Anne Krueger destacó la común ciudadanía como una de las ventajas para el desarrollo económico, aunque apoya medidas para las cuales Puerto Rico no tiene injerencia. Carlos Giusti / EL VOCERO

El Informe Krueger para salir de la crisis fiscal, que dio paso al mensaje del Gobernador, aprieta la cintura del hombre medio puertorriqueño hasta el punto en que los dirigentes sindicales invitados a la presentación del estudio insistieron en que no harán más concesiones y abandonaron la reunión.

La situación del gobierno fue descrita por el alcalde de Lajas Marcos “Turin” Irizarry como “al garete”. “El gobierno está al garete”, señaló al referirse a que cada cuerpo legislativo tiene un plan distinto al del Ejecutivo.

AGP es un Mentiroso Empedernido, por eso Nadie le cree. Habla lo que le escriben y lo cambia como el viento. Es una veleta política.

Ayer en la tarde, un salón de conferencias del Centro de Convenciones se llenó con todos los miembros del gobierno para escuchar el reporte de la economista Anne Krueger sobre las finanzas de Puerto Rico, así como del exjuez federal de quiebras Steve Rhodes, ambos contratados por el gobierno de Puerto Rico para que ofrezcan alternativas a la crisis fiscal. También fueron convocados los sectores empresariales y sindicales. La actividad fue moderada por el secretario de la gobernación Víctor Suárez.

A pesar de las diferencias, al parecer hay consenso entre muchos sectores para renegociar la alta deuda, incluyendo expresiones directa del expresidente de la Cámara de Representantes y actual legislador José Aponte, así como del representante Luis Vega Ramos, de la mayoría del PPD en ese cuerpo. Al momento, no hay negociaciones oficiales al respecto, informó Suárez.

No obstante, para la portavoz de la minoría del PNP en la Cámara, Jennifer González, el informe parece estar dirigido a un país soberano y no se acomoda a la realidad política de Puerto Rico con Estados Unidos. Aun así, Anne Krueger destacó la común ciudadanía como una de las ventajas para el desarrollo económico, aunque apoya medidas para las cuales Puerto Rico no tiene injerencia, como que no aplique la ley federal de salario mínimo, y eliminar las leyes de cabotaje, también federal.

Para el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el problema básico del Informe Kreuger es que distorsiona la realidad política y económica de la isla.

En su presentación, la economista pidió cambios a las medidas de beneficiencia del gobierno y severas rebajas en el presupuesto en la tarjeta de salud.

Líderes sindicales, como Pedro Irene y Angel Figueroa Jaramillo, advirtieron que si se implantan las medidas del Informe “empobrecerán más aun a la clase trabajadora”. Irene afirmó que “los trabajadores no haremos una sola no concesión más”. Roberto Pagán, de la SPT, aseguró que las medidas no tendrán el apoyo de los sindicatos, excepto la renegociación de la deuda.

Mientras, Suárez no explicó satisfactoriamente la posible contradicción entre entablar una renegociación de la deuda, como reclama el Informe Krueger, y a su vez promover activamente una posible quiebra para Puerto Rico, a menos que se trate de una estrategia para forzar la negociación de la deuda.

El economista Sergio Marxuach aceptó que en cuanto a las medidas de austeridad habrá discrepancias. “Algunas de ellas son controversiales, y otras menos, y nos toca a nosotros los puertorriqueños decidir cuáles implantamos”. Ante estas medidas, el economista Vicente Feliciano le advirtió a los sindicatos “que se preparen”.

Feliciano apoya una reforma laboral que flexibilice la inversión. Indicó que “30 días de
vacaciones, 18 de enfermedad y 16 feriados es mucho”. Lo que ven imposible e improcedente es bajar el salario mínimo. “Reducir el salario mínimo no crea ningún incentivo para trabajar”, sobre todo en una economía en la trabaja solo el 40% de la fuerza capaz de hacerlo”, dijo Marxuach.

Estos recalcarían las medidas de desarrollo económico. Para esto, el Informe Kreuger pide eliminar el Acta Jones, el salario mínimo, bajar costos energéticos, entro otros. “Esta es la parte crítica del Informe, no es en realidad la deuda. La deuda es un síntoma del problema, que es el (escaso) crecimiento económico del sector
privado”. Krueger buscar reducir los costos laborales para promover la
inversión foránea.

Feliciano estuvo de acuerdo con el Informe en que hay demasiados ingresos exentos, entre ellos señaló al seguro social, que recibe las personas mayores y jubilados, y la gigantesca economía informal.

El exjuez federal Steven Rhodes, que tuvo a su cargo exponer los beneficios que provee la quiebra, dijo que la Isla puede esperar un futuro caótico por las demandas de los acreedores y ser privado de la oportunidad de desarrollar su crecimiento económico. La quiebra, dijo, permite salir del atolladero en lo que desarrolla un plan de acción económica. “Puerto Rico depende de su acceso a la corte de quiebras”, dijo, porque será un “fresh start”. No es un rescate, advirtió. Indicó que las partes “necesitan una solución a la insolvencia”, y comparó la
quiebra con un hospital, no una enfermedad.

