Varios economistas coinciden en que, independientemente de que los recortes fiscales tendrán su impacto en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, los empleos y en las finanzas de muchos suplidores de bienes y servicios, ésta sería la opción más acertada.
El economista Jaime Benson sostuvo que a la luz de un presupuesto con deficiencia, y en la necesidad de presentar un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, los recortes por más de $1,500 millones “es una opción correcta en un momento como el que vive el país”.
Entiende que con tales recortes se verán afectados un sinnúmero de profesionales que hoy ofrecen servicios al gobierno, como agencias de publicidad, parte de la nómina gubernamental y muchos servicios gubernamentales.
Aunque prevé que tratarán de salvaguardar los servicios esenciales de salud, educación y seguridad, como quiera entiende que indirectamente también tendrán recibirán impacto, ya sea por falta de suplido de materiales y equipos.
“El gobierno tiene que hacer unos ajustes dramáticos. No hay opciones. No existe un presupuesto balanceado y no se ve ambiente propicio para diálogo, ni consenso para aprobarse medidas adicionales encaminadas a minimizar dicho impacto”, sostuvo Benson.
En un sentido muy similar se expresó el economista Carlos Colón de Armas, para quien los recortes gubernamentales son la mejor opción antes de imponer más impuestos para cubrir sus gastos. “El gobierno por fin está haciendo lo que tenía que hacer hace mucho. Tardó demasiado en darse cuenta de que era la opción más correcta. Quizás si lo hubiese hecho antes, los recortes hubiesen sido mucho menos”.
Estas reacciones se obtienen en momentos en que el gobierno de Puerto Rico se presta a imponer drásticos recortes en el gasto público, que podrían reflejarse en reducción en jornada laboral, eliminación de donativos a entidades sin fines de lucro, reducción en la aportación gubernamental a los municipios y merma en los contratos de servicios profesionales, entre otros.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Ajuste de cinturón
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, admitió que tras el rechazo de la reforma contributiva el plan alterno del Ejecutivo es recortar gastos y, por ende, servicios a la ciudadanía.
Adelantó que se evalúa reducir el gasto en la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial. Tampoco se descarta una reducción de jornada laboral-menos en los servicios de educación, salud y seguridad- y hasta modificaciones en la fórmula de financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Los recortes también pudieran afectar las aportaciones que hace el Gobierno a las entidades sin fines de lucro y a los municipios, sostuvo el funcionario.
De acuerdo con Suárez, la proyección de recaudos para el próximo presupuesto es de $8,600 millones, ya que el Gobierno no contará con los $1,500 millones que alegaban recaudaría la reforma contributiva.
“El plan b es el que estamos mencionando; vamos a trabajar con los recaudos que tenemos”, sentenció Suárez.
Suárez sostuvo que el gobernador Alejandro García Padilla seguirá trabajando durante estos días en la elaboración de un presupuesto basado en los ingresos recurrentes que son $8,600 millones. El presupuesto vigente es de $9,565 millones aunque costear el nivel actual de servicios alcanza casi $10,400 millones.
Aseguró que para el próximo año fiscal que comienza en julio el Gobierno tendrá una deficiencia de flujo de efectivo de más de $440 millones. Suárez explicó que el problema de caja ocurre porque distinto al año pasado, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no tiene acceso a los mercados para conseguir las Notas de Anticipación de Impuestos (TRANs).
En tanto, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz, apuntó que se evalúan recortes en el área de la cultura, recreación y deportes. Cruz dijo que menos del 1 por ciento del presupuesto representa compras del Gobierno.
“Cuando la gente piensa en compras del Gobierno piensa en servicios profesionales y los servicios profesionales son cerca de $70 millones, de esa cantidad $20 millones son del Departamento de Educación, mayormente para terapias y otros servicios de educación especial”, sentenció.
A preguntas de EL VOCERO indicó que la disminución de $300 millones de gastos que se proyectó junto a la reforma contributiva se basó en su mayoría en recortes en el Departamento de Educación.
El funcionario no detalló cuántas escuelas cerrarán como parte del plan de ahorros porque se discute en la actualidad con el titular de Educación, Rafael Román. El titular de Educación acudió ayer en la tarde a la Mansión Ejecutiva pero no soltó prenda sobre la cantidad de planteles que cerrarán para el próximo año escolar que empieza en agosto.
Mientras, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló y el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, rechazaron ofrecer detalles sobre las propuestas que presentarán para aumentar los recaudos del Gobierno.
Perelló dijo que durante la reunión de ayer no se discutieron propuestas específicas de la Cámara ni el Senado.
En tanto, el presidente de la Cámara alta sostuvo que “trabajarán sin descanso para tener un presupuesto balanceado”.
Adelantó que estos próximos cuatro días serán cruciales para discutir los escenarios que hay e identificar alternativas a la propuesta de reforma contributiva que fue rechazada en la Asamblea Legislativa.
“Vamos a seguir en constante intercambio de posibilidades y escenarios”, concluyó.
