Ante un Gran Jurado se presenta prueba recopilada por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina del Inspector General de Educación (OIG), en relación a la pesquisa por el alegado esquema de fraude en el servicio de transporte a estudiantes.
Fuentes de EL VOCERO, informaron que varios testigos han acudido ante el panel deliberativo.
En agosto del pasado año el secretario de Educación Rafael Román, indicó a este medio que prácticamente el FBI mensualmente se comunicaba con la agencia y les requería información.
En junio del 2013 agentes del FBI y de OIG allanaron la región educativa de Caguas, en donde se incautaron documentos y discos duros relacionados a los contratos de los transportistas escolares, particularmente de los años 2003 al 2012.
Se alega que como parte del esquema varios transportistas escolares inflaron los precios de sus servicios.
En Cidra se allanaron las oficinas de un suplidor de servicios.
En la región de Caguas se han facturado $25 millones en transporte con fondos federales. Esta región comprende los pueblos de Guayama, Cayey, Aibonito, Guayama y Gurabo.
El junio del pasado año el Departamento de Educación canceló contratos a transportistas escolares que fueron firmados por el exsecretario de la agencia Edward Moreno y que tenían una vigencia de cinco años. Según el Departamento de Educación, los referidos contratos violaban la Ley Orgánica de la agencia que prohibe mantener contratos de más de cinco años.
La cancelación de los contratos se produjo al amparo de la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y Operacional.
El 31 de julio del 2014 unas 20 empresas de transportistas impugnaron en el Tribunal Federal la Ley 66 al alegar que viola múltiples provisiones de la Constitución estadounidense y piden que se declare nula e inválida la cancelación de los contratos por parte del Departamento de Educación.
Los demandantes, alegan que los artículos seis y 15 del estatuto proveen para la reducción de los contratos por sus servicios, ajusta las tarifas -las disminuye- y perjudican la relación contractual.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico solicitó la desestimación del pleito. El caso aun está pendiente ante el juez federal Jay García Gregory.
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.
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