidencial, cuando la Constitución dispone que quien tiene facultad de decretar la guerra es el Congreso.
Varias veces se impugnó esto en los tribunales una y otra vez, el Supremo federal se negó a ver el caso porque de verlo hubiera tenido que resolver que Estados Unidos se metió allí de forma inconstitucional y el Supremo no iba a crear esa vergüenza internacional para el país”.
Por su parte, la portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara, Jenniffer González, dijo que el fin de la orden ejecutiva es conseguir los votos para la reforma contributiva.
“Lamento que el gobernador quiera conseguir los votos para una reconsideración al derrotado proyecto del IVA negociando con el uso de la marihuana. Tanto el proyecto del IVA como el de la marihuana no tuvieron el favor de los legisladores, fueron derrotados”, dijo González.
El proyecto de la marihuana medicinal ha tenido el respaldo de Carlos Vargas, Luis Vega Ramos y Luisa Gándara, tres de los que voaron en contra de la reforma contributiva.
El gobernador firmó ayer una orden ejecutiva para permitir el uso medicinal de sustancias o componentes derivados de la planta de cannabis, de la cual también se obtiene la marihuana. Esta es la primera orden ejecutiva que firma luego de su mensaje del jueves ante la Asamblea Legislativa en el que advirtió que gobernaría con o sin los legisladores. Esto, luego de que no se aprobara su reforma contributiva con el voto en contra de seis populares.
La orden deja en manos de la secretaria de Salud, Ana Rius, preparar un reglamento para el uso de esta sustancia de manera medicinal.
El presidente cameral, Jaime Perelló, favoreció la decisión de García Padilla y dijo que “es un paso en la dirección correcta”.
En declaraciones escritas, dijo que esta sustancia puede ayudar en el cuidado de pacientes con dolores crónicos.
“En mi caso, mi madre padeció de la enfermedad de esclerosis múltiple y falleció por complicaciones de un cáncer. Sé el sufrimiento que representa para el paciente y los familiares y conozco el compromiso de la familia en buscar cualquier alternativa que fuera necesaria para hacer los días del paciente unos más llevaderos y libres del dolor”, dijo Perelló. “Reafirmo que estoy a favor de esta determinación de avanzada”.
El presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Miguel Pereira, dijo por su parte que favorece la actuación del gobernador.
Pereira es autor de un proyecto que busca despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana. El proyecto está pendiente de aprobación en la Cámara.
La Cámara, en tanto, evaluó un proyecto para permitir el uso medicinal de la marihuana, pero a la hora de aprobarlo, lo enmendó para convertirlo en un estudio sobre los efectos de la marihuana para tratar algunas enfermedades. Ese proyecto no ha llegado al Senado, según dijo Pereira.
“Esto se puede hacer por orden ejecutiva. Recuerda que Aníbal Acevedo Vilá lo hizo con la brupermorfina para los usuarios de heroína”, dijo Pereira. “Yo creo que la orden que él emitió es un paso en la dirección correcta”.
En contra de los pronósticos
Para el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, la pregunta no es cuánto puede hacer el gobernador, Alejandro García Padilla, sin la intervención de la Legislatura. La pregunta es cuánto puede hacer con un presupuesto que significa gobernar con los mismos recursos de hace 25 años.
“El gobernador puede quedarse con el presupuesto vigente y puede manejarlo y balancearlo. No necesariamente por decreto, pero hay disposiciones constitucionales que le permiten trabajar con el vigente. Él lo que dice es que va a ajustar las obligaciones del gobierno a los recaudos de este año y eso son $9 mil millones”, dijo el representante. “Esa es la alternativa que él tiene en sus manos ahora”.
Hernández Montañez auguró que el proceso presupuestario va a ser uno difícil, con un cabildeo intenso de organizaciones sin fines de lucro y agencias que verán sus presupuestos recortados a la mitad.
Hernández Montañez recordó que, sin la patente nacional y el aumento en el servicio de la deuda que no se puede dejar de pagar y los $1,600 millones en obligaciones generales, quedan $7,500 millones para operar el gobierno.
“Estamos hablando del presupuesto de hace más de 25 años atrás. Vamos a llevar el presupuesto de Puerto Rico 25 años atrás. Ahora la gente va a entender lo que esto significa”, dijo Hernández Montañez. “Esto hay que debatirlo también dentro del Partido Popular porque ahora va a ser un asunto político y esa es la realidad, es el momento histórico”.
