Todo apunta a que la propuesta para aumentar de 7 a 11.5% el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) pende de un hilo, luego que el proyecto presentado por el primer ejecutivo Alejandro García Padilla, establece una transición al Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) pero no plasma como una posibilidad regresar al cobro del arbitrio general en los muelles.
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El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, confirmó ayer que la conferencia legislativa dejó la puerta abierta para volver a cobrar el arbitrio general. Sin embargo, no se incluyó en el proyecto de ley esta posibilidad porque, a su juicio, se necesita proyectar certeza ante los inversionistas.
“Entendemos que el pueblo de Puerto Rico necesita certeza. No solo el pueblo, sino el mercado de inversiones y con eso en mente se radicó el proyecto transicionando a una IVA”, sentenció el titular de Hacienda previo a una reunión sobre el presupuesto en La Fortaleza.
Los representantes populares Luis Raúl Torres y Luis Vega Ramos dijeron ayer no estar seguros de si respaldarán el proyecto que radicó el gobernador, pues no saben aun si cumple con los acuerdos a los que llegaron en la reunión del pasado jueves.
La Cámara tiene sesión hoy a las 11:00 a.m. y ayer no se descartaba que la medida sea llevada a votación aun cuando es incierto que cuente con los votos para ser aprobada.
Con los votos en contra de la minoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP) y tres votos en contra de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) el proyecto no pasaría el cedazo de la Cámara de Representantes.
En tanto, Torres dijo que buscará reunirse con el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Ayer, no pudo confirmar que votaría a favor de la medida.
“Como está radicada, hay que hablar. Yo no quiero hablar de votos porque tenemos qu
e hablar con el gobernador, con Jaime (Perelló) y con (Eduardo) Bhatia que fueron los tres que acordaron con nosotros para que honremos los acuerdos”, dijo Torres. “Si honramos los acuerdos, tengo que honrar mi palabra. Si no, no puedo votar a favor porque no es lo que hablamos”.
Torres cuestionó que el proyecto radicado por el gobernador sea una especie de transición al Impuesto de Valor Añadido (IVA) sin que se consideren otras opciones como las que ellos proponen, como sería un impuesto en los muelles.
“Yo no quiero que se vea como una amenaza mía de que voy a votar en contra porque no se trata de eso”, dijo Torres.
Dijo que hay tiempo para discutir esto y aprobar el presupuesto antes del 1 de julio, cuando comienza el nuevo año fiscal.
“Siempre los presupuestos se han cuadrado con diversas medidas de recaudo e ingresos. Quieren obligarnos a que la única alternativa sea esta. Ese es el problema. Quieren obligarnos a que la única alternativa de ingreso sea el IVA y ninguna otra. Ese es el problema”, dijo Torres.
El lunes en la noche, Torres junto a Vega Ramos, Manuel Natal y Luisa Gándara enviaron una carta al gobernador advirtiendo que el IVU no puede ser permanente y enumerando lo que, a su entender, fueron los acuerdos a los que llegó la conferencia legislativa el pasado jueves.Junto a estos cuatro representantes, Ángel Matos y Carlos Vargas votaron en contra de la reforma contributiva propuesta por el gobernador. Vargas ya dejó saber que no favorecerá tampoco este proyecto. Matos, por su parte, dijo que esperará a ver si el proyecto cumple con lo acordado, pero no firmó la carta enviada al gobernador el lunes.
Según Torres, la medida que se discuta ahora en la Cámara debe aclarar que no se “emigrará a un IVA” y que se considerarán otros recaudos.
“Aún con esa medida hay que cortar $500 a $600 millones. Tienen que informar al país qué es lo que van a recortar, si la jornada laboral de empleados, si van a quitar a la universidad, al sistema de justicia y cuánto representa eso en recortes”, dijo Torres. “Eso está por verse pero hay que preguntarse por qué no quieren ver otras medidas de recaudos”.
Vega Ramos, por su parte, dijo no estar listo aún para decir si le votaría a favor porque aseguró que está aún leyendo la medida.
“No he tenido la oportunidad de atenderlo en detalle. Todavía no estoy en posición de emitir comentarios sobre eso. No lo he podido leer”, dijo Vega Ramos. “Estoy leyendo el proyecto y consultando. No tengo un criterio formado”.
Cuando se le preguntó sobre los motivos para enviar la carta, dijo que “me parece que era importante tener claro avanzar en la discusión de la medida con estas bases claras”.
“Hasta que no tenga la oportunidad de analizar el proyecto, no quiero expresarme. Mi expectativa es que el proyecto que se lleve a votación contenga los acuerdos esbozados por nosotros y el gobernador y los presidentes legislativos el pasado jueves”, dijo Vega Ramos. “Esa es mi expectativa”.
Por su parte, el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, dijo que lo que ha visto del proyecto sí cumple con lo acordado el jueves.
