Lo que desde hacía mucho tiempo se había vaticinado, anoche pareció confirmarse.
La posibilidad de que Puerto Rico pudiera entrar en un impago de sus responsabilidades económicas bien podría ser confirmado esta tarde por el gobierno.
Con el informe de la economista Anne Krueger, las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA) quedaron completamente desnudas, así como la administración de Alejandro García Padilla, por lo que se proponen medidas inimaginables y tan severas como la consideración de que se reduzca el salario mínimo federal, se recorte en términos reales la plantilla de empleados y se reestructure la deuda. Esta última recomendación incluye los bonos de las obligaciones generales (GO´s), considerados hasta ahora los más sagrados y protegidos con la constitución del ELA.
Un Puerto Rico distinto es que el que propone el informe de 26 páginas de la reputada economista y sus socios Ranjit S. Teja y Andrew Wolfe, todos ex funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual será presentado hoy por el gobernador García Padilla y la mencionada economista.
Tras presentar un cuadro fiscal desolador donde las opciones de recuperación no parecen abundantes, se proponen amplios recortes para reducir el gasto y sanear las finanzas del gobierno, acompañado de la reestructuración de la deuda pública, lo cual implica renegociar los acuerdos por obligaciones que sean menores porque el país no tiene para pagar.
Al mismo tiempo reconoce esto como un gran reto que implicará reclamaciones de los acreedores que le han prestado al ELA y sus corporaciones públicas $73,000 millones.
En el lado de gastos, entre las recomendaciones está recortar la nómina de maestros en el Departamento de Educación porque tiene 40% menos de estudiantes y un 10% más de maestros, y eliminar plazas podría economizarle hasta $400 millones para el 2020. En el lado de la salud, al recortar beneficios se economizaría otros $150 millones.
La Universidad de Puerto Rico es otro lugar donde producir amplios recortes en los subsidios y allegarse $500 millones más, mientras una renovación de la relativamente nueva ley 66 de sostenibilidad fiscal, atada al gasto de las agencias públicas, igual podrían significar ahorros de hasta $1,000 millones para el 2020.
Mientras tanto, en el aspecto contributivo establece que el aumento en el impuesto al consumo, el cual entra en vigor este miércoles, deberá allegarle unos $1,000 millones al gobierno.
En el lado de las corporaciones que ahora pagan un 4%, propone que sea revisado con una tasa de entre 10% a 15%, para un rendimiento inicial de $250 millones al 2017. Y respecto al impuesto sobre la propiedad, deberá revisarse para atraer otros $100 millones.
Contrario al discurso de presupuesto balanceado defendido una y otra vez por el gobierno, Krueger da cuenta de un déficit en las finanzas públicas proyectadas para 2016, que alcanza los $3,669 millones. Señala que más allá de la deuda, el problema grave es el déficit, apoyado por un problema estructural y la falta de ingresos. Queda implícito una tradición de políticas económicas incorrectas, aunque hace la aclaración de que este gobierno -que la contrató- ha tomado medidas contundentes para enderezar la economía, pero no lo ha podido lograr.
Krueger es más directa y anticipa que sin las medidas significativamente fuertes, es muy difícil que se puedan propiciar cambios y reducir el déficit, sobre todo ante una deuda a todas luces impagable. Para el 2018, el déficit proyectado será de $5,899 millones y para el 2015 de $8,209 millones si no se hace lo que propone.
Fundamental es el plan financiero a cinco años, que será lo que le asegure al ELA ganar credibilidad tras una década de recesión económica donde todos los valores económicos de la Isla han estado en declive, como el alto desempleo, la pérdida de riquezas, la caída en el valor de las acciones, la migración que desalienta el consumo y el colapso en la valorización de la propiedad, entre otros.
Krueger y su equipo sostienen que la legislatura debe afianzar leyes para que haya un plan fiscal concreto, dar alta prioridad a la transparencia, sobre todo en la información que produce el gobierno y en las estadísticas, elementos que entienden son ¨urgentes¨ para recuperar la confianza de los mercados de inversión.
Reforzar y dar recursos a los que producen estadísticas es vital y ¨no es un lujo¨, indica de manera preponderante en el informe.
De acuerdo con el informe sería fundamental que Puerto Rico se incluyera en el Capítulo 9 de la ley de quiebras de Estados Unidos, como un mecanismo para poder reorganizar su deuda de manera más eficaz. Esto es algo que comenzó a trabajar el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, pero aún no hay indicios de que pueda lograrse.
