Una delegación congresional compuesta en su mayoría por integrantes del Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal viajará a Puerto Rico esta semana, para discutir asuntos de alto interés gubernamental.
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, confirmó que la comisión arribará este próximo jueves e indicó que junto a él, sostendrán reuniones relacionadas al proyecto que enmienda el Capítulo 9 y al tema de la seguridad, específicamente el narcotráfico en la región del Caribe.
EL VOCERO supo que se vislumbra un encuentro con el gobernador Alejandro García Padilla.
Pierliusi, quien es miembro de la comisión desde el 2009, aseguró que la delegación bipartita, que estará encabezada por el presidente del Comité de lo Jurídico, Bob Goodlatte, partirá del País el sábado.
“La Comisión de lo Jurídico siempre ha estado disponible para atender los asuntos que afectan a Puerto Rico, en particular preocupados porque tengamos las herramientas para combatir el narcotráfico y los crímenes violentos. Más recientemente, han actuado con diligencia ante mi proyecto para enmendar el Código 9”, garantizó el comisionado residente a este medio. Además, sentenció que los miembros de la Comisión son conscientes de la situación por la que atraviesa Puerto Rico.
Pierluisi recordó que este proyecto le permitiría al gobierno de Puerto Rico autorizar a sus corporaciones públicas a acogerse a la protección del Capítulo 9 como último recurso en caso de insolvencia, bajo la supervisión de un juez federal de quiebras. El comisionado residente presentó la “Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico” en febrero ante la inconstitucionalidad de la llamada ‘quiebra criolla’ y la comisión ya celebró una vista en la que participaron la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta Febo; el conocido profesor de quiebras, John A.E. Pottrow y el director de Municipal Markets Analytics, Bob Donahue, quienes depusieron a favor. También acudió el detractor de la medida, Thomas Moers Mayer, abogado de Franklin Municipal Bond Group y Oppenheimer Funds, quien demandó al gobierno en el foro federal por la ‘quiebra criolla’.
Bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, los gobiernos estatales pueden autorizar a sus instrumentalidades públicas acogerse a la ley federal. Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del término “estado” para esos propósitos.
El comisionado residente ha dicho que su expectativa es que se lleve a cabo una votación sobre el proyecto y que llegue al pleno por suspensión de regla, con el apoyo de dos terceras partes, para que se convierta en ley en el mes de junio.
“Me complace que la delegación congresional haya elegido a Puerto Rico como punto de partida de un viaje congresional más extenso enfocado, entre otros, en asuntos de seguridad, estado de derecho e inmigración”, puntualizó.
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