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Por Niger Innis, activista prominente del Tea Party y portavoz nacional del Congreso para Equidad Racial, una organización de derechos civiles hace 73 años.

La mayoría de los estadounidenses piensa que los redactores de la Constitución crearon una muy buena forma de gobierno; pero a la mayoría no le gusta la extralimitación del gobierno para tratar de controlar a la sociedad y sacar demasiado de nuestros bolsillos.

El territorio de Puerto Rico es un excelente ejemplo del fracaso de las viejas políticas de bienestar liberal con décadas de altos impuestos, que han llevado a las islas al borde de un cierre del gobierno. Estados Unidos tomó las islas para que el país se extendiera en el Caribe. Pero en lugar de seguir el modelo que el primer Congreso diseñó para los territorios, que requería igualdad de responsabilidades, así como de derechos, el gobierno federal trató de experimentar.

Se ha aplicado una mezcla incoherente de leyes federales. El territorio es tratado como Estado en algunas leyes, como territorio extranjero en otras, e incluso de forma singular en otras. La mayoría de los impuestos no se ha extendido, pero sí se han ampliado la mayoría de los grandes programas de dependencia del gobierno, aunque solo sea a nivel de segunda clase.

El resultado: un fracaso económico. Son tantos los puertorriqueños (quienes son ciudadanos estadounidenses) que se mudaron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor que ahora superan en número a los que se quedaron en las islas. La población del territorio se está reduciendo. La economía se ha quedado rezagada con respecto a la de los Estados Unidos durante cuatro décadas y ha estado en recesión durante casi nueve años.

La experimentación New Deal (Nuevo Trato) de Puerto Rico transformó las utilidades públicas operadas por entidades privadas en “corporaciones” gubernamentales subsidiadas, que podían pedir préstamos fácilmente, y excesivos porque el interés de sus bonos se grava incluso menos que los bonos de los Estados Unidos y sus municipios. Con la recesión de Puerto Rico, al menos una corporación, la Autoridad de Energía Eléctrica, no puede pagar todas sus deudas a su vencimiento. Y el gobierno territorial ya no puede subsidiar a dicha corporación.

La Constitución le exige al Congreso establecer un sistema de quiebra nacional uniforme. El sistema que el Congreso promulgó delega a cada Estado la decisión de si a los organismos de gobierno dentro del Estado se les debe permitir que reestructuren sus finanzas bajo reglas nacionales y supervisión judicial.

Puerto Rico ejerce la jurisdicción que los Estados poseen en virtud de la Constitución en la mayoría de las áreas. Sin embargo, en otro experimento, el sistema de la quiebra “uniforme” para las entidades del gobierno local no se extendió al territorio. Por consiguiente, su gobierno no puede autorizar a la Autoridad de Energía Eléctrica a reestructurar sus obligaciones en un compromiso con los propietarios de bonos, y todos los demás intereses, que un juez federal determine justos.

Hay un proyecto de ley en la Cámara de los Estados Unidos para tratar al territorio como un Estado en esta área, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico, pero algunas entidades que poseen una porción mínima de la deuda de la Autoridad de Energía están batallando contra la H.R. 870. Quieren un pedazo más grande del pastel.

Y sin la estructura judicial nacional que permita las conversaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores, las dos partes están argumentando unos con otros sin llegar a ninguna parte.

La situación ha provocado que los sindicatos nacionales y otros fondos de bonos presionen a la Administración de Obama para un rescate financiado por los contribuyentes de Estados Unidos. Parece que están haciendo avances. El Secretario del Tesoro, Jack Lew, llamó al demócrata Presidente del Senado de Puerto Rico, el 28 de abril, según se informa, y no descartó la ayuda federal financiada por los contribuyentes de los Estados Unidos.

El Congreso debe aprobar el proyecto de ley para dar al territorio la autoridad de quiebra de un Estado y resolver el tema donde corresponde: en primer lugar, en el gobierno territorial y, luego, si el gobierno territorial así lo elige, en un foro presidido por un juez. Esto haría que las partes resuelvan la disputa entre sí, y no se trataría de conseguir que el contribuyente federal pague la factura.

En segundo lugar, Puerto Rico tiene que poner sus asuntos fiscales en orden, estableciendo de inmediato un congelamiento del gasto en todo gasto público no esencial, ya que el gobierno subsidia a los partidos políticos, los hoteles, las organizaciones deportivas, y mucho más.

Y, por último, Puerto Rico debe adoptar políticas fiscales pro crecimiento para mejorar la inversión y ampliar la movilidad ascendente de los menos privilegiados. El actual gobierno de “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico les ha aplicado a los puertorriqueños aumentos de impuestos por más de mil millones de dólares en cada uno de sus dos primeros años y está tratando de hacerlo de nuevo. Se jacta de que ha atraído a dos billonarios de los Estados Unidos al territorio y a 500 millonarios -la mayoría negociantes de acciones y bonos de fondos de inversión eximiéndolos de casi todos los impuestos, pero no les exige invertir en el territorio a cambio.

Una mejor estrategia seria convertir a Puerto Rico una zona de libre empresa Caribeña. Por qué el auge comercial dinámico y en crecimiento entre América Latina y la Florida no debería beneficiar al territorio americano que está justo en el medio. Mientras que la Administración de Obama habla de un realineamiento hacia Asia, utilizando a la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) para asegurar el compromiso económico de Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico, ¿no deberíamos estar preocupados con limpiar nuestro propio territorio?

El pueblo Americano debe reconsiderar la condición no realmente separada, pero desigual de nuestra colonia económica de Puerto Rico.

A menos que los políticos de Washington y San Juan tomen estas medidas para fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la economía de Puerto Rico, los contribuyentes americanos se enfrentarán a un plan de rescate para Puerto Rico, que adeuda $164 mil millones en principal e intereses a los prestamistas.