El gobierno impulsa una medida congresional que permitiría que Puerto Rico se acoja al capítulo 9 de la Ley de Quiebras (federal). Sin embargo, esta medida pudiera no llegar nunca. Suárez, en rueda de prensa posterior, aceptó a preguntas de EL VOCERO que “no hemos sentido urgencia en el Congreso” para atender la medida, radicada por el comisionado residente Pedro Pierluisi, presidente del PNP.

El Secretario de la Gobernación indicó que el Informe está bajo consideración de La Fortaleza desde la semana pasada, aunque se le hizo algunas enmiendas sobre datos. EL VOCERO supo que el ballroom del Centro de Convenciones fue separado para esta actividad desde la semana pasada.

Por otro lado, ante la comunicación oficial de la Casa Blanca de que no considera un rescate de las finanzas de Puerto Rico, el secretario de Hacienda Juan Zaragoza dijo a este rotativo que no tenía expectativas en ese sentido. Además, habría que ver qué condiciones hubiese impuesto. El portavoz de Casa Blanca, Josh Earnets, dijo -no
obstante- que continúan comprometidos en trabajar con la Isla. No dijo de qué
manera.

Zaragoza señaló que “yo, personalmente, no” tenía esas expectativas de rescate. Aunque desconoce si algún otro funcionario las tenía. “Basado en las conversaciones que he tenido con ellos no tenía esa esperanza”, explicó, “aunque sería bienvenida. No me sorprende que dijeran que no nos van a ayudar”, señaló, entre otras razones porque el gobierno federal suele ser conservador.

Suárez informó que la reunión de ayer es solo la primera de varias que sostendrá el gobernador con todos los sectores del país, incluida la oposición política, que ayer asistió parcialmente, y ninguno excepto el acalde de San Sebastián, de los alcaldes.

El secretario llegó a decir, en lo que parece tender una rama de olivo a la oposición, que las medidas que se adopten “deben gozar de amplio consenso”, y “lejos de líneas partidistas”. González y Aponte señalaron a su vez que desde el día uno de este cuatrienio han aportado medidas que la mayoría no escucha ni considera.

La presidenta del BGF, Melba Acosta, apeló a la Ley 66 y otras medidas de reducción gubernamental que ejemplifican la dirección del gobierno. Indicó que las corporaciones le deben al BGF $9,000 millones. Esta deuda fue contabilizada en el Informe Kreuger, como parte de su redefinición de lo que es gobierno y sacar el “déficit
escondido” a flote en otras agencias como ASEM y ASES.

“Insostenible” fue la palabra que la doctora Krueger utilizó para definir la situación financiera del
país, aunque tiene su “potencial”, dada su ubicación geográfica y ventajas como la ciudadanía norteamericana, su relación política con Estados Unidos, en la que no se pagan contribuciones federales. Pero otras desventajas asociadas a esa relación serían el salario mínimo federal, no poder radicar una bancarrota, las leyes de cabotaje y otras. Advirtió que las leyes federales pueden ser armas de doble filo, beneficiosas en algunos casos y perjudiciales como lo sería la política que establece el FDIC.

Krueger alega que el salario mínimo es alto comparado con los niveles de destrezas y la competencia
existentes. Por otro lado, los costos asociados a los beneficios laborales son igualmente altos, como el mes de vacaciones, periodos muy cortos de probatoria, y otros, además del salario mínimo. Estos costos no permiten, por ejemplo, fortalecer la industria del turismo, la manufactura y otros.

En cuanto a los problemas fiscales, cada año desde el 2000 la deuda pública ha crecido hasta alcanzar la totalidad del Producto Nacional Bruto (GNP), y la sobreestimación de los recaudos ha sido otro problema, así como las numerosas exenciones contributivas.

Por otro lado, dijo, es casi imposible seguirle el camino a los asuntos fiscales debido a la falta de credibilidad de los datos gubernamentales. Krueger se negó a analizar separademente la situación fiscal del gobierno central de la crisis de las corporaciones públicas.

El crecimiento económico, sostuvo, no puede ser restablecido sin un ajuste fiscal que evada el déficit, mediante una férrea disciplina en el presupuesto.

Puso énfasis en la industria del Turismo como un renglón que puede impactar con inmediatez la economía, así como las actividades de servicios financieros. Pero eso requiere de ajustes y flexibilizaciones laborales. Por otro lado, entre sus recomendaciones se incluye establecer nuevos requisitos a los “generosos” beneficios sociales que se ofrece a los menos afortunados económicamente.

Mejorar el clima de negocios, reducir los costos de hacer negocios, mejoramiento en el registro de la propiedad y aumentar las contribuciones sobre la propiedad son otras medidas
que esbozó parcialmente.

Además, de las “medidas sustanciales” que hay que tomar para eliminar el déficit, se debe reemplazar la ineficiente política de incentivos, así como reducir el subsidio a la UPR. El presidente de la UPR, Urayoán Walker, se quedó mudo cuando se le preguntó, en varias ocasiones, si la Universidad soportaría más recortes. Kreuger recomendó aumentar la matrícula universitaria.

Entre los beneficios que se debe cortar, segeun Kreuger, son $150 millones anuales al Medicaid,
fondos que se usan para la tarjeta de salud.

En torno a la renegociación de la deuda pública, Kreuger indicó que se le debe garantizar a los acreedores resultados positivos sobre las medidas que toma el gobierno para conjurar su crisis fiscal. Este se basaría en un plan de cinco años de recortes en los gastos de gobierno y aumentos en las contribuciones.