El gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi, insistieron en la necesidad de que el Gobierno de Estados Unidos permita a las corporaciones públicas de la Isla acogerse a la protección del Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal ante una delegación congresional encargada de este tema.
Ambos funcionarios puertorriqueños se reunieron anoche, en una cena celebrada en el Palacio Santa Catalina, con el congresista republicano Robert Goodlatte, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes federal; y su homólogo Tom Marino, presidente del subcomité de Reforma Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolios.
En la reunión también participó la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta; el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; y el asesor en Asuntos Federales del primer ejecutivo, Emiliano Trigo.
“Esta cena es parte de los esfuerzos que está haciendo el gobernador para que Puerto Rico se incluya en el Capítulo 9”, sentenció Suárez a preguntas de EL VOCERO previo al encuentro. Sostuvo que el presidente de esa comisión hablaría de la importancia que tiene para Puerto Rico el que se apruebe esa medida.
Esta semana, el comisionado residente se expresó complacido con que “la delegación congresional haya elegido a Puerto Rico como punto de partida de un viaje congresional más extenso enfocado, entre otros, en asuntos de seguridad, estado de derecho e inmigración”.
Pierluisi sostendrá esta noche una cena privada con la delegación congresional y mañana harán una visita a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
La delegación congresional partirá mañana sábado a otras visitas programas en Centroamérica y Suramérica.
Goodlatte ha expresado dudas sobre la aplicación del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal a las corporaciones públicas de Puerto Rico.
El comisionado residente presentó en febrero el proyecto de ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico ante la inconstitucionalidad de la llamada “quiebra criolla” y la Comisión de lo Jurídico ya celebró una vista en la que participaron la presidenta del BGF, el conocido profesor de quiebras, John A.E. Pottrow y el director de Municipal Markets Analytics, Bob Donahue, quienes depusieron a favor.
También acudió el detractor de la medida, Thomas Moers Mayer, abogado de Franklin Municipal Bond Group y Oppenheimer Funds, quien demandó al Gobierno de Puerto Rico en el foro federal por la aprobación de la ley de “quiebra criolla”.
El comisionado residente ha dicho que su expectativa es que se lleve a cabo una votación sobre el proyecto y que llegue al pleno de la Cámara federal por suspensión de regla, con el apoyo de dos terceras partes de sus miembros, para que se convierta en ley en el mes de junio.
Esta semana una organización identificada como 60 plus publicó un anuncio en contra la medida radicada por Pierluisi en Politico y en el Northem Virginia Daily- estado de donde proviene Goodlatte.
“Siempre va haber oposición y nosotros estamos preparados para ello. Es importante que los funcionarios que tienen que ver con la evaluación de esta medida tengan de primera mano la información del gobernador y los funcionarios del Ejecutivo de cómo esta medida ayuda a Puerto Rico”, opinó el secretario de la Gobernación.
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