En www.doctorshoper.com constantemente recibimos correos electrónicos por parte de los consumidores con alguna situación que confrontan con sus residencias en especial las que fueron construidas a principio de esta década. Entre los problemas más importantes están los relacionados con los vicios de construcción, incumplimiento de lo acordado cuando se adquirió la propiedad, propiedades no vendidas, reposeidas por los bancos y/o abandonadas. Muchos de estos complejos de viviendas los bancos se los han vendido a grupo de inversionistas. Como parte de dicha transacción, estos inversionistas se les eximen de tener que cumplir con los acuerdos iniciales hechos entre el desarrollador original y el consumidor comprador. Quedando los consumidores desprotegidos pero obligados a pagar lo estipulado en la escritura de compraventa.
La situación existente con los condominios es exasperante y varias entidades están haciendo añicos el sueño de muchos puertorriqueños de tener un hogar. Entre esas situaciones vergonzosas encontramos la delicada realidad que viven cientos de familias en Cabo Rojo ante el trato inapropiado que ha desplegado BP Faros del Oeste, Banco Popular y HQJ Services.
Estas familias compraron propiedades en el condominio Faros del Oeste y las empresas inadecuadamente abandonaron el proyecto de vivienda dejándolos a su propia merced. Luego de un prolongado proceso, finalmente el 24 de octubre de 2013, DACO resolvió a favor de los consumidores y les impuso sanciones por temeridad a los querellados. Esa decisión fue sostenida por el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. No obstante, no fue sino casi un año después que esas empresas cumplieron parcialmente con la resolución de DACO pero incluso hasta el día de hoy no se ha cumplido en su totalidad la decisión de dicha agencia gubernamental habiéndose presentado múltiples reclamos de los titulares para que la resolución administrativa sea cumplida a cabalidad.
Como si ello no fuera suficiente los titulares de ese condominio se vieron obligados a presentar una querella ante la Junta de Calidad Ambiental el 12 de marzo de 2012 pues la Planta de Tratamiento del condominio tenía graves problemas, estaba siendo operada sin permiso y su operación no cumplía con la ley. Por esa razón la Junta de Calidad Ambiental le notificó a esas empresas una multa ascendente a $18,000.00 y le ordenó corregir los serios defectos y desviaciones de ley. No obstante, hasta este momento dichas partes han atrasado y obstaculizado el procedimiento administrativo y no han corregido los graves defectos de la Planta de Tratamiento. La Junta de Directores del Condominio ha recibido cartas amenazantes de estas empresas dirigidas a intimidarles y a amenazarlos si divulgan la tragedia que están padeciendo.
Por razón de todo este impropio proceder, el valor de sus propiedades se ha desplomado en detrimento del presupuesto familiar de esos titulares. Ciertamente ha sido toda una odisea para estas familias puertorriqueñas lidiar con la intransigencia de estas empresas que le vendieron sueños y le entregaron una pesadilla.
Para agravar la situación el Senador y portavoz de la mayoría en el poder, Aníbal José Torres, Presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios, arrastra los pies muy similarmente como lo acostumbraba hacer el convicto Senador Jorge de Castro Font con el trámite de la Resolución del Senado 284, dirigida a realizar una investigación sobre las violaciones de ley acaecidas en esta funesta situación donde incluso las susodichas empresas se beneficiaron de la Ley de Estímulo al Mercado de Propiedades Inmuebles. Hay que preguntarse ¿quiénes están detrás de este Senador para que dicha resolución este aguantada? Mientras este Senador se le ve pavoneándose en este día en los medios en relación con la Reforma Contributiva, miles de consumidores como los de Cabo Rojo atraviesan un “vía crucis” para poder vivir en paz.
Son muchos los consumidores que han decidido abandonar a Puerto Rico debido que a verse impotentes a poder lidiar con situaciones como la antes descrita. Eso se le conoce como los “walk away”. En www.doctorshoper.com podemos especular que alrededor de un 20% de las propiedades actualmente reposeidas tienen algo que ver con lo antes descrito.
La vivienda es el principal valor económico para las familias puertorriqueñas y no es justo que corporaciones violen la ley para obtener su propio beneficio, con la indiferencia gubernamental más aún cuando el mismo gobierno nos está pidiendo sacrificios económicos. En Doctorshoper.com estaremos pendientes de esta específica situación y le daremos seguimiento para conocer su desenlace final.
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