El secretario de la Gobernación aseguró que García Padilla no descarta ninguna medida de recaudo, pero adelantó que deberá tener el consenso de la Cámara, el Senado y el Ejecutivo.
El secretario de la Gobernación no detalló si el mandatario aceptaría un aumento en la tasa del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) tal y como han planteado algunos legisladores.
“Los escenarios que traigan los evaluaremos en las distintas reuniones que tengamos. Sé que el liderato legislativo reconoce la urgencia de la situación y que hay que trabajar con rapidez, pero nosotros (el Ejecutivo) no podemos a detenernos a ver escenarios. Y nuestra realidad es $8.6 billones ($8,600 millones)”, sentenció.
“Los escenarios que se trabajen tienen que tener unos elementos fundamentales como que no haya daño al crecimiento económico, incluya unos alivios a la clase que pueda ser afectada por un impuesto al consumo como un alivio de regresividad”, agregó.
Suárez dijo que en “las próximas una a dos semanas” el Ejecutivo estaría presentado el presupuesto recomendado para el nuevo año fiscal que inicia el próximo 1 de julio.
Hacienda mira impuestos al consumo
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, dijo que las alternativas que analiza el Ejecutivo “están alrededor del impuesto al consumo pero no necesariamente el Impuesto al Valor Añadido (IVA)”.
“Esta semana es crítica, vamos a estar refinándolos números en ambos lados de la ecuación: en el lado de ingresos y gastos”, agregó a preguntas de EL VOCERO.
Zaragoza dijo que sigue sobre la mesa el impuesto por el ‘transfer pricing’ (transferencia de precios) a las megatiendas y un aumento al Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU ) a 10 por ciento.
Aseguran panorama difícil para el BGF
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguró que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) no podrá desembolsar los préstamos otorgados a los municipios.
Suárez insistió en que, al no aprobarse la reforma contributiva, la emisión de $2,900 millones que necesitaba el Gobierno para dar liquidez al BGF es muy cuesta arriba.
Dijo que el segundo aumento al arbitrio al petróleo que entró en vigor el pasado 15 de marzo sirve “para pagar al BGF unas deudas y para que (la Autoridad de) Carreteras pueda operar”.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Pase de batón a los municipios
Entre las primeras propuestas que evalúa el grupo de reorganización gubernamental está transferir 19 competencias del Gobierno central a los municipios, como por ejemplo: la seguridad, el mantenimiento y la transportación escolar.
Aunque no se detalló cuáles, también se analiza transferir algunas funciones del Departamento de Salud y el Departamento de Hacienda a los municipios.
Durante años, los alcaldes han solicitado que se les confiera la potestad de fiscalizar los recaudos del Impuesto sobre la Venta y Uso (IVU) debido a que los municipios tienen una mejor captación del arbitrio.
El grupo copresidido por el secretario de Estado, David Bernier, y el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, se reunió ayer por primera vez y espera tener listo el primer paquete de medidas y acciones concretas dentro de las próximas dos semanas.
Entre los objetivos principales del grupo está analizar el aparato gubernamental, sus agencias y programas para consolidarlos o eliminarlos de ser posible.Suárez sostuvo que algunos programas del Gobierno son anticuados y se pueden eliminar.
Por su parte, Carlos Santini, director ejecutivo de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), dijo que la transferencia de funciones a los municipios ha sido probada en un proyecto piloto en 16 pueblos cuando se pasó la seguridad, el mantenimiento y la transportación escolar. Aseguró que la transferencia logró 21% por ciento en ahorros.
Además de analizar si se pueden transferir competencias a los municipios también se evaluará la misma medida para el tercer sector y la integración de la tecnología. Suárez adelantó que el grupo utilizará recursos del sector privado, la Universidad de Puerto Rico (UPR), los alcaldes y la sociedad civil para completar el plan de reorganización gubernamental. Se espera que esta semana se lleve a cabo una segunda reunión para discutir propuestas concretas.
Por su parte, Bernier aceptó que hay proyectos de ley que proponen la regionalización municipios autónomos que están en espera de la evaluación legislativa.
Ante este panorama, el titular de Estado dijo que también convocarán a los miembros de la Asamblea Legislativa para discutir las medidas que necesiten su aprobación.
No obstante, el secretario de la Gobernación dijo que no todas las medidas necesitarán aprobación legislativa. Suárez dijo que la reorganización no puede ser vista solo en términos de ahorros económicos sino de eficiencia.
“La reorganización gubernamental tiene que ocurrir si tenemos la crisis fiscal o no. Esto será un proceso a corto, mediano y largo plazo”, apuntó el secretario de la Gobernación.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Revisiones económicas a la baja
Cuando el gobernador, Alejandro García Padilla presente el nuevo presupuesto para el siguiente año fiscal 2016, lo deberá hacer desde una perspectiva más real que en el presupuesto anterior, ya que prácticamente todas las proyecciones han sido revisadas y los supuestos de mejoría del 2015 quedaron en letra muerta.
En la mayor parte de las proyecciones sobre las cuales se configuró el presupuesto vigente, la revisión de números fueron reasignados hacia la baja, lo cual ofrece una perspectiva más real para enfrentar las nuevas proyecciones, las cuales aún no están listas.