El Capitolio, dijo, se convertirá nuevamente en el escenario del reclamo de diversos grupos que verán sus asignaciones reducidas y que, por consiguiente, no podrán dar el servicio. Entonces, advirtió, los más afectados serán los grupos que se sirven de estas organizaciones, como las mujeres víctimas de violencia doméstica y los más pobres.
“Ya va a ser hora de que el Partido Popular se siente en la mesa. Esto es un issue, más allá de lo técnico, esto es político. El partido tiene que llegar a un consenso. Yo no estoy ni pensando en los números, es un asunto político”, dijo Hernández Montañez al asegurar que actualmente todavía no considera nuevas medidas de recaudo. “No hemos llegado ahí. Estamos todavía en asimilar lo que significa un presupuesto de nueve mil. Los alcaldes, los grupos, todo el mundo está viendo cuál va a ser el impacto”.
García Padilla ofreció un mensaje el jueves a la Asamblea Legislativa luego de que su proyecto de reforma contributiva se colgara con seis votos de representantes populares. Durante su mensaje, el gobernador advirtió que tomaría sus decisiones “con o sin” los legisladores. La Constitución le garantiza ciertos poderes al gobernador, principalmente a través de órdenes ejecutivas y la capacidad de vetar por línea el presupuesto que se apruebe en la Legislatura. El nuevo presupuesto debe estar aprobado y firmado antes del 30 de junio toda vez que el nuevo año fiscal comienza el 1 de julio. Y, aunque el gobernador ha dicho que no pretende gobernar “por decreto”, sí creó dos grupos para atender asuntos medulares del gobierno.
Para la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), las expresiones del gobernador reflejan una “tirantez” y un “menosprecio” a la Asamblea Legislativa. El senador Thomas Rivera Schatz opinó por su parte que da igual cómo decida gobernador. “Va a gobernar igual de malo. Las inconsistencias han sido la orden del día. Igual de traumático fue la aprobación de la crudita, que tuvo que regresar a la Legislatura en tres ocasiones adicionales. La tirantez entre el gobernador y su propia legislatura no es noticia nueva”, dijo Rivera Schatz, quien recordó que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá también pretendió gobernar por decreto y perdió las elecciones.
Mencionó que con un recorte tan sustancial al presupuesto, se verán afectados asuntos medulares como la educación, la salud y la tarjeta de salud del gobierno.
“En la medida que se acerca el 30 de junio y no tenemos un proyecto de presupuesto radicado y ante las cámaras legislativas, complica el escenario de la evaluación de ese presupuesto en términos de que la Legislatura debe pasar revista sobre los servicios básicos y esenciales para que no se afecten los sectores marginados”, dijo Rivera Schatz. “Están actuando a última hora y eso va a provocar que se tenga que manejar el tema del presupuesto apresuradamente”.
Por su parte, el portavoz de la delegación novoprogresista en el Senado, Larry Seilhamer, dijo que las expresiones del gobernador denotan un “menosprecio” por el poder legislativo. Aún así, dijo que a su entender, esto no es lo más relevante.
“Lo que realmente denotan esas expresiones es que hay tres gobiernos: la Cámara, el Senado y el Ejecutivo y no hay un denominador común, no hay un propósito ni una causa ni cohesión para el bienestar de Puerto Rico”, dijo Seilhamer. “Yo creo que eso es más un intento de sacar pecho y promover su imagen de líder cuando él reconoce que más lacerada está”.
“No es momento de buscar buya”
El presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, Miguel Pereira, dijo que a su entender el gobernador no pretende gobernar “por decreto” porque eso no se lo permite la Constitución.
“Uno tiene que entender el nivel de frustración que exhibe o que provoca la realidad legislativa en términos del poder ejecutivo, pero la Constitución de Puerto Rico es tan balanceada hacia el poder democrático, individual, que en su preámbulo los autores entienden que es necesario empezar describiendo la forma de gobierno y luego la carta de derechos”, dijo Pereira. “Yo no veo una situación para que el gobernador entonces pueda gobernar por decreto”.
Para él, no es momento de buscar confrontación entre la Legislatura y el Ejecutivo.
“No es que uno busque buya. No es el momento de estar buscando confrontación entre el poder legislativo y ejecutivo. Es momento de entender dónde estamos y cómo es que podemos salir de esta situación fiscal”, dijo Pereira. “Mi opinión es que tenemos que encontrar una eficiencia gubernamental que resulte en unos ahorros significativos”.
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