Al cierre de la jornada bursátil ayer, las acciones de los bancos continuaron en declive, aunque en un porcentaje inferior al día anterior cuando se produjo el anuncio del gobernador sobre la reestructuración. El lunes, la caída en el valor de las acciones bancarias fluctuó entre un 10% a un 13%. Suministrada

La preocupación generalizada sobre la posibilidad de impago, además de provocar la desvalorización en las inversiones locales con una pérdida inicial, que podría superar los $2,000 millones en rendimientos dejados de devengar, ya levanta la advertencia de fondos inversores que no estarán dispuestos a renegociar la
deuda.

Esto representa el inicio de un recorrido más escabroso en la estrategia del gobierno para manejar la deuda pública de $73,000 millones, ante la incapacidad aceptada por el gobernador Alejandro García Padilla de que no podrán cumplir con los bonistas en los términos originales de los acuerdos.

Ayer, mientras seguían las negociaciones con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el anuncio del gestor de fondos Oppenheimer Funds, con amplia tenencia de la deuda de Puerto Rico, pareció anticipar lo que serán las primeras reclamaciones judiciales en contra de la reestructuración.

Oppenheimer Funds, en comunicación escrita colocada en su portal en Internet, advirtió que defendería los términos de los contratos de los bonos que posee y argumentó que el gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) sí tiene la capacidad de pago.

Según la agencia Reuters, Oppenheimer Funds tiene alrededor de $4,500 millones en bonos de Puerto Rico, de acuerdo con datos de Morningstar.

Sobre el reciente informe del gobierno que recomienda renegociar la deuda, el cual fue preparado por la economista exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, Oppenhiemer Funds planteó que el documento “no tiene autoridad legal y no puede obligar a cualquier acción, buena o mala, de los
tenedores de bonos. Además, dado que Puerto Rico no es un Estado soberano, no puede pedir ayuda al FMI”.

César Miranda, secretario de Justicia, aceptó que los reclamos de los acreedores es una posibilidad pero reiteró que “ahora mismo Puerto Rico no está en una situación de impago y no se ha dejado de pagar ninguna emisión”.

Indicó que manejarán el asunto en la parte legal según sea necesario y confirmó que, en
efecto, “nos estamos preparando en el Departamento de Justicia”.
BGF paga $790 millones

Con lo poco que le queda al gobierno en la caja de los recaudos y la escasa liquidez del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ayer el gobierno se agenció $790 millones en pagos a sus acreedores, que le permiten cumplir con la deuda inmediata, en lo que trabajan la anunciada política de negociar con los bonistas.

Melba Acosta Febo, principal oficial financiera del gobierno y presidenta del BGF, confirmó que ayer se emitieron $640 millones correspondiente al pago por los bonos de las obligaciones generales (GO´s), que están garantizados por la Constitución del ELA. También se honraron alrededor de $150 millones, que fue el saldo de la deuda por los pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (TRAN´s, por sus siglas en inglés) de 2014.

A mediados de julio se deben pagar $95 millones y para agosto están pendientes unos $154
millones relacionados a deuda municipal.

Tanto Acosta Febo como Miranda concurrieron en que el trabajo de diálogo será el más difícil, pero es la alternativa ante la falta de mecanismos legales –como la quiebra- para poder negociar de manera ordenada. Precisamente, ayer, el Departamento de Justicia presentó una moción informativa al Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones en Boston, donde está el caso de la llamada quiebra criolla que fue declarada inconstitucional por el tribunal del distrito federal en la Isla en febrero pasado.

Miranda explicó que eso se hizo para comunicar los recientes eventos locales y las decisiones del gobernador. Indicó que ya sea el proyecto del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, o la quiebra criolla, “cualquiera sería un instrumento valioso que nos hace falta” para viabilizar la reestructuración.

“A partir de septiembre se le estará haciendo un acercamiento a los emisores con un tipo de reestructuración. La idea de Puerto Rico no es no pagar, es pagar a nuevos términos, alargar vencimientos e intentar renegociar los intereses aplicables¨, abundó el Secretario. ¨ La intención es que el acreedor pueda cobrar la totalidad de la deuda¨.

Sin embargo, Oppenheimer Funds insistió que defenderá el cumplimiento de cada contrato de sus clientes estadounidenses, con significativa exposición a la deuda de Puerto Rico. Hasta ahora, los bonos del ELA eran considerados entre los más atractivos para los compradores, al estar triplemente exentos, y la
Isla aún se mantiene como el tercer emisor más grande en el mercado municipal de Nueva York.

“En septiembre vamos a sentarnos a hablar con los acreedores. Sabemos que hay muchas preguntas pero estamos trabajando con todo. El grupo que se nombró por el gobernador tiene unas bases y vamos a trabajar en el plan de cinco años. Y luego se va a nombrar una junta fiscal”, explicó Acosta Febo.

Como el gobierno no tiene el dinero suficiente, los siguientes pagos que se hagan dependerán de lo que se pueda acordar con los bonistas, pero parte de ese proceso comenzará una vez se produzca legislación que deberá pasar por el proceso legislativo y a su vez contar con el visto bueno de los acreedores.

Es así porque será parte de la garantía a los bonistas de que el dinero que no se les pague según el contrato original no se utilice para el gasto ordinario del gobierno y sí para gestiones que ayuden a empujar el crecimiento económico.

No obstante, esto tomará tiempo, lo cual podría tener otras implicaciones, incluso para el resultado esperado de las gestiones del gobierno. Hay que considerar el tiempo y dinero que tengan que destinar para atender reclamaciones como la anticipada por Oppenheimer Funds, que ya había llevado al gobierno a los tribunales cuando
se aprobó la quiebra criolla y la ley de recuperación.

Miranda dijo que “los acreedores también van a ser parte de nosotros al decidir en qué se van a gastar esos dineros que se ahorren… y está la consideración de depositar esos dineros en los Sistemas de Retiro de Puerto Rico y esperamos eliminar un ´default´ en otro lado”.

Al cierre de la jornada bursátil ayer, las acciones de los bancos continuaron en declive, aunque en un porcentaje inferior al día anterior cuando se produjo el anuncio del gobernador sobre la reestructuración. El lunes, la caída en el valor de las acciones bancarias fluctuó entre un 10% a un 13%.

Según había dicho el economista Gustavo Vélez, el impacto inmediato en la desvalorización de acciones para sus tenedores en la Isla, podrían representar hasta $2,000 millones que dejarían de recibir en rendimientos.

No obstante, Vélez aclaró que “en la medida se comience a trabajar con la situación –económica- las acciones se deben comenzar a estabilizar. Solo sería una pérdida contable si las acciones se vendieran hoy y no creo eso vaya a
pasar”.

Uno de los sectores más preocupados son las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen $1,000 millones invertidos en bonos del gobierno y el año pasado ya habían perdido en su valor unos $400 millones, no contable en libros. Con los eventos de esta semana, esa pérdida es mayor.
La periodista Ileanexis Vera Rosado contribuyó con esta historia

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.