En las últimas semanas, diferentes agencias han dado cuenta de las revisiones de números para corregir datos anteriores del Índice de Actividad Económica (IAE), estadísticas de empleo y el desempeño del Producto Nacional Bruto (PNB), entre otros. Esta información es de suma importancia, no solo para elaborar el presupuesto de la Isla, sino que es imprescindible su certeza para los acercamientos al mercado inversor, para la elaboración de propuestas legislativas y la solicitud de fondos federales, para mencionar algunos.
Aunque no es inusual que más allá de las proyecciones los números reales pueden mostrar variaciones hacia ambos lados de la balanza, en esta ocasión –y en el contexto de la fragilidad económica- prácticamente todos los resultados principales han quedado rezagados en el terreno negativo, contrario a lo que se había proyectado.
Para este año fiscal 2015, que vence el próximo 30 de junio, la Junta de Planificación (JP) mantenía un pronóstico de crecimiento económico de 0.2% en el Producto Nacional Bruto (PNB) real, cuando registraría $6,530 millones. La comparativa fue con el PNB real de $6,517 millones correspondiente al fiscal 2014.
Hace dos semanas, la JP presentó una revisión la cual evidenció que el PNB para el año fiscal 2014 totalizó $6,391.9 millones a precios constantes, para una reducción del 0.9 %. A precios corrientes, el PNB totalizó $69,201.6 millones y la proyección previa era de $72,821 millones.
Esos números sirven de embocadura para la nueva proyección que elabora la JP en ruta al nuevo año fiscal 2016, que según su presidente Luis García Pelatti, está bastante adelantada pero igualmente dependía de la aprobación de la reforma contributiva, la cual fue derrotada en la Cámara de Representantes.
“Yo espero que la proyección del 2015-2016 salga la próxima semana… ya está bastante final. Lo que estamos trabajando es la proyección y de manera separada lo que pueda impactar la reforma en diferentes escenarios”, explicó García Pelatti.
EL VOCERO le preguntó si la marcada tendencia de números a la baja ya deja entrever una proyección de decrecimiento para el nuevo año fiscal, pero el funcionario dijo que prefería concluir con el análisis general de las finanzas del gobierno antes de expresarse al respecto.
Hace un mes se hizo público que el desempeño económico del 2014 fue más bajo de lo que originalmente había comunicado el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Esto salió a relucir a raíz de una revisión que realizó el Negociado de Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos sobre los datos del empleo asalariado no agrícola, que mostró un decrecimiento de 17,333 empleos menos de lo estimado a diciembre 2014.
El efecto inmediato fue un cambio total en el IAE, por lo cual reflejó una baja de 3.5% para el fiscal 2014 y no 3.0% como se había informado. Igualmente, provocó cambios en el primer semestre del actual año fiscal 2015 (julio-diciembre pasado), al registrar una reducción de 2.7% y no 1.5%.
Otro dato de importancia con cambio de números incluye el gasto de consumo personal para 2014, con $62,324.4 millones, para una caída de 0.02 % frente al 2013. En cuanto al Ingreso Personal disponible para 2014, fue $61,444.2 millones, con el reflejo de una merma de 0.8 % frente al año anterior.
Con este escenario y a menos de dos meses para cerrar el presupuesto vigente, el motor del aparato gubernamental -que se enciende con los ingresos al Fondo General-, cuenta con un déficit de $130 millones a marzo y otra cantidad cercana para abril. La ausencia de crédito, la falta de liquidez del BGF y la imposibilidad de lograr financiamiento para conseguir los $1,000 millones que necesita Hacienda en bonos en anticipación de ingresos (TRAN´s, por sus siglas en inglés) para mejorar sus fondos, también abonan a un cuadro económico mucho más frágil para el nuevo presupuesto.
En la Oficina de Gerencia Presupuesto (OGP) ya se adelanta un plan de recortes significativos en gastos para poder culminar con un presupuesto apretado.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Gobierno evalúa recorte de $1,500 millones al presupuesto
Conoce 8 áreas que podrían verse afectadas por el plan de reducción de gastos
1. Los fondos por fórmula que reciben la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Administración de los Tribunales y los municipios podrían verse reducidos en un 20%.
2. La mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que ayudan al gobierno en la prestación de servicios no recibirían fondos públicos. Entre ellas figuran la Cruz Roja Americana, SER de Puerto Rico, Hogar Crea, Teen Challenge y otras.
3. Las organizaciones deportivas y culturales, así como los museos, tampoco recibirían ayudas económicas del gobierno.
4. Varios fondos de becas, incluyendo uno de $25 millones para estudios post secundarios técnicos y universitarios en instituciones públicas y privadas, no recibirían asignaciones.
5. Se eliminarían $1.2 millones para la operación de los partidos políticos en el año electoral.
6. Los recortes incluyen los subsidios que recibe la industria hotelera.
7. Los fondos de la Legislatura también se verían reducidos.
8. Las partidas que reciben la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes dejarían de recibir dinero público.
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