EL VOCERO / Archivo

El liderato del Partido Nuevo Progresista en Cataño denunció hoy supuestas acciones ilegales por parte del alcalde de dicho pueblo, José Rosario, quien actualmente lleva a cabo una obra de construcción en su residencia de sobre $80 mil, lo que alegadamente va en violación a las leyes y reglamentos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

El representante Antonio ‘Tony’ Soto, los senadores Migdalia Padilla y Carmelo Ríos, y el presidente municipal del PNP en Cataño, Félix ‘Cano’ Delgado emplazaron al gobernador Alejandro García Padilla a tomar acción al respecto y contestar si el Alcalde merece su apoyo.

“En el año 2011, el alcalde de Cataño pidió un permiso de  construcción a la (OGPe) ya que iba a ser una remodelación en su propiedad en la urbanización Mansiones de Cataño. Ese permiso tenía una vigencia hasta septiembre de 2013. Dicha construcción constaba de agrandar los patios delanteros, traseros y laterales. A pesar de no cumplir con los requisitos de las cabidas de los patios, la junta adjudicativa, concedió el permiso condicionado a que el alcalde cumpliera con unos requisitos que estaban establecidos en dicha resolución”, explicó Soto.

Según el representante novoprogresista, para levantar el permiso el alcalde alegadamente tenía que someter la evidencia de pago de los arbitrios de construcción, evidencia de pago de la póliza del fondo del seguro del estado, de igual forma tenía que someter todo lo concerniente a la contratación del contratista y rotular el área de remodelación.

El Representante Soto explicó que “Rosario no ha cumplido con los requisitos, sin embargo comenzó la construcción en violación total de las leyes y reglamentos de OGPe. Motivados por las quejas de los vecinos, se radicó una querella en la OGPe, número de tramite 2015-SRQ-067305, para que se lleve a cabo la investigación pertinente. Esta investigación podría resultar en una multa de un mínimo de $500 o inclusive la demolición de la obra”.

En conferencia de prensa, los funcionarios mostraron alegada evidencia de la ilegalidad de la obra, que constata que en el 2011 a Rosario le fue aprobado un permiso provisional de construcción con vigencia de dos años, condicionado a la presentación de unos requisitos los cuales nunca sometió. Debido a esto, en 2013 el permiso caducó y el Alcalde supuestamente no ha hecho gestión adicional para legalizar la construcción en su residencia, la cual comenzó hace varias semanas.

Así también, la Senadora Padilla sostuvo que “desde que este señor asumió el cargo hemos visto un patrón de acciones erráticas y en contra de la ley. La ley tiene que ser aplicada a todos por igual, y como servidor público el alcalde se expone también a una querella e investigación en la Oficina de Ética Gubernamental si la investigación de la OGPe determina que hubo una acción ilegal. Esto no se va a quedar aquí, esto se está denunciando y vamos a estar dándole seguimiento a la querella presentada en OGPe y a los posibles señalamientos éticos”.

No obstante, el senador Carmelo Ríos hizo un llamado al alcalde de Cataño a que le dé razones al pueblo el por qué no debe pagar una patente por construcción en su propio municipio y hacer las gestiones legales como “todo hijo de vecino”.

Ríos trajo a colación el caso del legislador por el PNP Rivera Guerra cuando en la administración de Luis Fortuño se le imputó de cargos por no divulgar la liquidación de una deuda contraída por la construcción de una piscina en su residencia y no divulgar los informes financiero de la construcción de una mejora en su casa por más de $3 mil. A Guerra también se le atribuía una violación a la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos por vivir en Aguadilla sin permisos de la Oficina de Gerencia de Municipios Autónomos.

De igual modo, el Senador Ríos indicó que “el alcalde de Cataño siempre ha mostrado un claro menosprecio de la ley. Es una persona prepotente, que ahora tiene que contestarle al pueblo de Cataño varias cosas. Porqué en su propio municipio dónde él se supone que reciba patente de construcción, quiere obviarlo; porqué él cree que no tiene que cumplir con la ley. OGPe tiene que actuar de manera ágil y poder proveer la información para que él sea procesado de manera ética o de cualquier otra violación”.

Finalmente, Delgado dijo que “en momentos en que un pueblo pide honestidad y transparencia a los políticos vemos como un Alcalde con ínfulas de poder, por entender que está por encima de la ley, continúa el patrón de violación a las leyes de Puerto Rico. Lo vimos en las pasadas elecciones y ahora remodelando una casa por más de $80 mil ilegalmente”.