WASHINGTON.- Ante la negativa del Congreso a ofrecerle a las empresas públicas de Puerto Rico el mecanismo de quiebra federal,  expertos y analistas financieros prevén un complicado proceso de reestructuración de la deuda pública puertorriqueña, que ahora ven posible que incluya las obligaciones generales.

“¿Quién va a ser el sherif? ¿A quién se le da prioridad? ¿Cómo se distribuyen los pagos?”, cuestionó Whitney Debevoise, exdirector ejecutivo del Banco Mundial, al hablar de la falta de orden que puede tener el proceso, en torno a una deuda que, distinto a otros países, se distribuye entre las obligaciones del gobierno central, corporaciones públicas y sistemas de retiro.

Lo que es claro, dijo Debevoise, es que “a todo el mundo se le va a hacer un recorte”.

Pese al anuncio del gobernador Alejandro García Padilla de que el gobierno de Puerto Rico no puede pagar su deuda como está reestructurada, en Washington y en Wall Street se parte de la premisa de que el capítulo 9 de la ley federal de quiebras no estará disponible para lidiar con corporaciones como las autoridades de Energía Eléctrica y Carreteras,  principales candidatas a quedar insolventes.

“El gran problema con el capítulo 9 es si a través de ese mecanismo se logra la reestructuración necesaria (en las empresas públicas)”, dijo ayer Bert Ely experto en la industria bancaria y académico del conservador Instituto Cato, en declaraciones a El Nuevo Día tras el foro “La historia de dos crisis de deuda: ¿Es Puerto Rico el Grecia de Estados Unidos”, organizado por el también conservador American Enterprise Institute (AEI).

Ely considera que Puerto Rico va a necesitar reformas gubernamentales internas, privatizar empresas públicas como la AEE y lograr que el Congreso le vuelva a excluir del salario mínimo federal, entre otras cosas, si quiere enderezar la economía.

Dave Hitchcock, el analista de Standard & Poors dedicado a Puerto Rico, sostuvo que a más tardar en el otoño – que oficialmente empieza el 23 de septiembre -, se hará evidente el “severo problema de liquidez” del gobierno central. Bajo la clasificación actual de CCC- que tienen los bonos de la Isla, Standard & Poors considera que un proceso de reestructuración “es inevitable”.

Hitchcock afirmó que las medidas que pone en marcha el gobierno de Puerto Rico, como reducir el presupuesto – lo que es una recomendación del Tesoro federal-, y elevar los impuesto, tiene un efecto en una economía que ha estado estancada  prácticamente durante la última década.

John Mousseau, vicepresidente ejecutivo y gerente del portafolio de bonos municipales de Cumberland Advisors, afirmó, por su parte, que, pese a su renuencia actual, el gobierno federal tendrá que intervenir. “Personalmente no veo como el gobierno federal va a dejar que un territorio estadounidense sucumba”, dijo.

Mousseau reconoció además que la pregunta que se hacen los que como él manejan portafolios de bonos municipales, que son parte de las obligaciones generales cuyos pagos garantiza la Constitución de Puerto Rico, es si la deuda del gobierno central también va a ser reestructurada y si se autoriza por medio de una enmienda constitucional.

“Cuando lograron el acuerdo de $3,500 millones en marzo de 2014 se escuchaba decir  ‘los bonos de las obligaciones generales son sacrosantos, continuaremos haciendo los pagos y manteniéndoles informados sobre reformas y progresos’. No se ha visto nada de eso. La falta de comunicación se refleja en la caída de los precios de los bonos”, sostuvo Mousseau.

Aunque el gobierno federal parece haber minimizado el efecto en el mercado de valores de que el gobierno de Puerto Rico caiga en la bancarrota, Desmond Lachman, académico de la AEI y quien fue subdirector de un departamento del Fondo Monetario Internacional (FMI), para Estados Unidos la preocupación debe ser que tanto la Isla como Grecia se declaren en quiebra al mismo momento.

Mientras firmas de inversiones bloquean el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Lachman sostuvo que no se puede analizar los efectos de la reestructuración como piezas independientes. Por ejemplo, destacó que las decisiones que se tomen sobre la AEE, como el precio de la tarifa de electricidad, impactarán otras partes de la economía.

Al comparar el caso de Puerto Rico directamente con Grecia, Ely indicó que mientras el país heleno puede dejar la Unión Europea si así lo quisiera es más difícil pensar en que la Isla pueda considerar desvincularse de sus relaciones políticas, jurídicas y económicas con Estados Unidos, donde vive la mayor parte de las personas de origen puertorriqueño.

Ely y Mousseau indicaron que la propuesta de estadidad no está realmente sobre la mesa. El consultor Ely afirmó que no solo no percibe una decisión clara en la Isla sobre su futuro estatus político, sino que está convencido de que Puerto Rico tendrá que salir de la crisis fiscal para los estadistas poder plantear su propuesta.