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Por Niger Innis, activista prominente del Tea Party y portavoz nacional del Congreso para Equidad Racial, una organización de derechos civiles hace 73 años.

La mayoría de los estadounidenses piensa que los redactores de la Constitución crearon una muy buena forma de gobierno; pero a la mayoría no le gusta la extralimitación del gobierno para tratar de controlar a la sociedad y sacar demasiado de nuestros bolsillos.

El territorio de Puerto Rico es un excelente ejemplo del fracaso de las viejas políticas de bienestar liberal con décadas de altos impuestos, que han llevado a las islas al borde de un cierre del gobierno. Estados Unidos tomó las islas para que el país se extendiera en el Caribe. Pero en lugar de seguir el modelo que el primer Congreso diseñó para los territorios, que requería igualdad de responsabilidades, así como de derechos, el gobierno federal trató de experimentar.

Se ha aplicado una mezcla incoherente de leyes federales. El territorio es tratado como Estado en algunas leyes, como territorio extranjero en otras, e incluso de forma singular en otras. La mayoría de los impuestos no se ha extendido, pero sí se han ampliado la mayoría de los grandes programas de dependencia del gobierno, aunque solo sea a nivel de segunda clase.

El resultado: un fracaso económico. Son tantos los puertorriqueños (quienes son ciudadanos estadounidenses) que se mudaron a los Estados Unidos en busca de una vida mejor que ahora superan en número a los que se quedaron en las islas. La población del territorio se está reduciendo. La economía se ha quedado rezagada con respecto a la de los Estados Unidos durante cuatro décadas y ha estado en recesión durante casi nueve años.

La experimentación New Deal (Nuevo Trato) de Puerto Rico transformó las utilidades públicas operadas por entidades privadas en “corporaciones” gubernamentales subsidiadas, que podían pedir préstamos fácilmente, y excesivos porque el interés de sus bonos se grava incluso menos que los bonos de los Estados Unidos y sus municipios. Con la recesión de Puerto Rico, al menos una corporación, la Autoridad de Energía Eléctrica, no puede pagar todas sus deudas a su vencimiento. Y el gobierno territorial ya no puede subsidiar a dicha corporación.

La Constitución le exige al Congreso establecer un sistema de quiebra nacional uniforme. El sistema que el Congreso promulgó delega a cada Estado la decisión de si a los organismos de gobierno dentro del Estado se les debe permitir que reestructuren sus finanzas bajo reglas nacionales y supervisión judicial.

Puerto Rico ejerce la jurisdicción que los Estados poseen en virtud de la Constitución en la mayoría de las áreas. Sin embargo, en otro experimento, el sistema de la quiebra “uniforme” para las entidades del gobierno local no se extendió al territorio. Por consiguiente, su gobierno no puede autorizar a la Autoridad de Energía Eléctrica a reestructurar sus obligaciones en un compromiso con los propietarios de bonos, y todos los demás intereses, que un juez federal determine justos.

Hay un proyecto de ley en la Cámara de los Estados Unidos para tratar al territorio como un Estado en esta área, la Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico, pero algunas entidades que poseen una porción mínima de la deuda de la Autoridad de Energía están batallando contra la H.R. 870. Quieren un pedazo más grande del pastel.

Y sin la estructura judicial nacional que permita las conversaciones entre la Autoridad de Energía Eléctrica y sus acreedores, las dos partes están argumentando unos con otros sin llegar a ninguna parte.

La situación ha provocado que los sindicatos nacionales y otros fondos de bonos presionen a la Administración de Obama para un rescate financiado por los contribuyentes de Estados Unidos. Parece que están haciendo avances. El Secretario del Tesoro, Jack Lew, llamó al demócrata Presidente del Senado de Puerto Rico, el 28 de abril, según se informa, y no descartó la ayuda federal financiada por los contribuyentes de los Estados Unidos.

El Congreso debe aprobar el proyecto de ley para dar al territorio la autoridad de quiebra de un Estado y resolver el tema donde corresponde: en primer lugar, en el gobierno territorial y, luego, si el gobierno territorial así lo elige, en un foro presidido por un juez. Esto haría que las partes resuelvan la disputa entre sí, y no se trataría de conseguir que el contribuyente federal pague la factura.

En segundo lugar, Puerto Rico tiene que poner sus asuntos fiscales en orden, estableciendo de inmediato un congelamiento del gasto en todo gasto público no esencial, ya que el gobierno subsidia a los partidos políticos, los hoteles, las organizaciones deportivas, y mucho más.

Y, por último, Puerto Rico debe adoptar políticas fiscales pro crecimiento para mejorar la inversión y ampliar la movilidad ascendente de los menos privilegiados. El actual gobierno de “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico les ha aplicado a los puertorriqueños aumentos de impuestos por más de mil millones de dólares en cada uno de sus dos primeros años y está tratando de hacerlo de nuevo. Se jacta de que ha atraído a dos billonarios de los Estados Unidos al territorio y a 500 millonarios -la mayoría negociantes de acciones y bonos de fondos de inversión eximiéndolos de casi todos los impuestos, pero no les exige invertir en el territorio a cambio.

Una mejor estrategia seria convertir a Puerto Rico una zona de libre empresa Caribeña. Por qué el auge comercial dinámico y en crecimiento entre América Latina y la Florida no debería beneficiar al territorio americano que está justo en el medio. Mientras que la Administración de Obama habla de un realineamiento hacia Asia, utilizando a la Autoridad de Promoción Comercial (TPA) para asegurar el compromiso económico de Estados Unidos en la Cuenca del Pacífico, ¿no deberíamos estar preocupados con limpiar nuestro propio territorio?

El pueblo Americano debe reconsiderar la condición no realmente separada, pero desigual de nuestra colonia económica de Puerto Rico.

