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El futuro financiero de Puerto Rico estaba en el limbo el martes, cuando economistas y funcionarios advirtieron que la isla pudiera ir por el mismo sendero de Grecia si no se le permite declararse en bancarrota en momentos que en batalla con una deuda pública de 72.000 millones de dólares.

La isla se preparaba para cerrar un problemático año fiscal en medio de intenso escrutinio de los inversionistas horas antes de que deba hacer el primero de varios pagos multimillonarios de su deuda. Aún no estaba claro si el gobierno podrá hacer su pago de alrededor de 400 millones de dólares que vence el miércoles, obtener otra extensión de los acreedores o declararse en impago.

El gobernador Alejandro García Padilla ha dicho que la deuda es impagable y que buscará una moratoria de los pagos, aunque no estaba claro si los tenedores de bonos lo aceptarán u optarán por resolver el asunto en las cortes.

“Las sorpresas arrojadas por Puerto Rico en los últimos dos días no han sido muy bien orquestadas”, dijo David Tawil, cofundador y gerente de portafolios de Manglian Capital, con sede en Nueva York. “Tú realmente no debes hacer una de esas cosas sin… la intención de sacudir el mercado… o preparar el mercado y ganar consenso”.

A diferencia de Grecia, Puerto Rico no puede solicitar financiamiento de emergencia de parte de una institución porque es un territorio estadounidense. Algunos economistas dicen que eso le deja la bancarrota como la alternativa financiera más viable, algo que las leyes estadounidenses no permiten por ahora.

“Ambos necesitan desesperadamente una solución, pero ninguno puede acceder a la solución que piden, que es un proceso de bancarrota”, dijo Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA Network.

Dijo que si Puerto Rico fuese considerado un país en desarrollo, sería el octavo país más endeudado del mundo. Si la isla no obtiene el derecho a declararse en bancarrota, tendrá que restructurar su deuda o entrar en impago, dijo.

“Eso va a suceder”, dijo. “Está entre la espada y la pared en términos de cómo proceder”.

Los críticos de permitir la bancarrota dijeron que sería injusto para los tenedores de bonos de Puerto Rico.

La “solución propuesta se da a expensas de ancianos y jubilados que invirtieron en la isla de buena fe. Más aún, no hace nada para mejorar las políticas y prácticas imprudentes e incluso corruptas que han dejado a la isla al borde de la bancarrota”, dijo en un comunicado el grupo defensor de los derechos de los ancianos 60 Plus Association, con sede en Virginia.

El gobernador de Puerto Rico está presionando por el derecho de las agencias de la isla a declararse en bancarrota. Además planea establecer un equipo para elaborar un plan de reforma económica y fiscal para ayudar a reanimar la economía de la isla, que ha vivido en recesión por casi nueve años. El equipo tiene hasta el 30 de agosto para desarrollar el plan, que requiere aprobación legislativa.

Algunos economistas, incluyendo LeCompte, advirtieron que imponer demasiadas medidas de austeridad puede ser negativo.

“La realidad es que si la economía no crece, no importa cuánto te aprietes el cinturón”, dijo.

Al igual que Grecia, Puerto Rico puede extender la vida de sus préstamos y tratar de conseguir que los tenedores de bonos recorten la deuda por al menos la mitad, dijo LeCompte. Actualmente, 70% de los ingresos económicos de Puerto Rico son dedicados al pago de la deuda.

La Casa Blanca dijo que no se está contemplando un rescate federal para Puerto Rico, aunque ha llamado al Congreso a ponderar un cambio de la ley para permitir a la isla declararse en bancarrota.

Puerto Rico pudiera obtener ese derecho si las autoridades se dan cuenta de que no hay otra opción, dijo John Mousseau, de Cumberland Advisors.

“No pueden decir: ‘No vamos a seguir en el euro’. Puerto Rico no tiene eso en su arsenal”, dijo Mousseau. “Algunas personas dicen que el gobierno federal no puede hacer nada por Puerto Rico. No es cierto. Claramente se trata a cierto nivel de un problema legislativo acerca del cuál no están haciendo nada”.