Mientras el equipo fiscal de Puerto Rico comienza a prepararse de cara a una posible negociación con los bonistas, el gobierno ha tocado a la puerta de JP Morgan para que el banco de inversiones compre las Notas de Anticipación de Impuestos, (Trans, en inglés) del año fiscal que recién comienza, supo  El Nuevo Día.

En paralelo, el Departamento de Hacienda recurrirá nuevamente al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) para que le preste otros $300 millones en Trans. Esto, aun cuando el agente fiscal quedaría insolvente antes de 90 días.

Según fuentes de este diario, y ante un sobregiro en los libros de Hacienda que ronda unos $271 millones, el BGF intenta allegarle dinero a Hacienda a toda prisa. Esto, en vista de la gran cantidad de desembolsos que tienen que hacerse en el primer trimestre del año fiscal.

Si el dinero no llega a la brevedad, el gobierno activará ciertas medidas de emergencia. Entre estas, sacar dinero de los planes de pensiones y retrasar aún más el pago a suplidores  y el envío de reintegros.

Los esfuerzos para allegar dinero al fisco aparecen en un nuevo reporte del BGF que se publicó con el cierre del año fiscal 2015.

Según el informe, preliminarmente, el Fondo General terminaría el año fiscal con un déficit de hasta $740 millones. La cifra es casi cuatro veces más alta que los estimados que ofreció el propio gobierno al mercado inversor en abril pasado.

“El gobierno explora la posibilidad de financiar un Trans con instituciones privadas por debajo de la transacción de $900 millones que se efectuó en el año fiscal 2015, pero es muy temprano para aseverar si esta se materializará y el monto total en principal de ese financiamiento”, reza el reporte.

Aprobado el presupuesto

El gobernador Alejandro García Padilla firmó ayer el presupuesto que se utilizará en el año fiscal 2016.

De igual forma, el primer ejecutivo convirtió en ley el proyecto que enviará al Fondo General los recaudos provenientes del alza en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Según estimados de Hacienda, el alza de 4.5% en el IVU allegaría mensualmente unos $90 millones en nuevos ingresos al fisco.

No obstante, hasta anoche no quedaba claro si el mandatario también convirtió en ley la medida que autorizaría a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a comprar hasta $400 millones en Trans. Esta es otra de las medidas que sería crítica para que el Gobierno continúe operando.

“Si no se implementan medidas significativas para aumentar el flujo de efectivo del Gobierno y en ausencia de un nuevo financiamiento, del BGF o de un tercero durante el primer trimestre del año fiscal 2016, puede que el gobierno no pueda continuar financiando todos los programas y servicios públicos mientras continúa pagando el servicio ala deuda a tiempo”, advierte el reporte del BGF.

Alternativas

La búsqueda de efectivo para Hacienda es una de varias vías paralelas en las que se mueve la administración de García Padilla desde que el mandatario aseveró que la deuda pública de Puerto Rico “es impagable”.

Mientras García Padilla sigue reuniéndose con líderes de diversos sectores a fin de aunar esfuerzos ante la crisis, el equipo fiscal y la batería de asesores -entre ellos el prominente exjuez de quiebras  Steven Rhodes- que ha contratado el gobierno comienzan a delinear las estrategias del grupo de trabajo que intentará renegociar la deuda pública.

Insolvente el BGF

En tanto, el  banco busca alternativas a su propia crisis.

En agosto próximo, el agente fiscal tiene el primer vencimiento de unos $876 millones en bonos que debe pagar este año fiscal.

Por ley, el BGF debe mantener un cojín de dinero equivalente al 20% de los depósitos que custodia.

Sin embargo, según el informe al mercado inversor, las nuevas proyecciones apuntan a que si el BGF no logra acceso al mercado de capital, este incumplirá con el requisito legal de reservas. Ello, aun cuando el gobierno central pague las líneas de crédito que mantiene con el agente fiscal.

En mayo pasado, El Nuevo Día reportó que el banco pondera hacer un intercambio de bonos, ante la posibilidad de que no pueda pagar según convenido.

Otro cantazo de Moody’s

A solo horas de que el BGF publicara la radiografía fiscal más reciente, la casa acreditadora Moody’s degradó por séptima vez en cinco años los bonos de obligaciones generales (GOs) de Puerto Rico.

En esta ocasión, Moody’s adjudicó el escalafón Caa3 al GO, pero también a la mayor parte de los emisores de Puerto Rico. La decisión es similar a aquella de las competidoras Fitch Ratings y Standard & Poor’s.

La rebaja crediticia, indicó la firma, se produce tras quedar en evidencia las intenciones del Gobierno de renegociar toda su deuda pública.