“Lo que se acordó es que vamos a aprobar esto para solucionar el problema inmediato para que sea un mecanismo que Hacienda tenga a la mano y pueda hacer cumplir en este período”, dijo Nadal Power. “En un período que no sé si está determinado en el mismo proyecto, se van a evaluar otras opciones. Una de ellas es la del arbitrio general, que no se está descartando, pero hay que evaluar eso con otras opciones que se presenten para mejorar el sistema existente y que se demuestre que puede dar resultado”.
Según dijo, el fin del proyecto no es establecer desde ahora cuál será el próximo mecanismo de recaudo.
“Lo que estamos es diciendo que se van a evaluar opciones y entre ellas se va a seguir evaluando el arbitrio general para auscultar si en efecto pueden proveer los recaudos porque se hizo una presentación muy buena, pero todavía hace falta elaborarla”, dijo. “Hace falta más estudio”.
En respuesta a los legisladores, el secretario de Hacienda, indicó que aunque el cobro del arbitrio general no fue incluido en la medida, “hay un compromiso, y si eso es viable vamos pa’lante con eso”.
Por su parte, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, insistió en que la conferencia legislativa acordó hacer una transición al IVA.
“Se acordó también que el arbitrio general iba a seguir siendo estudiado para ver si era una alternativa de recaudo”, sentenció el funcionario.
Cuando se le confrontó sobre si hubo un acuerdo para que se incluyera la posibilidad de regresar al arbitrio general en el proyecto de ley, Suárez dijo que “es cuestión de mirarlo a ver qué tipo de lenguaje se utiliza”.
Maricarmen Rivera Sánchez colaboró en esta historia
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con nueve años de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Recortes a tutiplén
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, informó que el Ejecutivo presentará esta tarde ante la Asamblea Legislativa el presupuesto recomendado para el nuevo año fiscal basado en recaudos de $9,800 millones y sin recortes en la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Policía de Puerto Rico ni el Departamento de Agricultura. Tampoco se recortarán los fondos destinados a los incentivos agrícolas.
Sin embargo, el funcionario no descartó la reducción de la jornada laboral en algunas agencias porque dependerá del acceso que tenga el Gobierno a las Notas de Anticipación de Impuestos (TRANs). Agregó que el presupuesto no contempla el despido de empleados público.
“No está contemplada (la reducción de jornada laboral) presupuestariamente. Sin embargo, el presupuesto y el flujo de efectivo son distintos. Una vez aprobado el presupuesto, nosotros vamos a los mercados para tratar de obtener los TRANs, que es lo que nos da el flujo de efectivo para operar el gobierno en julio y los primeros meses del año (fiscal). Va a depender de eso para que no haya la necesidad de tomar esas acciones”, sentenció el secretario de la Gobernación en rueda de prensa.
Las demás agencias públicas recibirán recortes en su presupuesto en las áreas de contratos y servicios comprados. Se espera que hoy se detallen los recortes por agencia.
Tal y como se había adelantado, Suárez dijo que el presupuesto contempla una reducción de $600 millones en los gastos del Gobierno.
Entre los recortes está la eliminación de la aportación de $600 mil para gastos operacionales de los partidos políticos en el año electoral.
Además, se recortarán las asignaciones legislativas. Al mismo tiempo, se reducirán los contratos, los servicios comprados y se contempla una reducción de la nómina por retiro de los empleados públicos que suma $131 millones.
Al mismo tiempo, se consolidarán 95 escuelas del Departamento de Educación y se reducirán los gastos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) con la reestructuración de las rutas.
Suárez informó que se consolidarán al menos 20 agencias gubernamentales. Rehusó detallar cuáles y aseguró que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis Cruz Batista, ampliaría la información cuando se presente el presupuesto porque “hay asuntos procesales que tenemos que atender”.
Además, las organizaciones sin fines de lucro recibirán menos fondos del Gobierno, pero aseguró que el recorte sería menor al anunciado hace dos semanas.
“Le va a permitir a las organizaciones operar al igual que el Gobierno en un sistema de austeridad”, sentenció.
En tanto, la Administración de Seguros de Salud (ASES) no recibirá recortes en su presupuesto. No obstante, el secretario de la Gobernación, adelantó que todavía no tienen alternativas de financiamiento para saldar la deuda de $229 millones correspondiente a servicios prestados en el mes de marzo. Precisamente, esta tarde, el Colegio de Médicos y Cirujanos se manifestará frente a La Fortaleza ante la falta de pagos a los galenos que prestan servicios a los beneficiarios del plan de salud de Gobierno.
De otro lado, el secretario de la Gobernación, indicó que se proyecta una reducción en las aportaciones previstas al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a la Administración de los Sistema de Retiro.
Suárez insistió que el Gobierno necesita aprobar un presupuesto “creíble” y las enmiendas al Código de Rentas Internas que aumentarían el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7 a 11.5 por ciento para poder buscar la emisión de $2,900 millones que insiste le daría liquidez al BGF.
“El retraso que ha habido nos pone en una situación difícil y por eso tenemos que movernos con urgencia para aprobar todas estas medidas”, concluyó el secretario de la Gobernación.
No se descartó la aprobación de la vídeo lotería para sumar más recaudos al erario.
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