1. LA PRÓXIMA CONSULTA. Es evidente que, como todos los plebiscitos y referendos anteriores, la próxima consulta de status tendrá que ser acordada y reglamentada en San Juan, quizá aprovechando  la ley federal de enero  de 2014, cuyo lenguaje permite que la jefatura del Departamento de Justicia federal pase juicio sobre las alternativas que se incluirán en la papeleta.  En Washington se siguen expresando sobre el debate de status  como si no tuvieran que ellos que tomar también una decisión. “Los cambios al status político de Puerto Rico al final de cuentas serán hechos por sus ciudadanos, pero el Comité tiene la obligación de  monitorear los desarrollos, debido a los significativos retos económicos a que se enfrenta la Isla”, dijo el republicano Rob Bishop (Utah), el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, al cual pertenece el subcomité de Asuntos Insulares de Don Young (Alaska).

2. A– USENTE LA CASA BLANCA. El director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico, James Albino, estuvo, como observador, en la vista pública, del subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja federal. Pero, el subcomité no llamó a declarar a ningún representante del gobierno del presidente Barack Obama. Tras el plebiscito de 2012, el gobierno de Obama se ha limitado a indicar que las alternativas de status serán determinadas en San Juan, aunque bajo la ley de 2014 la Secretaría de Justicia puede examinar si las propuestas cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal. En su informe de 2011, el Grupo de Trabajo reconoció como alternativas constitucionales el ELA territorial, la libre asociación, la independencia y la estadidad. Pero, nada concreto han dicho en cuatro años, a pesar de proponer el lenguaje aprobado en enero de 2014, el cual ni siquiera Bishop conocía hasta que El Nuevo Día le preguntó sobre el vínculo del Congreso con esa iniciativa.

3. EL PROYECTO PRO ESTADIDAD. Dentro del subcomité de Asuntos Insulares, además de Young, los que más se identificaron en la audiencia con la medida del comisionado Pedro Pierluisi fueron los otros delegados de territorios. Young dijo a El Nuevo Día que quiere “mantener el tema vivo” y asignarle una futura audiencia. Más allá de eso, la medida de Pierluisi – que lleva el número 727 y tiene 109 coauspiciadores, solo 13 republicanos, y sin una legislación hermana en el Senado federal-, no tiene un camino definido. El número dos del subcomité de Asuntos Insulares, el republicano Dan Benishek (Michigan), dijo que fue la audiencia solo a escuchar. Lo mismo dijo el boricua Raúl Labrador (Idaho), quien es coautor de la medida y ni siquiera pregunto. Young advirtió que en Puerto Rico “va a haber una revolución” si no se atiende la crisis que refleja la situación económica, e insistió en que la Isla terminará siendo un estado o un país independiente.

4. LA LIBRE ASOCIACIÓN. En el Partido Popular Democrático (PPD), hasta lo soberanistas tienen reparos para identificarse directamente con el término de libre asociación. Prefieren siempre describir la opción de asociación soberana como un Estado Libre Asociado soberano. Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, no titubeó aquí en aceptar, sin embargo, que el ELA soberano que defiende es lo que internacionalmente se describe como la libre asociación y que los estadounidenses pueden llamar el “free associated state”. No es el ELA tradicional (Commonwealth). La alcaldesa Cruz y el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá – tras el gobernador Alejandro García Padilla dejar vacío el espacio oficial del PPD en torno al status-, le reclamaron al Congreso una nueva relación política y económica, basada en una asociación soberana.¿Cómo será esa libre asociación?   Peter Rosenblatt, ex embajador estadounidense para la negociación con las islas de Micronesia lo ha dicho antes y lo vuelve a decir en el documental “La Última Colonia” que se exhibió en el Congreso en la víspera de la audiencia: un acuerdo de libre asociación va a depender de lo que cada lado esté dispuesto a ofrecer.  En el tema de la vigencia de la ciudadanía estadounidense por nacimiento, la Casa Blanca del presidente Obama prefiere que los nacidos en un Puerto Rico bajo un status de libre asociación no sean ciudadanos estadounidenses. De todos modos, si usted quiere que sus hijos nacidos en un Puerto Rico soberano sean también ciudadanos estadounidenses las normas federales establecen que los estadounidenses tienen el derecho a transmitir la ciudadanía a sus hijos, no importa donde nazcan.

5. LA JUNTA DE CONTROL FINANCIERO. El propio Don Young se encargó de apagar el debate en su comisión sobre la posibilidad que el Congreso pueda crear por ley una junta de control financiero para administrar las finanzas locales de Puerto Rico. El único congresista que ha propuesto legislar para crear esa junta, el republicano Jeffrey Duncan (Carolina del Sur), ni siquiera se presentó a la audiencia. Días antes, su portavoz indicó a El Nuevo Día que aunque el congresista Duncan propuso la idea no tiene intenciones en este momento de presentar legislación sobre el asunto. (Más claro no canta un gallo, dirían en Río Piedras).La única vez que el Congreso ha creado por ley ese tipo de junta de control financiero fue en el caso de Washington D.C., cuyo presupuesto tiene que ser revisado por el legislativo federal.

¿Llevará la crisis a hacer más rigurosa la asesoría del Ejecutivo federal a la Isla? No se debe descartar, pero ello implicaría que el gobierno estadounidense tendría que cambiar de posición e intervenir con asistencia financiera. También es una discusión distinta la posibilidad de que bonistas, como han hecho con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), exijan oficiales privados de reestructuración en otras corporaciones públicas que pueden quedar insolventes.

Pero, pensar que el Congreso tiene voluntad para arrebatarle la administración de las finanzas del país al gobernador de Puerto Rico y de una vez por toda decidir hacia donde quieren encaminar el futuro político, está fuera de la realidad actual.

Hasta el principal partido de oposición, por medio del comisionado Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), ha dicho que combatiría la idea. Pese a su relación colonial, el comisionado Pierluisi afirmó que “Puerto Rico tiene su gobierno propio y una Constitución aprobada por el Congreso. El Congreso tendría que echar abajo todo ese andamiaje constitucional si fuera a nombrar una junta financiera. Yo estaría opuesto tenazmente opuesto a algo como eso. En vez de concentrarse en eso, deberían mejorar el trato en programas federales, incluyendo los de salud”.​

A menos que en su mensaje de mañana el gobernador García Padilla anuncie que está dispuesto a regresar al país a la era de los administradores coloniales de principios del siglo pasado, la próxima vez que alguien le hable de que hay ambiente en el Congreso para crear una junta de control financiera para Puerto Rico, pídale alguna evidencia.