A menos que los políticos de Washington y San Juan tomen estas medidas para fortalecer la confianza de los inversionistas y mejorar la economía de Puerto Rico, los contribuyentes americanos se enfrentarán a un plan de rescate para Puerto Rico, que adeuda $164 mil millones en principal e intereses a los prestamistas.

WASHINGTON – Una larga cena en La Fortaleza concluyó el jueves en la noche sin que el congresista republicano Robert Goodlatte (Virginia), presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja estadounidense, se comprometiera a llevar a votación el proyecto 870 que permitiría a empresas públicas de Puerto Rico acogerse al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Goodlatte, sin embargo, expresó su intención de ampliar el examen sobre la medida, que fue objeto de una audiencia pública el pasado 26 de febrero en la  subcomisión de Reformas Regulatorias, Derecho Comercial y Antimonopolio, que está adscrito al Comité de lo Jurídico.

“Tuvimos unas muy buenas conversaciones con él, le aclaramos algunas dudas que tenía y quedamos en proveerle cierta información adicional de aspectos financieros y otros temas. No era cuestión de llegar a acuerdos pero más de reafirmar la importancia del capítulo 9 para Puerto Rico”, indicó ayer la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, quien ha sido la principal voz en este debate a nombre del gobernador Alejandro García Padilla.

En la cena, invitados por el gobernador García Padilla, estuvieron Goodlatte; otros  seis congresistas; el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi;  Acosta Febo; el presidente del Senado, Eduardo Bhatia; el presidente de la Cámara baja, Jaime Perelló; el secretario de Justicia, César Miranda; y el secretario de la Gobernación, Victor Suárez.

“La cena sirvió para que los congresistas vieran con sus propios ojos que aquí hay unidad de propósito en el asunto del capítulo 9”,  comentó, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, quien acompaña a Goodlatte como parte de una delegación del Congreso que estará más tarde en el fin de semana en Suramérica, donde la agenda incluye dos países, antes de ir también a dos naciones centroamericanas.

El viaje de la delegación legislativa que encabeza Goodlatte está centrado en temas de narcotráfico, por lo que hoy se tiene prevista una visita a las oficinas del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) en San Juan, además de recorridos por zonas de Culebra y Vieques.

Junto a Goodlatte y Pierluisi son parte de la delegación – y estuvieron el jueves en la noche en La Fortaleza -, los congresistas republicanos Tom Marino (Pensilvania), presidente del subcomité de Reformas Regulatorias; Jason Smith (Misuri); Mike Bishop (Michigan); Barbara Comstock (Virginia); y los demócratas Gregory Meeks (Nueva York) y Sheila Jackson Lee (Texas).

Del grupo, Smith, Comstock y Meeks son los únicos que no pertenecen al Comité de lo Jurídico, que tiene a su cargo decidir el próximo paso en torno al 870, que está en medio de un fuego cruzado que incluye a firmas de inversiones que representan bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y se oponen a la legislación, por un lado, y a las autoridades gubernamentales de Puerto Rico por el otro.

Pero, el republicano Smith es miembro del Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico y cuyo subcomité de Asuntos Insulares tiene previsto celebrar una audiencia en torno al status político de la Isla a finales de junio.

Goodlatte ha dicho al gobierno de Puerto Rico que utilizar el capítulo 9 es una medida que puede tener grandes consecuencias económicas, por lo que el 870 debe ser objeto de un examen a fondo.

Pero, aunque no estuvo en la audiencia del 26 de febrero, entonces circuló una declaración escrita en la que validó las preocupaciones de las firmas de inversiones Franklin y Oppenheimer con el hecho de que la medida pueda representar un cambio de reglas para bonistas que adquirieron sus bonos bajo la premisa de que el capítulo 9 no aplicaría.

Justo el día en que viajaron a la Isla, el grupo conservador de jubilados Asociación 60 Plus publicó un nuevo anuncio en Político, a toda página, para insistir en que ofrecerle a las corporaciones públicas de Puerto Rico el capítulo 9 significa un rescate financiero de $164,000 millones, al sumar el total de la deuda de $73,000 millones, la deuda de los sistemas de retiro y los intereses.

Pero, en el mismo mensaje publicitario indican que es falso que el capítulo 9 sea el salvavidas de las finanzas de Puerto Rico, pues indican, correctamente, que “solo aplicará a una fracción de toda la deuda”.

La Asociación 60 Plus, que representa 7.2 millones de jubilados, se involucró en la guerra de relaciones públicas de la medida – con argumentos similares a las firmas de inversiones opuestas a la legislación-, después de que se creara la Coalición para la Estabilidad Fiscal de Puerto Rico, que ha pautado anuncios a favor del proyecto y es dirigida por el presidente de la firma republicana de cabilderos Navigators Global, Phil Anderson.

En una carta a los miembros de la Cámara baja federal, el presidente del grupo “Citizens Against Government Waste”, Thomas Shatz, resaltó que el gobierno de Puerto Rico pide la inclusión en el capítulo 9 después de que un juez federal le invalidó su propia ley local, argumentando que ese mecanismo solo puede ser provisto por una ley estadounidense.

El acceso de las empresas públicas puertorriqueñas en el capítulo 9 “permitirá a deudores y acreedores llegar a acuerdos sin afectar a los contribuyentes estadounidenses y proveerá a Puerto Rico un camino hacia la recuperación y estabilidad económica”.

“Cada día es más obvio que los pocos fondos y bancos que se oponen al 870 – afirmó el comisionado Pierluisi-, lo hacen para adelantar sus propios intereses a costa del bienestar de nuestro pueblo y del resto de los bonistas y acreedores de nuestras entidades gubernamentales. Seguiremos en pie de lucha hasta lograr el trato que Puerto Rico se merece».