Al hablar de reducir el salario mínimo federal en la Isla, que actualmente es de $7.25 por hora, Krueger destaca que el mismo resulta negativo en términos de competitividad para Puerto Rico, en áreas como el turismo, si se compara con otras islas en la región.
Al describir que la situación de Puerto Rico es ¨insostenible¨, abunda que los altos costos energéticos, las amplias leyes laborales (como el pago de vacaciones, por enfermedad y licencias especiales, entre otras), así como las políticas de bienestar social, no ayudan a la competitividad de la Isla.
Otro factor es el alto costo de transportación, por lo cual sería beneficioso la exclusión de la Ley Jones.
Con la divulgación de este informe y la recomendación de que la deuda del ELA debe reestructurarse ante la imposibilidad de pagarla a los términos originales, está claro que muy pronto llegarán los pronunciamientos de las casas acreditadoras y ya se da por contado que el crédito de Puerto Rico volverá a degradarse y es probable que llegue al nivel más bajo en la categoría especulativa, que significa el impago de sus obligaciones.
Ya está claro que a partir de los próximos días el gobierno, el Banco Gubernamental de Fomento y demás corporaciones públicas, o avanzan en las reuniones ya iniciadas con acreedores o dejan de pagar ante el colapso financiero.
Llega el momento de la verdad
El comienzo del nuevo año fiscal este miércoles promete ser uno de mayores expectativas en cuanto al futuro económico de la Isla, y como antesala se asoma un mensaje del gobernador Alejandro García Padilla, que podría incluir el anuncio del plan que retratará un cuadro conocido por todos pero recién comenzado a pintar por la oficialidad.
El aviso que dio hace unas semanas el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) sobre la urgencia de medidas para evitar un posible cierre del gobierno ante la falta de dinero, sirvió de proscenio a lo que extraoficialmente se comenta que será la serie de recomendaciones drásticas para manejar el asunto económico a cinco años. Las sugerencias llegan del análisis y peritaje de la reconocida economista Anne Krueger y sus socios economistas, lo cual no solo deberá darle mayor contundencia a las medidas que hasta ahora el Ejecutivo no había tomado, sino para enviar un mensaje de peso a la comunidad inversora a través de una figura relevante.
Las medidas fiscales ya iniciadas no son ajenas, como la serie de imposiciones en diversos renglones, y como colofón el impuesto sobre el consumo que subirá de 7% a 11.5% a partir de este miércoles 1ro de julio. Podrían llegar otros recortes y –quien sabe- otras imposiciones.
Según fuentes consultadas, las recomendaciones serán “drásticas”, porque sí, porque se han de cumplir pagos millonarios para el servicio de la deuda al día de hoy, penúltimo de junio, y porque se tendrán que cumplir con otros pagos mayores a partir de mañana.
Igualmente pendientes están sobre $400 millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AEE), correspondientes al pago de intereses a sus acreedores, lo cual deben realizar el miércoles. Para mañana a las 11:59 de la noche vence la actual extensión del acuerdo de indulgencia, que aunque se dice que ha logrado avances, siempre parece pender de un hilo.
El Ejecutivo, así como legisladores y la presidenta del BGF y principal oficial financiera del gobierno, Melba Acosta Febo, han reiterado en los últimos días que los bonos de las obligaciones generales (GO´s) serán pagados, pero no existe igual mensaje para el resto de la deuda no garantizada por el Fondo General. Hasta ahora, el representante y presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, ha sido el más directo al señalar que lo que resta es decidir qué se paga y qué no a partir de esta semana, al dar por sentado que las finanzas del Estado Libre Asociado no permitirán cumplir con los vencimientos cercanos del resto de la deuda de $73,000 millones de todo el gobierno.
La gran promesa del gobernador ha sido que no despedirá a nadie del sector público como medida ante la crisis fiscal. No obstante, los economistas ya han sido claros al expresar que según la ruta económica de la Isla, y sobre todo de las últimas semanas, será altamente difícil sostener “la palabra”.
Según divulgado por este diario y en consulta con varias fuentes, el esperado plan a cinco años para encarrilar las finanzas y comenzar a recuperar la confianza inversora, incluirá cambios en la nómina. ¿Serán menos horas en la jornada semanal, menos días al mes o la salida fulminante de empelados transitorios? Eso no lo sabemos, pero estamos cerca de enterarnos.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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