El equipo fiscal del Gobierno ha identificado recortes ascendentes a $900 millones en el próximo presupuesto que incluirían una reducción de un 20% en las partidas por fórmula  que reciben anualmente la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y los municipios.

Esta lista de recortes -a la que tuvo acceso ayer El Nuevo Día-  es uno de varios escenarios que estudia el Gobierno en su meta de recortar $1,500 millones y lograr un presupuesto balanceado para el próximo año fiscal, luego de que el proyecto de reforma contributiva presentado por el Ejecutivo se colgara en la Cámara de Representantes el pasado miércoles.

“El camino va ser largo, difícil, los servicios se van a afectar. Todos  los ciudadanos, toda persona que viva en Puerto Rico, tiene que tener claro que esto le va a impactar directa o indirectamente”, advirtió ayer el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, al confirmar los números de la lista a la que tuvo acceso este diario.

La reducción en las partidas por fórmula, por ejemplo, representaría $166 millones menos para la UPR en  el próximo año fiscal, $69 millones menos para la OAT y $45 millones menos para los municipios. La UPR también perdería $10 millones para becas y ayudas bajo la Ley 70 y otros $500,000 para becas de medicina, odontología y medicina veterinaria, supo este diario.   Asimismo, un fondo de becas y ayudas  para estudiantes de nivel postsecundario técnico y universitario, ascendente a $25 millones, para estudios en instituciones públicas y privadas sería eliminado.

La OAT, por su parte, enfrentaría este nuevo recorte luego de que se viera obligada recientemente a cerrar varias salas en algunos tribunales debido a la falta de fondos.

Bajo este escenario -que Cruz Batista aclaró que no es final, aunque es el menos fuerte de los que se están considerando- un 98% de las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a al Gobierno a ofrecer servicios no recibiría fondos, con excepción de aquellas que tienen que ver con enfermedades catastróficas y terminales. Las organizaciones culturales, deportivas, así como museos, tampoco recibirían fondos públicos.

De igual forma, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) perdería $1.2 millones que se destinarían para la operación de los partidos políticos en el próximo año electoral.

Mientras, la Federación de Alcaldes y la Asociación de Alcaldes también sufrirían recortes drásticos. La lista que analiza el Gobierno señala que perderían una partida de más $700,000 y otras dos de $250,000 que recibe cada una de las organizaciones. Fuera del panorama presupuestario quedarían también los incentivos a la industria hotelera, mientras que la Legislatura sufriría un recorte, al igual que las otras dos ramas de Gobierno.

Impacto en la ciudadanía

“Son escenarios preliminares que  hemos estado mirando. Aquí lo importante es que hay un servicios básicos que hay que garantizar en las áreas de salud, seguridad y educación. Definitivamente, va a ver un impacto en los ciudadanos”, reiteró Cruz Batista.

El director de la OGP describió este escenario bajo análisis como uno que permite atemperar los gastos a los ingresos recurrentes, que suman $8,600 millones,  cifra que se queda corta por $1,500 millones para cumplir con el  pago de la deuda del gobierno central, del Sistema de Retiro gubernamental y de la reforma de salud.

Cruz Batista reiteró que una reducción en la jornada de los empleados públicos que no brinden servicios esenciales como policías, bomberos, enfermeras, etcétera, está sobre la mesa. “Eso es parte de la ecuación de lo que estamos mirando”, señaló el funcionario.

Ante este escenario. el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, advirtió que un recorte en los recursos con que cuentan los municipios, particularmente los más pequeños, resultará no solo en reducción de jornada laboral, sino que podría conllevar la eliminación de plazas de trabajo.

Ortiz, quien visitó ayer La  Fortaleza, fue cuestionado por periodistas sobre el anuncio de que el próximo presupuesto podría contener recortes en la aportación que hace el gobierno central a los municipios.

“Ese es el resultado de no haber recibido el apoyo de un grupo de legisladores que, a pesar de que se les visitó, se les habló y se les explicó las consecuencias que iba a tener el no votar a favor de un nuevo sistema contributivo para el País, hoy el Gobierno tiene que hacer unos ajustes porque no va a contar con esos recursos que se supone diera ese nuevo sistema contributivo”, declaró el también alcalde de Cayey.

Ortiz no descartó que los legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) que votaron contra la propuesta de reforma contributiva puedan apoyar otra legislación para transformar el sistema contributivo de la Isla y para evitar que el Gobierno carezca de recursos para atender sus obligaciones.

“Esperamos que no permitan que el Gobierno de Puerto Rico entre en un impago porque los municipios más pequeños serían los más perjudicados. Se está hablando posiblemente de reducir jornada laboral en el gobierno central, pero la ausencia de recursos en los municipios, en muchos casos puede significar para los municipios no solo reducir jornada laboral, sino eliminar puestos de trabajo”, afirmó el alcalde cayeyano.

 Trabajarán “sin descanso”

La posibilidad de recortes drásticos fue parte del  cuadro fiscal que le presentó ayer el Ejecutivo al liderato legislativo y que llevó a los presidentes de ambas cámaras a declarar que trabajarán “sin descanso” en las próximas horas y días para identificar posibles opciones que, no solo atiendan o alivien la situación, sino que además logren el consenso entre ambas ramas de Gobierno.

“El panorama fiscal es el siguiente. Para julio del año que viene tendríamos un déficit de flujo de efectivo de $441 millones, debido a que, al hacerse más difícil el acceso a los ‘trans’ comenzamos el año fiscal con esa deficiencia de flujo efectivo. También se les presentó las deficiencias de flujo de efectivo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) porque el BGF, distinto a lo que ocurrió el año pasado que prestó dinero al gobierno central para poder operar durante los primeros tres meses, durante este próximo año fiscal no va a poder hacerlo”, sostuvo el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez.

Los mencionados “trans” es un préstamo a corto plazo que anualmente toma el Departamento de Hacienda para costear sus gastos durante los primeros meses del periodo fiscal, cuando los ingresos gubernamentales son menores.

“Esa realidad fiscal es dolorosa, es un camino difícil que tenemos que llevar todos para principios del año fiscal, agregó.

A continuación posibles medidas para recortes: 

1.       Los fondos por fórmula  que reciben la Universidad de Puerto Rico, la Oficina de Administración de los Tribunales y los municipios podrían verse reducidos en un 20%.

2.       La mayoría de las   organizaciones sin  fines de lucro que ayudan al gobierno en la prestación de servicios no recibirían fondos públicos. Entre ellas figuran la Cruz Roja Americana, SER de Puerto Rico, Hogar Crea, Teen Challenge y otras.

3.        Las organizaciones deportivas y culturales, así como los museos, tampoco recibirían ayudas económicas del gobierno.

4.        Varios fondos de becas, incluyendo uno de $25 millones para estudios post secundarios técnicos y universitarios en instituciones públicas y privadas, no recibirían asignaciones.

5.       Se eliminarían $1.2 millones para la operación de los partidos políticos en el año electoral.

6.       Los recortes incluyen los subsidios que recibe la industria hotelera.

7.       Los fondos de la Legislatura también se verían reducidos.

8.       La Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes dejarían de recibir dinero público.

Antonio Gómez colaboró en esta historia.